Seis meses después de la operación militar estadounidense que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, Venezuela transita un momento muy distinto al de aquellas primeras semanas de conmoción política. La urgencia inicial —asegurar la continuidad institucional, evitar un vacío de poder y una desestabilización social— dio paso a un proceso de reacomodo de fuerzas cuyos contornos recién ahora empiezan a distinguirse con algo más de claridad y se ponen a prueba ante los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.
Para tener un diagnóstico certero de esta reorganización del poder al interior del país caribeño, conversamos con actores que han jugado diferentes papeles en el proceso bolivariano, tanto en el plano gubernamental como de la organización política y social. Al igual que lo hicimos en nuestra cobertura de los primeros 45 días tras el 3 de enero, preservamos aquí la identidad de nuestras fuentes, consultadas bajo la modalidad off the record dada la sensibilidad del momento.
El propósito de esta nueva indagación es acercarnos a desentrañar el carácter de la mutación política que experimenta Venezuela bajo esta modalidad sui generis de intervención extranjera. En un contexto signado por una soberanía dramáticamente restringida, intentamos examinar las tensiones internas de un gobierno y una fuerza política cuyo núcleo de sentido ha gravitado históricamente en oposición a la proyección hegemónica estadounidense en la región, de la que hoy, sin embargo, son pieza fundamental.
¿QUÉ FUE EL 3E?
A primera vista, parece una simple pregunta con una respuesta precisa: el 3 de enero desencadenó una crisis institucional que derivó en la sucesión constitucional encabezada por la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez como “presidenta encargada”.
Sin embargo, a poco de cumplirse seis meses de aquellos hechos y en una dimensión más profunda, la pregunta permanece abierta. “Todavía, a la fecha, ni la ciudadanía en general ni la dirigencia política en particular tienen claridad de qué fue lo que ocurrió el 3 de enero”, resume una de las fuentes consultadas.
Hay una opacidad con respecto a los sucesos de aquel día que el discurso oficial no alcanza a disipar. Lo que sí, en cambio, aporta cierta claridad y refleja la magnitud de la encrucijada a la que se vio sometido el gobierno es un dato que se filtró a la prensa: en una reunión de la Dirección Nacional del partido, la propia presidenta debió admitir ante esos cuadros —la élite del chavismo— que, tras los bombardeos, el gobierno tuvo apenas 15 minutos para decidir si respondía militarmente o se plegaba a las exigencias del Departamento de Estado.
Apenas unos días antes, todo el país había sido testigo de un despliegue militar contundente y muy visible en la zona de La Guaira, en previsión de una invasión. Entre la ciudadanía, pero también entre la dirigencia, las dudas persisten. “¿Por qué, con esa movilización de tropas, baterías antiaéreas y un clima de inminencia bélica que daba miedo, llegado el momento no pasó absolutamente nada?”, resume nuestra fuente la pregunta que quedó flotando en el aire.
“Todavía, a la fecha, ni la ciudadanía en general ni la dirigencia política en particular tienen claridad de qué fue lo que ocurrió el 3 de enero”…
Esta dimensión interna de la crisis carga con el peso de una legitimidad debilitada que Delcy Rodríguez heredó en el peor momento posible. Es un problema que viene arrastrándose desde las elecciones de julio de 2024, cuando se proclamó ganador a Nicolás Maduro sin exhibir nunca las actas de votación. Esa opacidad instaló una pregunta incómoda en las propias filas del partido: “si ganamos, y ganamos limpiamente, ¿por qué no se muestra la cuestión?”. La sucesión constitucional ocurre sobre esa base ya resentida, a la que ahora se añade la falta de claridad sobre las circunstancias del propio relevo presidencial.
Esa combinación —opacidad de lo ocurrido el 3E más un problema de legitimidad heredado— se traduce en un discurso oficial que no logra despejar las dudas de fondo. Como señalan diversos acrtores, no hay un cuestionamiento público de las principales figuras del chavismo: todos permanecen formalmente alineados con la versión del gobierno. Pero esa misma narrativa está lejos de disipar las incertidumbres.
