Antes de completar su primer mes de gobierno, la presidenta Keiko Fujimori enfrentó tres frentes de presión social simultáneos: una convocatoria sindical de escala nacional, bloqueos de transportistas en cuatro regiones y una alerta de pueblos indígenas sobre el avance del crimen organizado transnacional en la frontera. Ninguno de los tres fue respondido con una política concreta.
La Confederación General de Trabajadores del Perú convocó una movilización nacional en Plaza Dos de Mayo para el 13 de agosto. El motivo central: el proyecto de delegación de facultades legislativas filtrado contradice el discurso del 28 de julio. Pedro Castillo Coronel, secretario general de la CGTP, exigió que la delegación excluya materia laboral y que se decrete el aumento del salario mínimo sin derivarlo al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), donde, dijo, “los intereses empresariales han bloqueado sistemáticamente ese derecho durante décadas”. La movilización del 13 fue la primera marcha nacional desde la toma de posesión de Fujimori.
Por otro lado, en cuatro regiones, los bloqueos de transportistas se prolongaron desde el lunes 10 de agosto. En Ucayali, la carretera Federico Basadre entró en su tercer día de paralización: el diésel duplicó su valor desde marzo; el corte de suministro afectó también el acceso a alimentos en Pucallpa. En Arequipa, el paro dejó 220 mil estudiantes sin clases. Loreto y Puno iniciaron sus propias movilizaciones: Puno le dio un mes de plazo al Ejecutivo para resolver el problema antes de escalar. El gobierno anunció un subsidio temporal para la selva y la reactivación del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, pero sin monto definido ni fecha de implementación.
Un tercer frente emergió desde la Amazonía. Líderes asháninkas de Perú y Brasil alertaron sobre el crimen organizado transnacional en la región fronteriza Ucayali-Acre. A inicios de julio de este año, hombres armados invadieron el territorio indígena Kampa do Rio Amônia, en el lado brasileño, y los líderes advirtieron que la carretera UC-105 (Nueva Italia-Puerto Breu) avanza sin consulta previa y se ha convertido en corredor para el narcotráfico, la tala ilegal y la minería clandestina. Francisco Piyãko, de la Organización de los Pueblos Indígenas del Río Juruá (OPIRJ), fue el más explícito: “No estamos frente a un conflicto local. Estamos frente a la expansión de redes criminales transnacionales”. El gobierno no ofreció una respuesta pública.
Los tres frentes no son independientes entre sí: comparten un diagnóstico de fondo sobre el rol del Estado en las regiones. La CGTP denuncia que el proyecto de delegación de facultades favorece a los empleadores; los transportistas bloquean porque el precio del combustible —insumo básico de la economía informal y regional— subió sin red de contención; y los pueblos indígenas alertan que la presencia estatal en la frontera cede terreno al crimen organizado. Para el gobierno neoliberal de Fujimori las tres demandas plantean una discusión sobre intervención estatal que choca de frente con su propuesta de economía política.
