Ocho meses después de asumir la presidencia, Rodrigo Paz enfrenta su primer gran pulso fiscal con las gobernaciones. El martes 14 de julio convocó a los gobernadores a una reunión en Sucre para el próximo 5 de agosto con el fin de debatir la redistribución de recursos entre el gobierno central y los departamentos —la misma política de descentralización que dominó su campaña electoral bajo el nombre “50/50”—.  Sin embargo, al día siguiente, el vocero presidencial José Luis Gálvez reconoció que el Ejecutivo no avanzó como estaba previsto en las reformas normativas y atribuyó las demoras a las siete semanas de bloqueos que paralizaron el país entre mayo y junio. La presión de los gobernadores, en todo caso, ya era anterior a la convocatoria. Por citar un caso, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, sintetizó el malestar regional con una frase: “ya vamos 250 o 300 días de gobierno y todavía no se ha ejecutado nada”.

La respuesta de los gobernadores a la cita no esperó. El jueves 17 de julio, seis departamentos más una representante de Pando se reunieron en el edificio “Crucero de Los Andes” de El Alto y firmaron un documento de cinco puntos de acuerdo. El primero exige que la coparticipación comience con el Impuesto a las Transacciones (IT) y quede incluida en el Presupuesto General del Estado de 2027. En esta propuesta, la gradualidad es la clave: un impuesto por año, empezando por el IT en 2027, hasta completar la redistribución en 2031, al cierre del mandato de Rodrigo Paz. Los restantes cuatro puntos exigen derogar normas que asignan competencias a los departamentos sin el financiamiento necesario, transferir a las gobernaciones la administración de instituciones nacionales como el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y el Servicio Geológico Minero (Sergeomin), y constituir un Consejo de Gobiernos Autónomos Departamentales de coordinación horizontal con presidencia rotativa, como contrapeso permanente al gobierno central.

El economista Gonzalo Chávez advirtió que el 50/50 es una consigna a la que hay que darle contenido para que camine hacia un federalismo fiscal y que implica rediseñar competencias, no solo repartir fondos. El propio Paz lo reconoció a su manera en enero: la redistribución plena es “un sueño” que, en el mejor de los casos, llegaría al cierre de su mandato. Mientras tanto, las ausencias de Potosí y Cochabamba en la reunión de gobernadores en El Alto complican el frente regional, pues sin ellas el acuerdo carece del respaldo unánime que le daría mayor peso negociador. El 5 de agosto en Sucre será la primera prueba real. El próximo mes se medirá si el 50/50 pasa de eslogan de campaña a política con fechas concretas.