Tras los acontecimientos de enero y los reacomodos que les siguieron, surgen otras preguntas que apuntan a desentrañar la naturaleza del cambio que vive Venezuela. ¿Cómo se ha reconfigurado el poder al interior del chavismo y qué posturas conviven, colaboran o disputan espacio frente a la presidencia interina? ¿Qué impacto ha tenido este proceso de tutelaje norteamericano en la relación del oficialismo con las organizaciones sociales y en el tejido social que sostuvo durante casi tres décadas la hegemonía del proceso bolivariano? ¿Cómo se percibe, puertas adentro, el alineamiento de los mandos militares de rango medio y alto frente a la administración interina, y qué lugar ocupa hoy el nacionalismo que históricamente cimentó a las Fuerzas Armadas? ¿Cuán instalada está, entre los principales actores políticos, la idea de una “transición” democrática? ¿Y cómo debería nombrarse lo que efectivamente ocurre: transición dirigida, cohabitación forzada, protectorado de facto?
LA RECONFIGURACIÓN DEL PSUV: “TRES CHAVISMOS” ANTE EL NUEVO ESCENARIO
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) nunca ha sido, en rigor, un bloque monolítico. En su interior siempre han convivido corrientes de carácter más ideológico, incluso dogmáticas, junto a estructuras de corte más clientelar, una tensión que Hugo Chávez había mantenido fuertemente bajo control y que luego Nicolás Maduro también logró contener, aunque con fisuras internas cada vez más visibles. Fue sobre todo tras la muerte de Chávez en 2013 que esas diferencias comenzaron a salir a la superficie, un proceso que los acontecimientos del 3E terminaron por profundizar. Como lo expresa una de las fuentes que consultamos, ahora “se ve mucho más las costuras”.
Para entender por qué esas tensiones tardaron tanto en aflorar, hay que considerar la lógica que impuso el propio contexto de asedio. En un escenario donde el gobierno se sentía atacado tanto desde afuera como desde adentro, hasta “la duda es traición”. Ese clima generó, incluso entre la élite del partido, una reticencia muy fuerte a discutir o cuestionar abiertamente cualquier decisión de la conducción. De igual modo, las fisuras actuales siguen sin traducirse en una crítica pública.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) nunca ha sido, en rigor, un bloque monolítico. En su interior siempre han convivido corrientes de carácter más ideológico, incluso dogmáticas, junto a estructuras de corte más clientelar…
Aun así, ese sordo desgaste de las costuras internas ya se refleja de forma muy concreta en el mapa de poder, evidenciado en una drástica reducción de la cúpula que toma las decisiones. Anteriormente, lo que los venezolanos llamaban la dirección político-militar de la revolución eran cerca de seis personas. Dos permanecen secuestradas (Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores), y una tercera —el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López— fue desplazada por completo del esquema. El triángulo que queda a cargo de gestionar el diálogo con la Dirección Nacional del partido lo integran hoy Delcy Rodríguez, su hermano Jorge —presidente de la Asamblea Nacional— y el ministro del Interior Diosdado Cabello. La instancia ampliada del partido, la que en teoría debería procesar las diferencias internas de cara a la militancia, no ha vuelto a reunirse desde entonces. Hacia afuera, este primer nivel —el que podríamos llamar el chavismo de gobierno— se muestra cohesionado: no hay, hasta ahora, ningún cuestionamiento público desde su interior a la conducción de la presidenta encargada.
La situación cambia en un segundo nivel, el de los cuadros intermedios y los dirigentes históricos que ya no forman parte de la estructura de gobierno. Esa distancia les da un margen de libertad que la cúpula no tiene. El caso más citado es el de Elías Jaua, uno de los cuadros mas destacados del proceso: “él no es una persona que esté dentro de la estructura del gobierno, nadie puede decir que pactó con la derecha, sino que es una persona que se abrió porque no apoyaba lo que estaba haciendo Nicolás ni lo que está ocurriendo ahora”, señala una de las fuentes. Algo similar ocurre con Mario Silva: un comunicador que supo ser muy cercano al ala más dura del chavismo, hoy venido a menos en términos de influencia, pero que sigue manteniendo cierta incidencia en un sector importante del chavismo duro, desde donde viene formulando las mismas preguntas incómodas que circulan puertas adentro sobre lo que realmente ocurrió el 3 de enero.
