El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves 20 de agosto una nueva “ronda de sanciones” contra nueve entidades estatales y tres funcionarios cubanos. Se trata de la sexta ronda de medidas coercitivas unilaterales adoptadas por Washington contra la isla desde que, en mayo de este año, el gobierno estadounidense ampliara el alcance de las llamadas “sanciones secundarias”.

Entre las entidades incluidas aparece, por primera vez, el Ministerio de la Construcción (Micons), encargado de implementar la política estatal en ese sector. La lista también incorpora ocho empresas estatales vinculadas con áreas estratégicas de la economía cubana, como la minería, la industria metalúrgica, el comercio exterior, el transporte y la contratación de trabajadores: Acinox Comercial S.A., ACOREC S.A., Coratur S.A., Transimport, Consumimport, MetalCuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal) y la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, esta última ubicada en Moa, Holguín, y dedicada a la extracción y procesamiento de níquel y cobalto. El níquel constituye uno de los principales productos mineros de exportación de Cuba.

También fueron incluidas MetalCuba, que facilita la importación de productos industriales pesados, incluidos componentes metalúrgicos y determinados combustibles especializados, y Acinox Comercial, dedicada a la importación y exportación de productos metalúrgicos y equipos industriales. Por su parte, Geominsal desarrolla y comercializa recursos minerales y sal, además de prestar servicios técnicos vinculados con estas actividades.

Las medidas alcanzan asimismo a empresas dedicadas al comercio exterior. Coratur gestiona operaciones de importación y exportación y asociaciones con mercados extranjeros; Transimport se encarga de la importación de vehículos, piezas y equipos industriales; mientras que Consumimport comercializa e importa una amplia variedad de productos y materiales. En el caso de ACOREC, la empresa se dedica a la contratación y suministro de trabajadores cubanos para entidades extranjeras que operan en la isla.

Con esta nueva ronda, Washington amplía las restricciones sobre empresas vinculadas con sectores estratégicos de la economía cubana y con actividades relacionadas con la generación de divisas, el comercio exterior y el acceso a bienes, servicios y mercados internacionales.

En paralelo, Washington incluyó en su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) a tres directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP): su presidente, Fernando González Llort; la vicepresidenta primera, Noemí Ramona Rabaza Fernández; y la directora del área de América del Norte, Leima Martínez Freire.

Las nuevas designaciones se producen después de que Estados Unidos incluyera al propio ICAP entre las entidades sancionadas. En la actualización de este jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) añadió además información sobre instalaciones vinculadas con el instituto, entre ellas la Casa de la Amistad, la Casa Memorial Salvador Allende y el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, ubicado en Caimito, Artemisa.

González Llort dirige el ICAP desde 2017 y es uno de los cubanos conocidos como “Los Cinco”, que fueron condenados en Estados Unidos y regresaron a Cuba en diciembre de 2014, durante el proceso de restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana iniciado bajo la administración de Barack Obama.

El Departamento de Estado sostiene que el ICAP utiliza intercambios culturales y educativos para promover “actividades de inteligencia” del gobierno cubano en Estados Unidos. Washington también lo acusa de impulsar redes de apoyo vinculadas con sectores de la izquierda estadounidense.

La inclusión en la lista de la OFAC implica el bloqueo de los bienes y activos que las personas y entidades designadas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense.

Asimismo, ciudadanos y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con los sancionados, salvo que cuenten con una autorización específica del Gobierno de Estados Unidos.

El alcance de las medidas también puede extenderse indirectamente a empresas y bancos de terceros países. La política de “sanciones secundarias” de Washington busca disuadir a entidades no estadounidenses de mantener determinadas relaciones comerciales o financieras con Cuba.

De esta manera, las medidas no se limitan a las operaciones realizadas directamente entre Cuba y Estados Unidos, sino que pueden afectar transacciones internacionales en las que intervengan instituciones cubanas incluidas en las listas estadounidenses.

La Habana condenó las nuevas medidas y sostuvo que tienen como objetivo afectar deliberadamente la economía y la capacidad del Estado para garantizar servicios básicos. El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que el “único delito” de las entidades y funcionarios sancionados es “servir a Cuba, enfrentando el bloqueo genocida”. “Sabremos resistir y vencer. Y EE.UU. quedará en la vergonzosa lista de genocidas”, afirmó.