El mapa político del continente atraviesa una profunda reconfiguración. Con ajustados resultados en segunda vuelta en las elecciones de Colombia y Perú, ambas sociedades —fracturadas en mitades casi simétricas— reflejan el ascenso y la consolidación de nuevas expresiones de proyectos políticos de derecha, que van desde el ultraderechismo estridente hasta el retorno del fujimorismo histórico.
Este nuevo escenario abre un ciclo de alta tensión institucional, en el que los liderazgos entrantes deberán navegar un complejo tablero de gobernabilidad interna frente a oposiciones robustas y activas. Lejos de contar con cheques en blanco, los nuevos mandatarios asumen el control del Estado en un contexto de profunda fragmentación política y parlamentaria, lo que los obliga a construir alianzas pragmáticas, flexibles y, en muchos casos, volátiles para garantizar la gobernabilidad básica, mientras intentan, al mismo tiempo, consolidar sus plataformas respaldadas en las urnas.
Más allá de las fronteras nacionales, el giro político en el eje andino —con todos los países de la zona orientados a la derecha, un hecho inédito en los últimos veinte años— plantea un dilema sofisticado en materia de política exterior, tensionado entre los alineamientos ideológicos y las realidades estructurales de la economía global. Mientras los nuevos gobiernos buscan recomponer o estrechar sus vínculos estratégicos y militares con Washington, se ven simultáneamente obligados a sostener un pragmatismo ineludible con Beijing, ya consolidado como socio comercial e inversionista indispensable en sectores clave como la minería, la infraestructura y las telecomunicaciones. Este delicado equilibrio redefinirá la inserción de la región en la disputa global entre Estados Unidos y China.
Ante esto, en Traza Continental elaboramos un análisis detallado de los escenarios políticos poselectorales de Colombia y Perú, abordando la configuración de sus nuevos gobiernos, la fragmentación legislativa que condiciona su gobernabilidad y las marcadas divisiones sociales y territoriales que reflejan las urnas. Asimismo, examinamos los giros y redefiniciones en sus agendas de política exterior, seguridad y economía, con especial énfasis en el complejo equilibrio geopolítico que ambas naciones deben mantener en esta nueva etapa.
I. COLOMBIA: LA “ERA DEL TIGRE” EN LA CASA DE NARIÑO
Los resultados de la segunda vuelta electoral en Colombia, celebrada el 21 de junio, configuraron uno de los escenarios más reñidos de la historia reciente del país. En un contexto de alta movilización ciudadana —especialmente significativo en una nación caracterizada históricamente por una baja participación electoral—, la contienda registró la mayor concurrencia a las urnas en décadas, con una participación oficial del 63,60%.
Luego del primer turno, casi de manera automática, el caudal de votos obtenidos por la candidata del uribismo Paloma Valencia, del Centro Democrático, se transfirió a De la Espriella. Sin embargo, el dato más sobresaliente fue la considerable movilización ciudadana que, articulada desde distintos puntos del país, hizo un llamado a votar contra el candidato de derecha y a favor de la continuidad del Pacto Histórico. La abrumadora mayoría de los dos millones y medio de nuevos votos que se sumaron en el segundo turno fueron para Iván Cepeda. Sin embargo, ese enorme caudal no fue suficiente para revertir el resultado final.
La abrumadora mayoría de los dos millones y medio de nuevos votos que se sumaron en el segundo turno fueron para Iván Cepeda. Sin embargo, ese enorme caudal no fue suficiente para revertir el resultado final.
Por una diferencia inferior al 1%, equivalente a tan sólo 251 mil 854 votos, y tras un tenso escrutinio marcado por todo tipo de acusaciones cruzadas —incluyendo las denuncias públicas de la izquierda sobre una presunta injerencia del presidente estadounidense Donald Trump en favor de la campaña de la oposición—, Abelardo de la Espriella logró imponerse. El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la victoria de De la Espriella con el 49,66% de los votos (equivalente a 12 millones 960 mil 166 sufragios), frente al 48,70% (12 millones 708 mil 312 sufragios) obtenido por Cepeda.
Durante la noche de la jornada electoral, en un primer momento, Cepeda anunció la intención de impugnar cerca de 33 mil mesas de votación, solicitando su revisión durante el escrutinio definitivo y señalando posibles irregularidades. Sin embargo, posteriormente reconoció la victoria de su rival, calificando este paso como un “acto de responsabilidad democrática”, lo que generó fuertes tensiones dentro del Pacto Histórico, donde algunos sectores exigían mantener una postura de desconocimiento total del escrutinio.
Inmediatamente, Cepeda hizo un llamado a una “desobediencia civil pacífica” en caso de que el abogado Abelardo de la Espriella asumiera la Presidencia de Colombia sin atender una serie de condiciones que, según afirmó, son necesarias para garantizar la legalidad, la legitimidad del Gobierno y la defensa de la soberanía nacional. Durante una declaración pública, Cepeda planteó algunas exigencias principales. En primer lugar, solicitó que De la Espriella renuncie públicamente a su ciudadanía estadounidense y aclare de manera explícita si mantiene o ha mantenido algún tipo de vínculo o colaboración con agencias de seguridad de Estados Unidos. Como segundo punto, pidió que el presidente electo se comprometa a respetar plenamente la seguridad nacional y la soberanía judicial de Colombia, al considerar que las instituciones del país no deben estar condicionadas por intereses o lealtades externas. En tercer lugar, instó a que cese cualquier tipo de persecución contra el presidente Gustavo Petro y que se descarte cualquier propuesta de extradición en su contra, con el objetivo de preservar la estabilidad política y el respeto por el orden constitucional.