Podríamos hablar de un “tercer chavismo” que sería el de la militancia territorial, la que compone las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCh) en los barrios. Se trata, según las fuentes, del nivel donde el silencio se impone por razones estrictamente prácticas: “es la militancia regular, la que está en las UBCh […], que no compra del todo la historia, pero está inmersa en la red clientelar del mismo partido, y entonces no dice nada”, describe una de las personas consultadas. El problema es que esa red se ha ido debilitando desde el 3E, a medida que el alcance de esos beneficios materiales y la regularidad de las bolsas de comida se ven afectados por la crisis. A diferencia de los otros dos niveles, acá el cuestionamiento no se expresa ni siquiera puertas adentro: se procesa en silencio, como una tensión que todavía no encontró canal de expresión propio. Queda entonces una pregunta que internamente se plantean varios actores: ¿hasta qué punto puede sostenerse la disciplina de estas bases sociales cuando el lazo material que la sostenía empieza a agrietarse?
Puestos uno junto al otro, estos tres niveles configuran una cohesión que es “como de gomaespuma”: sostiene la forma, pero es frágil al tacto. Por ahora no hay fractura visible. Pero el punto más débil de esa estructura —la militancia de base, atada por un lazo material que se erosiona— es también la puerta de entrada a un problema todavía más amplio: el de la relación entre el chavismo y el conjunto de la sociedad que supo sostenerlo durante casi tres décadas.
Queda entonces una pregunta que internamente se plantean varios actores: ¿hasta qué punto puede sostenerse la disciplina de estas bases sociales cuando el lazo material que la sostenía empieza a agrietarse?
EL DETERIORO DEL LAZO CON LA BASE SOCIAL: LAS HERIDAS DEL BLOQUEO
La relación del chavismo con un universo social más amplio —el llamado poder popular, las organizaciones sociales y el pueblo no organizado partidariamente— atraviesa unas heridas aún más profundas que las que hoy afectan a la propia militancia territorial del PSUV. “Las sanciones fueron exitosas”, sostiene una de las fuentes. Exitosas, explica, porque “lograron desconectar al gobierno de sus arterias: el movimiento social, el poder popular”. Y aclara que aunque el gobierno sí procuró sostener el lazo con esas bases sociales, por ejemplo, a través de las bolsas de comida, el bloqueo hizo estructuralmente imposible mantener ese vínculo en los términos en que se había construido.
El costo de ese deterioro se mide, en primer lugar, en números de una magnitud difícil de asimilar. “Perdimos ocho millones de personas que se fueron del país, una migración de carácter económico, por más que digan sus protagonistas ‘me voy porque no soporto al gobierno’; del mismo modo que la emigración ecuatoriana o la colombiana: gente que atravesó una situación terriblemente mala en el país y salió a buscar una vida mejor”. Se trata de una sangría demográfica fruto de un colapso multidimensional, que incluyó desnutrición, falta de insumos médicos y, en los casos más extremos, “gente que se moría en el hospital porque el Estado no tenía cómo resolverlo”. El deterioro social que se vivió fue brutal: de una situación de relativo bienestar económico en 2011 y 2012 se pasó, en apenas unos años, a una crisis que golpeó la vida cotidiana de maneras muy concretas —semanas enteras comiendo mango o lentejas todos los días e inventando formas caseras de fabricar desodorante ante la escasez de productos básicos—. Son heridas que no se olvidan fácilmente y que hoy pesan sobre cualquier intento de reconstruir la relación con esa base social.
La erosión de ese vínculo quedó expuesta con crudeza en la comparación que las propias fuentes proponen entre el 3 de enero de este año y el 11 de abril de 2002. Cuando secuestraron al entonces presidente Chávez, la militancia chavista tomó cuarteles y se movilizó para exigir su regreso. Nada equivalente ocurrió esta vez: el 3, el 4 y el 5 de enero la gente estaba expectante de qué iba a pasar; “aquí no hubo una manifestación pidiendo: ‘queremos que regrese el presidente’”. El país se encontraba en ese momento al borde de una parálisis total, con un bloqueo naval que había dejado apenas gasolina para diez días. En ese contexto, sostienen, la ausencia de reacción no fue únicamente indiferencia: fue también una apuesta pragmática y dolorosa de la población: un “me la calo, me la aguanto con tal de que el contexto mejore”.
