El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, presentó el miércoles 19 de agosto un balance de las gestiones por los 17 mexicanos fallecidos durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) desde mayo de 2025, en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas. La Cancillería presentó 20 denuncias, ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito, y destinó 24 mil 788 dólares a la repatriación de los restos de siete de las víctimas y a la asistencia de sus familiares. La Fiscalía General de la República sumó una denuncia ante el Departamento de Justicia estadounidense para que se abran investigaciones, transmitida por la Embajada mexicana en Washington. “No buscando un conflicto con los Estados Unidos, simplemente es un tema que nos corresponde como gobierno”, planteó el canciller.
De esas 20 denuncias solo cuatro han recibido respuesta, y varias se limitaron a acusar recibo de la documentación. El fiscal de Florida respaldó la versión del ICE sobre uno de los fallecimientos —el de un joven de 19 años cuya muerte fue atribuida a un suicidio, pese a que testimonios de otros detenidos y un informe forense preliminar apuntaron a un homicidio a manos de los guardias— y descartó una indagatoria adicional. En contraste, los condados de Ventura, Cook y Harris informaron que valorarán acciones. Al menos cuatro de las muertes ocurrieron en el centro de detención de Adelanto, California, operado por la empresa privada GEO Group, sobre la que pesan denuncias por negligencia médica, uso excesivo de la fuerza y hacinamiento. “Queremos que se haga una investigación y, si hubo responsabilidad de algún miembro del gobierno, de ICE o de los privados que cuidan en el centro de detención, que se proceda. Porque son demasiados casos”, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum.
México también llevó el asunto al plano multilateral: el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, respondió la carta mexicana expresando preocupación, transmitió la información al Consejo de Derechos Humanos para su consideración independiente y llamó a las autoridades estadounidenses a realizar investigaciones prontas y a garantizar los derechos de las víctimas. En paralelo, la Cancillería mantiene gestiones ante el Departamento de Seguridad Nacional y el propio ICE por las condiciones en los centros de detención, sostiene tres litigios en California mediante su programa de asesorías legales externas —uno con juicio previsto para el verano de 2027— y anunció que reforzará la presencia consular permanente en esos centros. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recibió además al embajador estadounidense, Ronald Johnson, en la sede de la dependencia, acompañada por el titular del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes, y por la subsecretaria para América del Norte de la Cancillería, Cristina Planter, en un encuentro orientado a fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral bajo una política de “responsabilidad compartida”. Allí pidió que los mexicanos deportados no sean enviados a terceros países: “Respetamos las decisiones que tomen en otros países en política migratoria, pero no compartimos que nuestros connacionales sean trasladados a un tercer país antes de llegar a México, puesto que nosotros los estamos recibiendo de manera directa”, señaló. A la fecha más de 2 mil 300 mexicanos han sido expulsados a destinos como Guatemala, Honduras y Costa Rica.