Cepeda aseguró que, de no cumplirse estas condiciones, no reconocerá la autoridad del Gobierno y promoverá acciones de “desobediencia civil pacífica”, afirmando que esta decisión responde a la defensa de la soberanía nacional y de la dignidad del país. “Si estas condiciones de legalidad no se cumplen (…) no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”, manifestó.
Frente al desafío del Pacto Histórico, De la Espriella optó por mantener la confrontación directa y profundizar la polarización, acusando a la coalición de izquierda de constituir una “amenaza de caos”. A través de un video divulgado en sus redes sociales, el entonces presidente electo desestimó las advertencias de su rival y afirmó con vehemencia que “algunos loquitos hablan de desobediencia civil, que no es otra cosa que primeras líneas, bloqueos y terrorismo urbano”, evocando las escenas de mayor confrontación del Paro Nacional de 2021: los bloqueos de vías, los enfrentamientos con la fuerza pública y la actuación de grupos de manifestantes conocidos como la Primera Línea, surgidos durante esas protestas.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la victoria de De la Espriella con el 49,66% de los votos (equivalente a 12 millones 960 mil 166 sufragios), frente al 48,70% (12 millones 708 mil 312 sufragios) obtenido por Cepeda.
Al mismo tiempo que acusaba a Cepeda de buscar desestabilizar la nación mediante la amenaza de la movilización, De la Espriella escaló el conflicto institucional al acusar directamente al presidente saliente, Gustavo Petro, de estar perpetrando un “golpe de Estado”. Como respuesta inmediata, anunció la suspensión unilateral del proceso de empalme y transición gubernamental. “Desde el momento en el que casi 13 millones de colombianos me acompañaron a derrotarlo a él y a su testaferro político, Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado”, aseguró el mandatario electo, cerrando cualquier posibilidad de diálogo y prometiendo la judicialización de los líderes del Pacto Histórico una vez asumido el poder.
El clima de confrontación, con el telón de fondo de la profunda polarización social que atraviesa el país, no hizo más que intensificarse durante los días siguientes. El desenlace electoral y el inicio del nuevo gobierno marcan el cierre de un ciclo político que, entre 2018 y 2022, transitó desde la protesta social hasta la articulación de un movimiento político que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño y dio lugar al primer gobierno de izquierda en la Colombia contemporánea, así como el inicio de una nueva etapa marcada por el vertiginoso ascenso de una derecha radical que fue cobrando impulso como reacción a ese proceso, en sintonía con otras expresiones de la derecha latinoamericana. Sin embargo, a pesar de los vientos internacionales a favor, la capacidad de De la Espriella para estabilizar y consolidar su proyecto político aún está por verse.
EL AJEDREZ DE LA GOBERNABILIDAD
Siguiendo la tradición institucional del país, en la que la elección del Congreso precede a la elección presidencial, el pasado 8 de marzo se realizaron los comicios legislativos que definieron el nuevo Parlamento.
El Senado, compuesto por 103 curules, quedó altamente fragmentado entre nueve fuerzas políticas: la primera minoría quedó en manos del Pacto Histórico, que obtuvo 25 senadores, a los que se sumó Iván Cepeda en virtud del Estatuto de la Oposición, que otorga una curul en el Senado al candidato presidencial que obtiene el segundo lugar, alcanzando un total de 26 escaños. Como segunda fuerza se ubicó el partido del nuevo Gobierno, el Centro Democrático, que alcanzó 17 senadores. Le siguen el Partido Liberal con 13 curules, el Partido Conservador y la coalición de centro Alianza por Colombia con 10 escaños cada uno, y el Partido de la U con nueve senadores. La alianza conformada por Cambio Radical y la coalición ALMA alcanzó siete curules, mientras que la coalición de centro ¡Ahora Colombia! obtuvo cinco. El mapa del Senado lo completan Salvación Nacional con cuatro curules, y los movimientos indígenas MAIS y AICO con un senador cada uno.
En la Cámara de Representantes, integrada por 183 miembros provenientes de circunscripciones territoriales y especiales, las curules de paz y el escaño correspondiente a la fórmula vicepresidencial que obtuvo el segundo lugar, la correlación de fuerzas mostró un giro hacia la derecha, con un fuerte desempeño del ahora partido de gobierno: Centro Democrático se consolidó como primera fuerza con 35 representantes. En segundo lugar quedó el Partido Liberal con 32 escaños, seguido por el Partido Conservador con 28. El Pacto Histórico obtuvo 27 representantes, ubicándose en el cuarto lugar. Más atrás se encuentran el Partido de la U con 15 curules y Cambio Radical con 12, mientras que los escaños restantes se distribuyen entre partidos y movimientos de menor representación, además de las curules de paz (CITREP) y las circunscripciones especiales de comunidades indígenas y afrodescendientes.