La erosión de ese vínculo quedó expuesta con crudeza en la comparación que las propias fuentes proponen entre el 3 de enero de este año y el 11 de abril de 2002.
Y en algún sentido mejoró: hay gasolina en las calles, hay cierta reactivación de la actividad económica. Pero la prueba de fondo —si ese repunte se traduce en salarios, en hospitales funcionando o en educación pública de calidad— todavía está por verse. Esa incertidumbre se cruza, además, con una discusión que, en paralelo, empieza a instalarse: la de una deuda externa calculada en unos 170 mil millones de dólares, distribuida principalmente entre bonos soberanos, organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF, acreedores como Rusia y China —con compromisos estimados de entre 20 y 25 mil millones de dólares solo con este último país—, además de litigios pendientes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Ese escenario ya empieza a imponer, en mesas de diálogo con el sector privado, un lenguaje de ajuste que una de las fuentes compara con el de los años 90: “nos toca ajustarnos el cinturón, esos lujos que nos dábamos en años anteriores ya no nos los podemos dar”.
A todo esto se suma un costo que ya no es solo económico sino político, que afecta al núcleo de sentido del chavismo y, en general, de la izquierda. El desgaste de la última década dejó una marca que excede al oficialismo como proyecto político: cualquier agenda de expansión de derechos quedó asociada, de forma casi automática, al fracaso del modelo. Reconstruir el vínculo sobre esas heridas es, admite otra de las personas consultadas, una tarea titánica, “porque es doble: hay que quitarse la marca —o más bien evidenciar que la culpa no es solo de uno— y, además, volver a ganar la narrativa, que ahorita la tenemos perdida, perdidísima”.
LAS FUERZAS ARMADAS: DERROTA SIMBÓLICA, GARANTÍA DE ESTABILIDAD
“El 3 de enero significó una derrota para el país. Literalmente, ese día perdimos una guerra, y nos están tratando como perdedores de guerra”, plantea sin rodeos un funcionario. Dentro de ese cuadro general, una institución en particular aparece como la principal derrotada en el plano simbólico: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, encargada históricamente de resguardar la soberanía clásica del país —el control fronterizo, el control del espacio aéreo—. “Y no lo hizo. No se resguardó esa soberanía”, remarca la fuente.
Pero más que un reproche, lo que hay es alivio. “Y menos mal que no se resguardó”, añade: el país llegaba a esa instancia después de diez años de sanciones y bloqueo, sin capacidad real de sostener un enfrentamiento militar. No había gasolina ni siquiera para los camiones que transportan alimentos, mucho menos para sostener operaciones militares prolongadas. De acuerdo con análisis de foros militares, un intercambio de disparos en una ciudad como Caracas habría generado una mortandad descomunal. Sostener una guerra de resistencia, señalan desde la capital, exige dinero, insumos y capacidad productiva —el caso de Irán, un país que sí ha logrado adaptarse a un escenario de sanciones sostenidas y hacerle frente, es paradigmático—, condiciones que Venezuela, tras una década de asfixia económica, simplemente no tenía.
El 3 de enero significó una derrota para el país. Literalmente, ese día perdimos una guerra, y nos están tratando como perdedores de guerra”…
De ahí surge una paradoja crucial: la misma institución derrotada en lo simbólico es, hoy, la que garantiza la estabilidad interna del país. Venezuela registra protestas sectoriales —de maestros, de trabajadores de la salud— pero no atraviesa un escenario de anarquía, y ese orden lo garantiza la Fuerza Armada. “Es impensable imaginar el flujo de inversiones en el país sin que la Fuerza Armada lo garantice”. La evidencia de ese respaldo es difícil de discutir: públicamente, la presidenta se ha reunido no menos de diez veces con el alto mando militar, visitó la Universidad Nacional de la Fuerza Armada y llevó adelante cambios en la cúpula castrense, desplazando a quienes respondían al esquema anterior —empezando por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López— para colocar en su lugar a mandos de su cercanía y confianza.
