La administración de Donald Trump profundizó su política de reducción de la dependencia tecnológica de China con una nueva serie de aranceles sobre drones y sus componentes. El miércoles 13 de agosto, el presidente estadounidense firmó una proclamación sobre importación de drones que, a partir del 3 de septiembre, fija un arancel adicional del 100% para drones de más de 25 kilos y para aparatos con cámaras térmicas, estaciones de acoplamiento u otros componentes considerados críticos para la seguridad nacional; los drones de hasta 25 kilos quedan sujetos a una tasa del 25%. Otros componentes tendrán también un arancel del 25%, aunque su entrada en vigencia se posterga hasta el 9 de febrero de 2027 para dar tiempo al desarrollo de proveedores estadounidenses. La medida concede límites preferenciales de 15% a la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza y Liechtenstein, y de 10% al Reino Unido, siempre que la mayor parte del hardware, software y tecnología provenga de esos países o de Estados Unidos. China no está incluida entre esas excepciones, por lo que sus productos quedan expuestos a las tasas generales.

La decisión es resultado de un proceso iniciado más de un año atrás. La proclamación se dictó bajo la Sección 232 de la Trade Expansion Act de 1962, que permite restringir importaciones cuando el Departamento de Comercio determina que representan una amenaza a la seguridad nacional. La investigación había sido abierta formalmente el 1 de julio de 2025 y publicada mediante un pedido de comentarios públicos de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), que buscaba evaluar la concentración de importaciones en pocos países y el riesgo de que gobiernos extranjeros usaran el control de la cadena de suministro como herramienta de presión. El trámite se remonta, a su vez, a la orden ejecutiva Unleashing American Drone Dominance (Desatando el dominio estadounidense de los drones), firmada el 6 de junio de 2025, que ordenó priorizar drones estadounidenses en las compras federales e identificar a empresas extranjeras que implicaran riesgos. En diciembre de 2025 la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones) había sumado nuevos drones y componentes fabricados en el extranjero a su lista de equipos vedados, lo que en la práctica bloqueó el ingreso de varios modelos chinos al mercado estadounidense; Beijing respondió el 5 de agosto endureciendo la revisión de licencias para exportar drones, componentes y tecnología hacia Estados Unidos.

El segundo frente de esta política es el cierre de la excepción aduanera de minimis (el mecanismo que permitía importar sin pagar aranceles ni pasar por trámites aduaneros formales los paquetes de bajo valor, generalmente destinados a un consumidor final), que hasta 2025 aplicaba a envíos de hasta 800 dólares y se había vuelto central para el comercio electrónico de plataformas como Shein y Temu. La eliminación de ese beneficio había sido recomendada en el informe sobre política comercial presentado en abril de 2025, y avanzó mediante una serie de órdenes ejecutivas: la primera, firmada el 1° de febrero de 2025 sobre la cadena de suministro de opioides sintéticos procedentes de China, dio paso a la del 2 de abril de 2025, que eliminó efectivamente el beneficio para productos chinos y de Hong Kong desde el 2 de mayo; una tercera orden, del 30 de julio de 2025, extendió la suspensión a todos los países mientras mantenía como fundamento independiente la emergencia declarada respecto de China. La novedad de esta semana es que, el 13 de agosto, la Corte de Comercio Internacional respaldó esa decisión, al concluir que la ley de emergencias económicas (IEEPA) permite al presidente retirar un beneficio comercial existente, aunque no lo autorice a crear aranceles generales nuevos.