La fragmentación del Congreso obliga así al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella a construir una estrategia de acuerdos flexibles para garantizar la gobernabilidad y la aprobación de reformas.
La fragmentación del Congreso obliga así al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella a construir una estrategia de acuerdos flexibles para garantizar la gobernabilidad y la aprobación de reformas.
RADIOGRAFÍAS TERRITORIALES
El mapa electoral da cuenta de un país profundamente segmentado por factores económicos, sociales y percepciones distintas de seguridad. Cepeda consolidó su fuerza en las periferias —Caribe, Pacífico y Amazonía, zonas históricamente rezagadas en infraestructura y con altas demandas de inclusión social— y en la capital Bogotá, donde capturó el voto de una clase media urbana que tradicionalmente vota hacia la izquierda. Por el contrario, De la Espriella mantuvo su dominio en el interior andino y oriental, con especial fuerza en Antioquia y buena parte del centro del país, un corredor caracterizado por un sólido tejido empresarial y una arraigada cultura tradicional.
En la Región Andina —que incluye Antioquia, Cundinamarca, el Eje Cafetero, los Santanderes, Tolima y Huila— se concentró el principal impulso de De la Espriella. En Antioquia, la candidatura de la derecha superó el 68% de los votos, con un respaldo especialmente fuerte de sectores empresariales, clases medias urbanas y comunidades agrícolas tradicionales, quienes priorizan el libre mercado, la seguridad institucional y la protección del statu quo frente a la incertidumbre económica. De igual manera, en los Santanderes, De la Espriella logró superar el 70% de los votos, consolidando el peso electoral de las provincias andinas, cuyas dinámicas comerciales transfronterizas e industriales históricamente se alinean con discursos de mano dura y estabilidad macroeconómica.
En contraste, la Región Pacífico —integrada por Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca— se consolidó como el principal bastión de la izquierda. En Cauca y Nariño, el Pacto Histórico superó el 70% de los votos, apoyado sobre todo por comunidades indígenas y afrodescendientes que respaldaron el enfoque social y de seguridad comunitaria del gobierno saliente, en un claro rechazo a las recetas militaristas del pasado. Este comportamiento electoral refleja una densa red de movimientos sociales que priorizan la defensa del territorio, la justicia transicional y el cumplimiento de los acuerdos de paz sobre las promesas de desarrollo industrial clásico.
Por su parte, el Valle del Cauca mostró una dinámica dividida: Cali se inclinó hacia la izquierda, mientras los municipios del norte del departamento favorecieron a la derecha, reflejando la fractura entre los centros urbanos populares —afectados por el desempleo juvenil y la informalidad— y las zonas de fuerte desarrollo agroindustrial azucarero, donde los gremios económicos ejercen una notable influencia sobre el voto local.
De igual manera, la Región Caribe presentó un escenario mucho más competitivo y con un retroceso del oficialismo frente a 2022. La derecha logró imponerse en ciudades como Barranquilla y Cartagena, impulsada por el pragmatismo de las élites comerciales urbanas, el control de las maquinarias políticas tradicionales y el descontento por la crisis de tarifas de los servicios públicos. En contraste, la izquierda mantuvo apoyo en zonas rurales de Magdalena y La Guajira, donde persisten agudos problemas de pobreza estructural, escasez de recursos básicos y abandono estatal, evidenciando que el voto caribeño se mueve entre el éxito del desarrollo urbano de sus capitales y el rezago histórico de sus provincias.
El mapa electoral da cuenta de un país profundamente segmentado por factores económicos, sociales y percepciones distintas de seguridad.
DE LA PAZ TOTAL A LA GUERRA GENERAL Y LA ORTODOXIA ECONÓMICA
La llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño plantea una transformación profunda tanto del orden institucional interno como de la orientación internacional de Colombia.
Entre los principales cambios en materia de política doméstica, De la Espriella ha manifestado su voluntad de legalizar el porte de armas para civiles y de poner fin a los procesos de paz en curso con grupos armados, lo que implica un giro significativo en la política de seguridad del Estado. En relación con estos grupos, ha sostenido que, sin posibilidad de negociación, “se someten o los damos de baja”.
En lo que respecta a los cultivos ilegales —con frecuencia desarrollados por comunidades campesinas empobrecidas o sometidas al control de grupos criminales—, propone abandonar los incentivos para la transición hacia otros cultivos y reactivar las políticas de fumigación aérea y erradicación manual. Para la implementación de estas políticas, ha designado al general en retiro Jorge Eduardo Mora López, identificado con el ala dura del Ejército y férreo crítico del gobierno de Petro.
Una eventual transición hacia una estrategia de guerra interna y el consecuente marchitamiento de los planes de paz podrían traer consigo una escalada de la violencia que atraviesa el país, que afectaría especialmente a las comunidades del interior, así como un severo impacto fiscal. El retorno a la confrontación a gran escala y la intensificación de las operaciones contrainsurgentes exigirán un incremento sustancial del gasto militar y de defensa.