Ese respaldo, sin embargo, convive con un repliegue parcial del estamento militar respecto de la administración civil. Hay hoy menos presencia de uniformados en ministerios e instituciones que durante la gestión de Maduro, algo que los analistas leen como un triple guiño: a la sociedad, a Estados Unidos y a los propios militares. Ese repliegue, sin embargo, no supone una pérdida de centralidad de la Fuerza Armada. Los militares siguen controlando sectores estratégicos del sur del país: la explotación de oro, coltán y bauxita en el estado Bolívar, por ejemplo, permanece bajo su supervisión directa. Al mismo tiempo, la cooperación operativa con Estados Unidos se mantiene, como quedó en evidencia con el bombardeo contra el “Niño Guerrero” en La Clarinera, una operación en la que participaron de forma conjunta la Fuerza Armada venezolana y el Ejército estadounidense.
En cualquier caso, la subordinación de la Fuerza Armada no está en discusión y se expresa, en última instancia, en la estabilidad misma del país: si hubiera fisuras en la lealtad militar, ya se habrían manifestado, no solo tras los bombardeos del 3 de enero, sino también cuando aterrizaron los helicópteros estadounidenses en la embajada o con el propio bombardeo en La Clarinera. Nada de eso ocurrió.
¿CAMBIO DE RÉGIMEN SIN CAMBIO DE RÉGIMEN? LA DIFICULTAD DE ENCUADRAR LA “TRANSICIÓN”
Formalmente, ni el gobierno ni la oposición aceptan hablar de «transición». Para el oficialismo hay continuidad constitucional: hay un presidente secuestrado y quien asume la presidencia es la vicepresidenta, “como dice la Constitución”. Aunque ese marco es también relativo, porque el propio texto constitucional prevé un plazo determinado para convocar elecciones, y ese plazo no se está cumpliendo. Para la oposición tampoco hay transición, en la medida en que no se ha convocado ningún proceso electoral. Y sin embargo, más allá de cómo se lo llame formalmente, algo de fondo se modificó desde el primer momento: un cambio en la lógica de gobierno y en la lógica de la oposición que es imposible negar. “La transición se inició desde el mismo momento en que cayó la primera bomba aquí en Caracas”, apunta un militante del PSUV consultado.
“La transición se inició desde el mismo momento en que cayó la primera bomba aquí en Caracas”…
Ese cambio no avanza parejo. En lo económico, la velocidad es notable; en lo político, mucho más lenta. Una de las fuentes consultadas ofrece una hipótesis sobre esa asimetría que va más allá de la coacción externa: sostiene que hay estructuras dentro del propio gobierno que se sienten muy cómodas con las decisiones que se están tomando, por lo que no se trata solo de un rumbo forzado desde afuera. El ejemplo que usa para ilustrarlo es la reforma de la ley de hidrocarburos. Nadie discutía, dice, que la ley necesitaba modificarse porque las sanciones desalentaban cualquier inversión. El problema es lo que efectivamente se aprobó, que retrotrae al país a las condiciones de explotación petrolera de la década de 1930, la época de Juan Vicente Gómez. La distinción que traza es clara: “una cosa es reacomodarse al nuevo contexto, y otra muy distinta es la entrega, que es lo que a su juicio se está observando”. Ese mismo patrón, agrega, se repite en la ley de minas, en el sistema eléctrico y en la reforma de la burocracia estatal.
En el plano político, los gestos son más lentos. La ley de amnistía permitió la liberación de ocho mil personas. Para algunos, esa cifra por sí sola pone en cuestión la acusación de terrorismo utilizada por el gobierno, ya que resulta difícil sostener que miles de personas liberadas hubieran sido efectivamente terroristas. Según explican los entrevistados, ese hecho comenzó a generar incluso interrogantes dentro de la propia base chavista acerca del uso de esa figura penal. La medida fue una decisión unilateral del gobierno, no el resultado de una negociación amplia. Todavía quedan unos 500 presos —en su mayoría militares— para quienes acceder a la amnistía es más difícil; se habló de un eventual indulto presidencial como gesto de desescalada, pero quedó trunco. La comisión de Reconciliación y Paz, que incluyó a dirigentes opositores como Antonio Ecarri, Henrique Capriles y Timoteo Zambrano, funcionó como canal de diálogo puntual, no como mesa de negociación integral.
