El pasado lunes 27 de julio, el gobierno de Brasil solicitó formalmente consultas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) con la intención de impugnar los dos aranceles impuestos por Estados Unidos al amparo de la Sección 301 de su Ley de Comercio de 1974.

Esta solicitud de consultas constituye la primera etapa del mecanismo de solución de controversias de la OMC y, de acuerdo con el gobierno brasileño, los nuevos gravámenes afectan exportaciones por 6 mil 600 millones de dólares, equivalentes al 16,5% de las ventas de Brasil a Estados Unidos. Sin embargo, el miércoles 29 de julio, Estados Unidos prorrogó por un año la Orden Ejecutiva 14323, la cual es la base legal para los aranceles adicionales impuestos a productos brasileños, hecho que fue repudiado por las autoridades brasileñas.

Previamente, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, publicó un artículo de opinión en el diario The Washington Post, replicado en sus redes sociales, en el que criticó la política arancelaria de Estados Unidos contra Brasil, al considerar que está basada en motivaciones ideológicas, busca influir en la política y las elecciones brasileñas, además de ser injusta y caer en un error estratégico al perjudicar a la economía estadounidense y a las cadenas de suministro entre ambos países.