Asimismo, en materia económica, De la Espriella ha designado a Miguel Gómez Martínez como su ministro de Hacienda y Crédito Público, cartera que en Colombia asume las funciones de economía y finanzas. Se trata de un reconocido funcionario que fue decano de Economía de la Universidad del Rosario y se desempeñó como vicecontralor general y embajador del país en Francia. Hijo del senador Enrique Gómez Hurtado, nieto del expresidente Laureano Gómez —máximo líder del Partido Conservador y presidente de la República entre 1950 y 1951— y sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, fundador del Movimiento de Salvación Nacional (MSN), Miguel Gómez Martínez proviene de una de las familias más prominentes del conservadurismo y la derecha colombiana.
Entre los principales objetivos del gobierno de De la Espriella se encuentra un ambicioso programa de reestructuración destinado a reducir hasta en un 25% el tamaño del aparato estatal. Por otra parte, se propone impulsar una reforma tributaria orientada a “quitar carga a las empresas” y aumentar la recaudación mediante un mayor peso tributario sobre las personas naturales.
El retorno a la confrontación a gran escala y la intensificación de las operaciones contrainsurgentes exigirán un incremento sustancial del gasto militar y de defensa.
UN ALINEAMIENTO INCONDICIONAL
Durante la campaña, el presidente electo planteó la salida del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e incluso de las Naciones Unidas, acusando a ambas estructuras de ser “de izquierda”. Sin embargo, un eventual intento por desmontar el sistema multilateral detonaría un choque jurídico interno, ya que el intento de abandono de estos organismos supondría una batalla legal en la Corte Constitucional y una esperable resistencia en el Congreso.
En materia de política exterior, De la Espriella —en sintonía con gobiernos como el del argentino Javier Milei— plantea un alineamiento incondicional con Estados Unidos e Israel, principalmente en materia de colaboración militar. A lo largo de la campaña, De la Espriella habló del restablecimiento de relaciones con Tel Aviv y del traslado de la embajada colombiana a Jerusalén, llegando a asegurar que Colombia tendría una relación con Israel “como nunca antes”.
Colombia sostuvo durante décadas una de las relaciones más estrechas, profundas y duraderas de América Latina con Israel —principalmente en materia militar y de seguridad—, siendo este un importante proveedor tecnológico y de inteligencia para las Fuerzas Militares colombianas, clave en el desarrollo del conflicto armado interno. Todo esto en marcado contraste con el gobierno de Gustavo Petro, que se destacó por su crítica a Israel y su activismo por la causa palestina.
Además, De la Espriella plantea una redefinición de la relación con Washington. Durante su campaña ha prometido profundizar la presencia de Estados Unidos en el país bajo el marco de la denominada “cooperación antidrogas”, así como impulsar una adecuación y modernización del antiguo Plan Colombia, con especial atención a la ciberseguridad y al control del espacio aéreo. El anuncio reciente de instalar una sede del Escudo de las Américas en Medellín da cuenta de esta voluntad.
Para llevar a cabo este cambio en la política exterior, ha designado como ministro de Relaciones Exteriores a Omar Bula Escobar, un ferviente partidario del trumpismo, quien combina una extensa trayectoria técnica internacional —tras haber trabajado durante más de veinte años en las Naciones Unidas— con un marcado activismo político conservador.
Para llevar a cabo este cambio en la política exterior, ha designado como ministro de Relaciones Exteriores a Omar Bula Escobar, un ferviente partidario del trumpismo…
REORDENAMIENTO REGIONAL
Bajo la denominada “Era del Tigre”, la administración de De la Espriella busca romper con lo que sus partidarios califican como el “parroquialismo” de la diplomacia precedente. Para materializar este giro, el canciller Omar Bula Escobar ha anunciado una profunda reconfiguración de los vínculos con los gobiernos de la región, orientada por criterios de seguridad hemisférica y realineamiento ideológico.
En materia de relaciones con los países vecinos, la nueva agenda prioriza la reconstrucción de los lazos diplomáticos con Ecuador, severamente desgastados durante el periodo de Gustavo Petro. El enfoque bilateral con el país fronterizo estará centrado en una estricta agenda de cooperación militar, control de fronteras y combate conjunto al crimen organizado.
En el caso de México, la nueva administración prevé lo que podría denominarse un “enfriamiento pragmático”; es decir, una toma de distancia que reduzca la sinergia que el gobierno saliente de Petro había intentado consolidar con la administración mexicana y mantener un vínculo más orientado a las relaciones comerciales en el marco de la Alianza del Pacífico.
Por otro lado, Omar Bula Escobar anunció el cierre de las embajadas de Colombia en Cuba y Nicaragua. Según Bula Escobar, esta determinación responde a una estrategia de “reingeniería” y “reordenamiento” de la política exterior.
Esta decisión representa una ruptura significativa para Bogotá, especialmente en el caso de La Habana, un actor históricamente clave en la política interna colombiana. Bajo las administraciones de Juan Manuel Santos y del propio Petro, la isla caribeña operó como el principal escenario y garante de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Con el cierre de la representación diplomática, el Ejecutivo se estrena sepultando de manera definitiva el papel mediador de Cuba en los procesos de pacificación.
En contraste con la ruptura con La Habana y Managua, el nuevo gobierno ha anticipado una postura más pragmática hacia Venezuela, país con el que comparte una extensa y compleja frontera. Bula Escobar ha definido la relación con la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez como una “oportunidad única” basada en el intercambio económico y la riqueza de recursos de ambas naciones.