Este rumbo —acelerado en lo económico, lento en lo político— encuentra un terreno fértil gracias al marcado pragmatismo de los factores externos implicados en la ecuación: al priorizar la continuidad y el crecimiento de sus negocios, Washington desaira a la oposición local al dejar de lado banderas históricas como las elecciones, los presos políticos o los derechos humanos.
El hito más reciente de este tutelaje es la reunión entre Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, y Jorge Rodríguez para discutir una reforma del Consejo Nacional Electoral. El dato crucial es que la propia Figuera reconoció haber asistido por invitación directa del Departamento de Estado. No se trata, entonces, de una negociación integral entre delegaciones soberanas —como los mecanismos de Montevideo o Ciudad de México en 2023—, sino de una muestra clara de cómo la oposición actúa subordinada a las decisiones de Washington.
…al priorizar la continuidad y el crecimiento de sus negocios, Washington desaira a la oposición local al dejar de lado banderas históricas como las elecciones, los presos políticos o los derechos humanos.
¿Cómo nombrar, entonces, lo que efectivamente está ocurriendo? Junto con las fuentes consultadas, repasamos distintas formas de caracterizar la situación venezolana. La “cohabitación forzada” queda descartada porque no existe una integración real de la oposición en la estructura de gobierno: las excepciones, como algunos embajadores no chavistas, son gestos aislados. La “transición democrática” también aparece como una categoría prematura. En ese sentido, vale recordar lo señalado por el politólogo venezolano John Magdaleno —un referente intelectual identificado con la oposición— para recordar que un proceso formal de transición exige que la apertura política se haya iniciado plenamente, algo que todavía no ocurrió. Además, como también observa Magdaleno: no toda transición desemboca necesariamente en un régimen más democrático. El concepto de “protectorado” tampoco termina de ajustarse al caso venezolano. A juicio de las fuentes consultadas, el hecho de que Estados Unidos respete que el gobierno interino de Venezuela decida con qué sectores de la oposición dialogar y con cuáles no demuestra ciertos márgenes de autonomía de los que carece un protectorado formal. El enfoque que más le cuadra al de la Venezuela actual es el de un “gobierno tutelado”.
Esa tutela, además, no condiciona únicamente al oficialismo. Entre las consecuencias del 3 de enero, cabe apuntar que también la oposición “está chupando de esa derrota”. Esto se observa en el hecho de que esta tampoco dispone de una posición verdaderamente propia frente al proceso abierto tras los acontecimientos de enero: sus principales dirigentes aparecen condicionados por las decisiones y los tiempos que fijan Washington y el gobierno venezolano, con escaso margen para incidir autónomamente en el curso de la negociación. En ese sentido, el tutelaje atraviesa al conjunto del sistema político venezolano, aunque sus efectos se expresen de manera diferente sobre cada actor.
Sin embargo, tras repasar esta distinción conceptual, hay quienes relativizan su utilidad práctica. “Esos formalismos son irrelevantes”, admite un analista: “lo que estamos viendo es que los gringos están mandando”. Como evidencia menciona los aviones estadounidenses que aterrizan y despegan sin previo aviso en suelo venezolano, al jefe del Comando Sur reuniéndose con militares locales en la embajada, el bombardeo en el estado de Bolívar que Donald Trump anunció horas antes de que lo confirmaran las autoridades venezolanas, y la propia Figuera reconociendo que fue el Departamento de Estado quien la invitó a negociar con el gobierno: “es decir, es el Departamento de Estado el que le está diciendo a ella que venga a hablar con las autoridades venezolanas sobre elecciones; esto no es un dato menor”.
…el tutelaje atraviesa al conjunto del sistema político venezolano, aunque sus efectos se expresen de manera diferente sobre cada actor.
Hacia el futuro, esta misma fuente se muestra escéptica acerca de que dicha tutela vaya a diluirse, incluso si en Washington llegara una administración demócrata más flexible con Venezuela. El problema, sostiene, no tiene que ver con nombres propios —ni Maduro, ni Delcy Rodríguez, ni quien gobierne en Estados Unidos— sino con el petróleo. “Una vez que los dejas entrar, sacarlos es muy difícil”, resume. Frente a ese diagnóstico, se apoya en las tesis del “realismo periférico” como el horizonte más cercano al que puede aspirar hoy Venezuela: no la recuperación plena de la soberanía, sino la construcción paciente de ciertos márgenes de autonomía.
