El martes 28 de julio, Keiko Fujimori asumió la presidencia del Perú con una composición de gabinete plural: de los dieciocho ministros del equipo liderado por Luis Galarreta, vicepresidente primero y presidente del Consejo de Ministros, solo dos son militantes activos de Fuerza Popular. El resto proviene de otros partidos o no tiene afiliación vigente, y varios habían criticado públicamente al fujimorismo antes de aceptar sus cargos. Galarreta calificó en 2011 al régimen fujimorista de “nefasto en materia de institucionalidad, derechos humanos y corrupción”; el ministro de Cultura Alberto Beingolea sostuvo hace cinco años que al fujimorismo “no le interesa un comino el país”; el ministro de Trabajo Juan Sheput lo acusó de haber “destruido al Perú tres veces”. La diversidad de procedencias revela que Fujimori espera consolidar una coalición más amplia que su partido para gobernar.

En su Mensaje a la Nación, Fujimori anunció que durante los estados de emergencia las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tomarán el liderazgo de las operaciones de seguridad interna “de forma temporal” en coordinación con la policía, sin precisar criterios de activación ni territorios específicos. Prometió una modernización tecnológica de dicha fuerza pública —videovigilancia interconectada, inteligencia artificial para “anticipar y mapear el delito”— y fue explícita en que la lucha contra el crimen organizado irá “desde los cabecillas y sus estructuras económicas”. La oposición se retiró del hemiciclo durante el discurso.

En el nuevo Congreso bicameral, Miguel Torres (Fuerza Popular) resultó elegido presidente del Senado con 30 votos, en una lista que incluyó también a Renovación Popular; pero la oposición se impuso en Diputados, donde Oscar Reto Otero (Buen Gobierno) alcanzó la presidencia con 74 votos. La senadora Mirtha Vásquez calificó la elección senatorial de “manchada” y la comparó con “la época de los 90”, tras identificar votos viciados dentro de las propias filas opositoras.

En cuanto a la agenda legislativa, al día siguiente de la asunción, el Consejo de Ministros discutió el pedido de delegación de facultades legislativas por 120 días en materias que van desde la reforma penitenciaria —con la propuesta de poner los penales en manos de las FF.AA.— hasta la flexibilización laboral (acuerdos individuales sobre vacaciones, gratificaciones y despidos por causas objetivas), la reducción de feriados no laborables y la facultad de crear, fusionar o disolver organismos públicos. Una arista que el gobierno subrayó menos es la reducción de controles ambientales para la minería: el borrador habilita la aprobación automática de instrumentos de gestión ambiental para proyectos fuera del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, limita la participación de organismos regulatorios técnicos y la Autoridad Nacional del Agua en las evaluaciones y aplica silencio administrativo positivo para proyectos de hasta 40 plataformas de perforación, sin análisis de impacto acumulativo.