Esta estrategia frente a Caracas se estructurará sobre los ejes de la seguridad y el desarrollo comercial, apuntando a la “creación de riqueza mutua” y a la “neutralización de la criminalidad transnacional” en las zonas limítrofes, un esfuerzo en el que la Cancillería pretende incorporar también a Ecuador. Asimismo, el ministro ha vinculado directamente este esquema de seguridad regional con la alianza con Washington, asegurando que la cercanía con Estados Unidos servirá de garantía para el proceso.
No obstante, el enfoque hacia el país vecino contempla un objetivo de mediano plazo centrado en la “transición”. En sintonía con el discurso de la Casa Blanca, Bula Escobar ha señalado que el desmantelamiento de las estructuras del llamado “socialismo del siglo XXI” requerirá gradualidad debido a su arraigo histórico. Para ello, la nueva administración colombiana proyecta un esquema organizado en tres etapas sucesivas para el escenario venezolano: estabilización, recuperación y transición.
…la nueva administración colombiana proyecta un esquema organizado en tres etapas sucesivas para el escenario venezolano: estabilización, recuperación y transición.
PRAGMATISMO ECONÓMICO
Si en el plano militar y político el alineamiento con Estados Unidos aparece como claramente subordinado, en el plano económico la estrategia es más ambigua y pragmática. De la Espriella busca, por un lado, atraer inversión estadounidense mediante esquemas de nearshoring y reforzar la coordinación migratoria para gestionar los flujos irregulares a través del Tapón del Darién. Sin embargo, en paralelo y en contraste con su retórica estridente, ha evitado adoptar un discurso confrontacional hacia China, consciente del peso estructural que el país asiático posee en la economía colombiana.
En ese sentido, Beijing se ha consolidado como el segundo socio comercial del país y uno de sus principales inversionistas, lo que ha impulsado la participación de Colombia en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Más que un quiebre, la relación bilateral se caracteriza por la continuidad de proyectos estratégicos y la apertura a nuevas inversiones, especialmente en sectores como transición energética y telecomunicaciones, lo que obliga a mantener un delicado equilibrio frente a Washington.
Este vínculo se expresa en proyectos concretos de gran escala. El Metro de Bogotá, el mayor proyecto de infraestructura del país, es ejecutado por el consorcio Metro Línea 1, integrado por las empresas estatales chinas CHEC y Xi’an Rail Transit, con una inversión superior a los cuatro mil millones de dólares. En el sector minero, la empresa Zijin Mining adquirió en 2019 la canadiense Continental Gold, pasando a controlar la mina de oro de Buriticá, una de las más modernas de América Latina. En materia energética, compañías como PowerChina han ganado protagonismo en el desarrollo de parques solares y proyectos de energía limpia, mientras que en telecomunicaciones Huawei y ZTE desempeñan un papel central en el despliegue de redes 5G y conectividad digital urbana y rural.
Incluso, tras conocerse la victoria de De la Espriella, el presidente Xi Jinping envió una carta en la que subrayaba la importancia de profundizar la cooperación bilateral, lo que demuestra la complejidad de la relación.
…en contraste con su retórica estridente, ha evitado adoptar un discurso confrontacional hacia China, consciente del peso estructural que el país asiático posee en la economía colombiana.
II. EL FUJIMORISMO EN PERÚ: DE LA DESESTABILIZACIÓN A LA GOBERNANZA POLÍTICA
Veintiséis años después de la caída del gobierno de su padre, el dictador Alberto Fujimori, y tras dos intentos previos, Keiko logró finalmente ganar la Presidencia del Perú al derrotar en segunda vuelta a Roberto Sánchez, líder de una coalición de izquierda heredera del expresidente Pedro Castillo. La elección estuvo marcada, una vez más, por un resultado extremadamente ajustado y un turbulento escrutinio.
Los resultados reprodujeron prácticamente la distribución del voto de 2021. Con una diferencia de apenas 49 mil 641 sufragios, equivalente al 0,26% de los votos válidos, Fujimori se impuso con el 50,13% (9 millones 223 mil 396) frente al 49,87% (9 millones 173 mil 755) obtenido por Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.
Entre las claves de la victoria de Fuerza Popular destaca la elevada capacidad de movilización en las segundas vueltas por parte de las fuerzas conservadoras bajo la lógica del voto reactivo frente a la izquierda. Ello ocurre incluso pese a la reducción de su base de apoyo en primera vuelta a lo largo de los últimos procesos electorales: en 2011 obtuvo el 23,5% de los votos; en 2016 alcanzó su máximo con el 39,8%; en 2021 descendió al 13,4%; y en 2026 registró una ligera recuperación hasta el 17,18%.
El resultado confirma una tendencia que se ha repetido en las últimas tres elecciones presidenciales y consolida el empate de fuerzas como la principal característica del sistema político peruano. Sin embargo, tras haber perdido por décimas en las dos elecciones anteriores —2016 y 2021—, esta vez la candidata de Fuerza Popular consiguió imponerse, aunque también por un margen mínimo. Al mismo tiempo, el resultado vuelve a poner de manifiesto un país dividido casi exactamente en dos mitades entre el fujimorismo y el antifujimorismo.