Ese horizonte, sin embargo, se complica todavía más por el contexto regional. Así como en otro momento la región vivía una ola progresista que favorecía procesos como el venezolano, hoy el clima es el inverso: gobiernos como el de Javier Milei en Argentina o los mandatos de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia forman parte de una marea que erosiona las alianzas regionales con las que antes se podía contar para sostener cualquier proyecto de soberanía.
ESCENARIOS A FUTURO
De cara a los próximos meses, hay coincidencia en un punto: el gobierno necesita convocar a un proceso electoral, no dilatar indefinidamente la situación actual. “No creo que haya un plan de darle largas al asunto; el gobierno necesita unas elecciones para legitimarse”, resume uno de los testimonios recogidos. El problema no es tanto la voluntad del oficialismo de ir a las urnas como su capacidad real de reconexión con una sociedad que llega a este momento profundamente golpeada. Aunque en el corto plazo se logre algún grado de recuperación económica —lo que se ve complicado debido a las afectaciones que han dejado los terremotos— esa mejora por sí sola no bastaría para restablecer un vínculo que la última década erosionó a fondo. Lo que la población demanda no es de naturaleza ideológica ni discursiva, sino algo más elemental: salario justo, capacidad de compra, la posibilidad de planificar un futuro más allá de la supervivencia inmediata. Y ahora, en muchos casos, recuperar su vivienda y su vida cotidiana.
En ese contexto, cobra fuerza un escenario que Venezuela ya conoce: el de una oposición que, en vez de capitalizar el desgaste del oficialismo, termina extraviada en un laberinto propio y fragmentada justo cuando más necesitaría mostrarse unida. Ese riesgo se concentra, sobre todo, en la figura de María Corina Machado, cuya vocería como representante opositora no está plenamente reconocida por Estados Unidos —ya sea porque a Washington no le interesa hacerlo, o porque el propio gobierno venezolano ha puesto entre sus condiciones que no negociará con ella—. Más revelador todavía es el giro de tono que atraviesa su discurso: durante veinticinco años sostuvo, con una coherencia sin fisuras, una retórica de confrontación radical, al punto de hablar abiertamente de “horca y fusilamiento” para el chavismo. Hoy, en cambio, apela a la necesidad de “reencontrarnos para la reconstrucción”.
El problema no es tanto la voluntad del oficialismo de ir a las urnas como su capacidad real de reconexión con una sociedad que llega a este momento profundamente golpeada.
Otras figuras opositoras han elegido, desde el inicio, un registro más moderado. Capriles y Ecarri, entre otros, le piden al gobierno de Estados Unidos —de forma suave, comedida— que no sea tan concesivo con las autoridades venezolanas. El caso de Ecarri es el más ilustrativo: preside el grupo de amistad Venezuela-Estados Unidos, mantiene conversaciones frecuentes con John Barrett, el encargado de negocios norteamericano en Caracas (que no tiene rango de embajador), y reclama abiertamente en entrevistas que “el gobierno de Estados Unidos tiene que ayudarnos”.
Frente a este panorama de fragmentación opositora, no habría que descartar, según una de las personas consultadas, que dentro del propio gobierno se estuviera explorando un cronograma electoral escalonado: comenzar, eventualmente, por elecciones de alcaldes y gobernadores para asegurar algunos espacios subnacionales clave, y recién después avanzar hacia una Asamblea Nacional elegida bajo un esquema de representación proporcional. En ese mismo terreno especulativo se inscriben eventuales reformas constitucionales de mayor calado: el retorno a un parlamento bicameral con un Senado de funciones específicas, la eliminación de la reelección o la reducción del período presidencial de seis a cuatro años.
Detrás de estas hipótesis asomaría un objetivo de fondo: preservar al chavismo como una opción política viable, quizás no necesariamente de cara a la próxima elección, pero sí en el mediano plazo. La apuesta, en otras palabras, no sería tanto ganar los próximos comicios como evitar que el movimiento quede reducido a una experiencia agotada, propia de una década que ya pasó.
