El gobierno de Keiko Fujimori presentó al Congreso un proyecto para obtener la delegación de facultades legislativas por 120 días en materia de seguridad, economía y reforma del Estado. Bajo la nueva estructura bicameral, la solicitud debe transitar por la Cámara de Diputados y el Senado —con comisiones, plenos y plazos propios en cada cámara—, lo que introduce una doble negociación política y desplaza la resolución hasta mediados de septiembre.
La primera escala del trámite es la Cámara de Diputados, que esta semana concluyó la instalación de su estructura de comisiones con Fuerza Popular (FP) al mando de seis de las más estratégicas: Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales; Relaciones Exteriores; Modernización del Estado; Economía; Educación; y Justicia e Inclusión Social. El partido se aseguró también seis vicepresidencias y seis secretarías, lo que le permite fijar la agenda en los ámbitos legislativos clave. Juntos por el Perú obtuvo cuatro presidencias; Obras, Buen Gobierno y Renovación Popular, dos cada una; y Ahora Nación, una.
Ese mapa de poder no opera, sin embargo, en el vacío. La semana evidenció cómo la judicialización de la política se entrelaza con el posicionamiento de las bancadas. El nombramiento del diputado Harvey Colchado (Ahora Nación) en la Comisión de Ética coincidió en horas con la difusión pública de la acusación en su contra. La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Lima Centro solicitó nueve años y cuatro meses de prisión para el diputado y exoficial de la PNP, imputado por negociación incompatible —en calidad de cómplice— y falsedad ideológica —como autor—, basándose en que en abril de 2021 declaró ante notario tener “ocupación independiente” cuando ya revistaba como coronel en actividad. El requerimiento ingresó al Poder Judicial en julio y se hizo público el miércoles 5 de agosto. Colchado se pronunció en rechazo a la acusación: “No permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política”. La bancada de Ahora Nación respaldó su postura y advirtió que el Ministerio Público no puede ser utilizado políticamente.
El trasfondo de la confrontación se ilumina con el proyecto presentado por el diputado César Holguín —con la firma de Colchado y otros legisladores de Ahora Nación— para derogar el paquete de leyes “procrimen” del Congreso anterior. El conjunto de normas incluye la “Ley Soto” —que redujo a un año el plazo máximo de prescripción penal—, la restricción de la colaboración eficaz a ocho meses, la modificación del tipo de organización criminal, la amnistía a efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas por hechos de 1980 a 2000, y la reforma de la extinción de dominio, que en 2025 impidió recuperar aproximadamente 50 millones de dólares en activos ilícitos, según el Poder Judicial. Si el proyecto avanza, obligará a FP a pronunciarse sobre un andamiaje legal que el fujimorismo mismo construyó en la legislatura anterior.
Ahora bien, la propia propuesta del Ejecutivo viene cargada de controversia más allá del procedimiento. Organizaciones indígenas y ambientales advirtieron que el texto enviado para aprobar la delegación expone las reservas y parques nacionales a cambios regulatorios sin respaldo técnico equivalente al actual. Según el análisis de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el paquete habilitaría exploración y explotación de hidrocarburos en la Amazonía, incorporaría silencio administrativo positivo —que permite aprobar proyectos extractivos automáticamente al vencer los plazos de revisión— y limitaría la consulta previa y las opiniones técnicas de organismos como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Autoridad Nacional del Agua. Esas advertencias ya forman parte del debate que la Cámara de Diputados deberá procesar.
Tomado en su conjunto, el cuadro sugiere que la delegación de facultades es el primer campo de prueba real de la capacidad del gobierno de Fujimori para convertir su triunfo electoral en gobernanza efectiva bajo las nuevas reglas bicamerales. FP llegó con el control de las comisiones estratégicas en Diputados, pero sin la presidencia de esa cámara. La oposición contesta en dos registros simultáneos —rechazo a la judicialización de legisladores opositores y el intento de desmantelar el andamiaje legal que el fujimorismo construyó antes de ser gobierno—, mientras la sociedad civil adelanta posiciones sobre al menos uno de los flancos sensibles del paquete.