El regreso del fujimorismo al Poder Ejecutivo abre la posibilidad de una relativa estabilidad, largamente anhelada por el país sudamericano. Durante más de una década, el fujimorismo en la oposición fue el principal actor de conmoción institucional en el país. Aunque sin lograr construir mayorías claras, su postura le permitió enfrentar a los sucesivos gobiernos y disciplinar a sus aliados. Hoy, como fuerza gobernante, tendrá el reto de convertir esa capacidad de veto en poder institucional.
Durante más de una década, el fujimorismo en la oposición fue el principal actor de conmoción institucional en el país. Aunque sin lograr construir mayorías claras, su postura le permitió enfrentar a los sucesivos gobiernos y disciplinar a sus aliados.
RADIOGRAFÍA DE UNA FRACTURA
A pesar de la obligatoriedad del voto en el Perú, la participación en la segunda vuelta de las elecciones de 2026 continuó su tendencia a la baja. Con una participación del 72%, se registró la tasa de ausentismo más elevada en una segunda vuelta presidencial de las últimas dos décadas, con una caída de quince puntos porcentuales desde las elecciones de 2006. Cerca de siete millones de ciudadanos habilitados optaron por no asistir a las urnas, constituyendo una muestra del progresivo desgaste del sistema político.
La misma noche de la segunda vuelta, los primeros avances oficiales evidenciaron una elección cerrada. Gracias al ingreso temprano de las actas provenientes de las regiones del sur y del centro del país, Roberto Sánchez mantuvo una ligera ventaja durante los tres primeros días del escrutinio. Sin embargo, la tendencia se revirtió progresivamente con la incorporación de los votos de Lima y de la costa norte. Aunque el candidato de izquierda mejoró el desempeño alcanzado por Pedro Castillo entre las clases medias de la capital, no logró igualar el nivel de apoyo obtenido anteriormente en la sierra sur, donde Keiko Fujimori incrementó su respaldo.
No obstante, el factor decisivo fue el voto de los peruanos residentes en el exterior. La recuperación de la participación en las circunscripciones de Estados Unidos y Europa, que en las elecciones de 2021 se había desplomado hasta niveles históricamente bajos, permitió que Fujimori revirtiera la estrecha ventaja obtenida por Sánchez en el territorio nacional. Con un 63,21% de los respaldos a favor de la candidata de Fuerza Popular en el extranjero, esta circunscripción operó como el contrapeso definitivo para inclinar el resultado final.
En términos generales, la elección reprodujo el mapa electoral observado en 2021 y confirmó la persistencia de los principales clivajes geográficos de la polarización política del Perú. Roberto Sánchez conservó las circunscripciones que anteriormente habían respaldado a Pedro Castillo, mientras que Keiko Fujimori retuvo sus tradicionales bastiones electorales.
El respaldo a Roberto Sánchez se concentró principalmente en las zonas rurales y del interior del país, expresando un rechazo al centralismo limeño. La izquierda consolidó sus mayorías en la sierra sur y en la sierra central, donde se ubican regiones mineras con elevadas demandas socioambientales, como Junín y Pasco. Su mayor nivel de apoyo se registró en Puno, territorio históricamente vinculado al antifujimorismo, donde Sánchez alcanzó el 86,41% de los votos. En la selva amazónica, en cambio, Fuerza Popular obtuvo una ligera ventaja.
Por su parte, el respaldo a Fujimori se concentró en los distritos urbanos de la costa y en Lima Metropolitana. En la costa norte, particularmente en regiones agroexportadoras y comerciales como Piura y La Libertad, obtuvo mayorías de entre el 57% y el 58%, reflejando un sólido apoyo de los sectores medios y empresariales. Asimismo, tanto en Lima Metropolitana como en la Provincia Constitucional del Callao, Fuerza Popular superó el 60% de los votos.
…la elección reprodujo el mapa electoral observado en 2021 y confirmó la persistencia de los principales clivajes geográficos de la polarización política del Perú. Roberto Sánchez conservó las circunscripciones que anteriormente habían respaldado a Pedro Castillo, mientras que Keiko Fujimori retuvo sus tradicionales bastiones electorales.
EQUILIBRIOS INESTABLES
Entre los principales desafíos del gobierno de Keiko Fujimori se encuentra la alta fragmentación política del Congreso, que la obligará, al igual que a sus antecesores, a construir acuerdos y alianzas para alcanzar mayorías legislativas.
En la Cámara de Diputados, integrada por 130 escaños, la aprobación de leyes ordinarias requiere una mayoría absoluta de 66 votos, mientras que en el Senado, compuesto por 60 bancas, esa mayoría se alcanza con 31 votos. La censura ministerial en la Cámara de Diputados también exige una mayoría absoluta.
Sin embargo, Fuerza Popular, por sí sola, no alcanza ninguna de estas cifras. Si bien constituye la primera fuerza parlamentaria, con 63 legisladores —22 senadores y 41 diputados—, su representación resulta insuficiente para alcanzar por sí misma las mayorías requeridas en ambas Cámaras.
La ausencia de mayorías legislativas claras obligará al Ejecutivo a negociar cada iniciativa legislativa mediante acuerdos y una distribución de cuotas de poder, una dinámica que, en los últimos años, ha favorecido la alta rotación ministerial y la conformación de gabinetes de corta duración.