TENSIONES Y PARADOJAS DE UN PROCESO INÉDITO
¿Qué pasó exactamente el 3 de enero en Venezuela? Es la pregunta con la que abrimos este artículo, y a esta altura podemos responderla con más precisión, aunque no de manera completa. Sabemos, con razonable certeza, lo que ocurrió en el plano fáctico: el secuestro del presidente, los 15 minutos de definiciones bajo bombardeo, la sucesión constitucional. Lo que seis meses de reconfiguración interna y reacomodamiento externo no lograron despejar es la pregunta de fondo, la que sigue sin respuesta definitiva: qué tipo de régimen gobierna hoy Venezuela y hacia dónde va. Lo que sí puede decirse, después de recorrer diferentes dimensiones, es que la respuesta no está en ninguna categoría única, sino en una serie de tensiones que conviven sin resolverse.
La primera de esas tensiones tiene nombre propio: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Siendo la principal derrotada en lo simbólico —no defendió el espacio aéreo ni las fronteras que históricamente debía resguardar—, es hoy, sin embargo, la institución que garantiza la estabilidad que hace posible todo lo demás: la gestión civil, el flujo de inversiones, el orden pese a las protestas sectoriales.
La segunda tensión está dada por un contraste de velocidades. La agenda económica —la reforma de hidrocarburos, los cambios en minería y en el sistema eléctrico— avanza con una celeridad que no tiene correlato en la agenda política, donde los gestos son puntuales y espaciados: una ley de amnistía diseñada unilateralmente, una reunión sobre la reforma del Consejo Nacional Electoral, nada que se parezca todavía a una negociación integral.
…que la respuesta no está en ninguna categoría única, sino en una serie de tensiones que conviven sin resolverse.
La tercera tensión es, quizás, la más dolorosa para el oficialismo: la mejora material no alcanza para reparar una herida política mucho más profunda. La ausencia de movilización popular en enero, en contraste con la respuesta masiva de 2002, es la prueba más clara de un vínculo que las sanciones y los errores propios lograron lastimar con éxito. Reconstruir ese vínculo, admite otra de las fuentes, es una tarea titánica, porque exige al mismo tiempo evidenciar que la responsabilidad del deterioro social no fue solo producto de las presiones externas y volver a ganar una narrativa que hoy está perdida en las calles.
La cuarta tensión remite a la naturaleza misma del régimen. No se trata de un protectorado, porque el gobierno venezolano conserva ciertas áreas de decisión propia. Tampoco estamos ante una transición democrática dirigida, porque la apertura política sigue siendo parcial. El de Delcy Rodríguez es, según coinciden las fuentes, un gobierno tutelado: una figura intermedia que convive con el diagnóstico más crudo y más directo del mandato estadounidense. Y esta es una tutela de la que los venezolanos no esperan que el país se libere fácilmente, ni siquiera con un cambio de administración en Washington, porque lo que está en juego no son nombres propios sino el valor geopolítico del petróleo venezolano.
La quinta y última tensión es interna al propio chavismo, y tiene su espejo en la oposición. Hacia afuera, el oficialismo se muestra cohesionado; hacia adentro, esa cohesión descansa sobre tres niveles —la cúpula, los cuadros intermedios y la militancia territorial— con grados muy distintos de conformidad frente al rumbo tomado. No hay, todavía, nada que pueda llamarse fractura. Del otro lado del tablero, la oposición enfrenta un riesgo simétrico: el de fragmentarse justo cuando más necesitaría mostrarse unida, con una María Corina Machado que ensaya un tono conciliador que, tras años de intransigencia y confrontación abierta, no logra hacer del todo creíble, y otras figuras que disputan el liderazgo.
Lejos de resolverse, estas tensiones funcionan hoy como los resortes de un equilibrio precario. Lo que emerge de este recorrido es un proceso inédito en el que la supervivencia política del oficialismo se juega en un escenario de soberanía severamente restringida por un tutelaje que redefine los márgenes de acción de todos los actores. A casi medio año del 3E, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez parece haber encontrado una fórmula provisoria para sostener la estabilidad política al precio de ceder espacios crecientes en el terreno económico. Que ese equilibrio pueda consolidarse o ingrese en una nueva fase de turbulencias forma parte de una trama cuyo desenlace permanece abierto. 
El de Delcy Rodríguez es, según coinciden las fuentes, un gobierno tutelado: una figura intermedia que convive con el diagnóstico más crudo y más directo del mandato estadounidense.