Entre los aliados naturales del fujimorismo aparece Renovación Popular, liderada por el ex candidato presidencial Rafael López Aliaga, que obtuvo 23 representantes: ocho senadores y 15 diputados. Ambas agrupaciones comparten una visión neoliberal de la economía y posiciones conservadoras en el ámbito cultural. No obstante, López Aliaga ha mantenido un fuerte discurso de oposición al sistema político tradicional, crítica que también ha dirigido contra la propia Fuerza Popular y contra Keiko Fujimori.
Esto plantea un escenario ambivalente para el outsider peruano: en caso de no colaborar, corre el riesgo de aparecer como responsable de frenar las iniciativas gubernamentales, algo que podría ser castigado por su base de apoyo; mientras que, en caso de integrarse a la coalición de gobierno, corre el riesgo de ser “absorbido” por una fuerza del “establishment”, lo que diluiría su perfil de independencia.
La segunda fuerza parlamentaria es Juntos por el Perú, liderada por Roberto Sánchez, que, tras capitalizar el colapso de la izquierda tradicional y reorganizar el voto progresista, obtuvo 46 representantes, distribuidos entre 14 senadores y 32 diputados.
Se trata de una fuerza con grandes incentivos para operar bajo una lógica de bloqueo al gobierno de Fujimori. Por ello, es de esperar que busque articular alianzas para aprobar medidas como la censura, que obliga a los ministros a renunciar.
En este marco, el antifujimorismo —representado por el Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y el Partido Cívico Obras— podría mantener fuertes vínculos parlamentarios con Juntos por el Perú en la búsqueda de bloquear iniciativas legislativas del oficialismo.
En el espectro del centro político, el Partido del Buen Gobierno obtuvo 25 legisladores —siete senadores y 18 diputados—, mientras que Ahora Nación alcanzó 14 representantes, distribuidos entre cuatro senadores y 10 diputados. Ambas agrupaciones se definen como socialdemócratas y antifujimoristas, lo que las coloca en un espacio de negociación estratégico. Por su parte, el histórico Partido Cívico Obras reapareció con 19 escaños —cinco senadores y 14 diputados—, tras haber mantenido una estrecha alianza con Pedro Castillo.
La ausencia de mayorías legislativas claras obligará al Ejecutivo a negociar cada iniciativa legislativa mediante acuerdos y una distribución de cuotas de poder, una dinámica que, en los últimos años, ha favorecido la alta rotación ministerial y la conformación de gabinetes de corta duración.
ENTRE BEIJING Y WASHINGTON
A diferencia de diversos gobiernos de derecha en la región, el de Keiko Fujimori propone una política exterior estructurada bajo un enfoque pragmático de no alineamiento automático y total con Washington. En un contexto marcado por un giro estratégico de Estados Unidos en América Latina y el Caribe —la “Doctrina Donroe”—, esta orientación se perfila como uno de los principales desafíos que la administración deberá afrontar en el plano internacional.
Por un lado, la heredera del fujimorismo manifiesta su voluntad de construir una cooperación regional en materia de seguridad junto a gobiernos vecinos como Colombia, Ecuador y Chile. Esta cooperación, orientada al combate al narcotráfico y al crimen organizado, busca consolidar una integración militar y policial que mantenga una estrecha coordinación estratégica con Estados Unidos.
En el ámbito económico y comercial, el nuevo gobierno se plantea la reactivación plena de la Alianza del Pacífico y un enfoque estrictamente comercial en la Comunidad Andina, priorizando la facilitación aduanera y el control fronterizo para enfrentar el crimen transnacional.
En cuanto a China, Fujimori busca hacer equilibrios y mantener sus relaciones, política que genera tensiones con Washington, que ve en la expansión del gigante asiático en la región el principal “desafío sistémico” a sus intereses. Durante los últimos años, China se ha consolidado como el principal socio comercial del país, así como el principal inversor en proyectos mineros de gran envergadura como Las Bambas (controlada por MMG Limited) y Toromocho (a cargo de Chinalco), los cuales constituyen los principales motores de la balanza comercial peruana. El sector minero, que concentra alrededor del 60% de las exportaciones nacionales, mantiene un superávit sostenido impulsado principalmente por el cobre y el oro. Se trata de operaciones que representan una porción significativa de la producción nacional de cobre y zinc, aportando directamente a la recaudación fiscal por canon minero y regalías, lo que explica una parte importante del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Además, China ha impulsado el megapuerto de Chancay, liderado por la naviera estatal Cosco Shipping, que busca convertirse en el principal nodo logístico de Sudamérica, atrayendo la carga de países vecinos como Brasil, Chile y Ecuador, lo que reconfigura el mapa del comercio exterior en el Pacífico. En este contexto, durante toda su campaña Keiko aseguró que, de llegar al gobierno, China seguiría siendo tratada como un socio estratégico clave. Frente a estas tensiones, ha señalado que los intereses de Perú con China podrían articularse con los de Estados Unidos en espacios como APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico), como una manera de amortiguar los efectos del enfrentamiento entre Washington y Beijing sobre la economía peruana.
Lejos de tratarse de un problema ideológico, una eventual pérdida del principal socio comercial e inversionista resultaría un problema estratégico para el país y para la ya de por sí frágil gobernabilidad.
…durante toda su campaña Keiko aseguró que, de llegar al gobierno, China seguiría siendo tratada como un socio estratégico clave. Frente a estas tensiones, ha señalado que los intereses de Perú con China podrían articularse con los de Estados Unidos en espacios como APEC…
REPOSICIONAMIENTO REGIONAL
La agenda regional de Keiko Fujimori se perfila como una combinación entre una “diplomacia por el orden” y un enfoque de “pragmatismo comercial”. Su propuesta busca fortalecer la cooperación en materia de seguridad y control fronterizo, mientras que, a diferencia de otras experiencias de derecha de la región, Fujimori ha sostenido de manera enfática su voluntad de reactivar mecanismos de integración económica regional como la mencionada Alianza del Pacífico, independientemente de las diferencias ideológicas entre los gobiernos.
Uno de los puntos prioritarios de esta agenda es el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas entre Perú y México —país que hoy ocupa la Presidencia Pro Témpore del organismo—, que permanecen fuertemente deterioradas y reducidas al nivel de encargados de negocios tras las tensiones de los últimos años. Fujimori ha manifestado de manera explícita su voluntad de normalizar los vínculos bilaterales, afirmando que “la relación de amistad entre Perú y México debe mantenerse por encima de las diferencias ideológicas”. Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha expresado reciprocidad y disposición para “recuperar” la relación, instruyendo a su cancillería a establecer contacto con el equipo de empalme fujimorista.
En el ámbito de la seguridad regional, Fujimori ha anunciado intervenciones drásticas e inmediatas en las zonas limítrofes, especialmente en la frontera norte de Tumbes. Su planteamiento contempla una diplomacia coordinada con países vecinos, particularmente Ecuador y Colombia, orientada al intercambio de inteligencia criminal, el fortalecimiento del control migratorio y la persecución de las bandas criminales organizadas que operan a escala sudamericana.
Al mismo tiempo, y en línea con la doctrina histórica de Fuerza Popular, el fujimorismo mantiene una posición fuertemente crítica frente a lo que denomina las “dictaduras del socialismo del siglo XXI”, en referencia a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En relación con Venezuela, tras el terremoto que afectó al país caribeño, Fujimori mantuvo contacto con la dirigente opositora María Corina Machado, comunicación que ambas difundieron públicamente como una señal de apoyo mutuo. Este acercamiento evidencia un matiz respecto de la política de la Casa Blanca, que frente a esta coyuntura optó por tomar distancia de María Corina Machado y mantener los vínculos de ayuda con el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Durante el intercambio, Fujimori expresó su profundo pesar por las vidas perdidas y las familias afectadas, además de señalar que desde el Perú ya se había enviado apoyo material.
La agenda regional de Keiko Fujimori se perfila como una combinación entre una “diplomacia por el orden” y un enfoque de “pragmatismo comercial”.
III. ENTRE LA SEGURIDAD Y EL EQUILIBRIO
Los recientes procesos electorales en Colombia y Perú evidencian una profunda polarización social y geográfica que ha dividido a ambas naciones en mitades casi exactas, lo que anticipa dificultades para construir una nueva hegemonía política de carácter estable.
El diseño institucional de las nuevas administraciones estará condicionado por un complejo ajedrez legislativo en parlamentos atomizados. Ni el Centro Democrático en Colombia ni Fuerza Popular en Perú cuentan con mayorías propias para impulsar agendas estructurales autónomas, lo que obligará tanto a De la Espriella como a Fujimori a depender de alianzas flexibles, de la distribución de cuotas de poder y de la concertación constante con partidos tradicionales y sectores de centro. Esta situación expone a ambos ejecutivos a una marcada volatilidad política y un margen de acción más acotado.
En el plano regional, el giro hacia la derecha de ambos países plantea una reconfiguración diplomática que oscila entre la confrontación ideológica y el pragmatismo vecinal. Colombia inaugura la “Era del Tigre”, promoviendo un quiebre radical con el multilateralismo mediante el cierre de embajadas en Cuba y Nicaragua, y buscando un alineamiento incondicional con Estados Unidos e Israel. Por su parte, Perú adopta una “diplomacia por el orden” que prioriza el pragmatismo. No obstante, ambos proyectos convergen en el intento de estructurar agendas de seguridad y de control migratorio, junto con otros países de la región, en una suerte de integración de la agenda de seguridad, que ha tenido sus expresiones más claras en el llamado Escudo de las Américas y en el Compromiso de Santiago.
La política exterior de los nuevos mandatarios se verá atrapada en un delicado equilibrio estratégico entre la influencia de Washington y el peso económico de Beijing. Aunque ambos gobiernos miran hacia Estados Unidos para fortalecer la cooperación militar y el combate al narcotráfico, la realidad estructural de sus economías les impedirá un alineamiento automático y los obligará a apostar por mayores equilibrios regionales. 
Aunque ambos gobiernos miran hacia Estados Unidos para fortalecer la cooperación militar y el combate al narcotráfico, la realidad estructural de sus economías les impedirá un alineamiento automático…