La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó convocar de manera urgente una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para abordar la situación política en Nicaragua, aunque la fecha del encuentro todavía no ha sido definida. La resolución fue adoptada luego de que el presidente Daniel Ortega anunciara que el país no volverá a celebrar elecciones en los términos tradicionales.

La decisión fue adoptada el 19 de agosto por el Consejo Permanente de la OEA, reunido en Washington, con 29 votos a favor, uno en contra —de Brasil— y la abstención de México. La convocatoria constituye el mecanismo previsto por el organismo para abordar asuntos considerados urgentes y de interés común entre los Estados americanos. La resolución establece el “nivel más alto de consulta diplomática al alcance” de la organización.

Durante su conferencia matutina del jueves 20 de agosto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum justificó la posición de su gobierno al señalar que se trata de una cuestión vinculada con el principio de autodeterminación de los pueblos y con los fundamentos constitucionales que rigen la política exterior mexicana. La mandataria remarcó que la posición de México responde a principios de soberanía, autodeterminación y no intervención.

La convocatoria de la OEA se produce después de las declaraciones de Ortega sobre el futuro de los procesos electorales en Nicaragua. El 19 de julio, durante el acto central por el aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, el presidente afirmó que en el país no volverá a haber elecciones supervisadas o influenciadas por Occidente, a las que calificó como “herramientas de injerencia extranjera y plataformas para golpistas”.

Durante el acto realizado en Managua, el mandatario afirmó: “¡Que se olviden! Aquí no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos [partidos políticos opositores] atrapar el Gobierno, atrapar el poder”. Asimismo, sostuvo que el país debía dotarse de una estructura capaz de establecer una “barrera” legal definitiva frente a sectores opositores que, según el Gobierno, reciben financiamiento desde el exterior.

A finales de julio, la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), formalizó un paquete de reformas constitucionales y electorales que modifica el sistema electoral del país.

Entre las propuestas se encuentra la ampliación de seis a siete años del período presidencial, con posibilidad de renovación. El nuevo esquema también alcanzaría a otros cargos de elección popular y a puestos vinculados con instituciones del Estado, las fuerzas de seguridad y el Ejército. Las reformas plantean además restricciones para la participación política de personas consideradas por el Gobierno como responsables de “traición a la patria”. Estas disposiciones afectarían a dirigentes opositores, activistas y ciudadanos acusados de promover sanciones o acciones contra Nicaragua desde el exterior.

Otro de los ejes de la reforma es la consolidación del modelo de copresidencia, integrado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. El nuevo marco institucional profundiza el papel de la copresidenta dentro de la estructura del poder y establece mecanismos para la continuidad del modelo político vigente.

El Gobierno nicaragüense rechazó la iniciativa de la OEA y calificó la convocatoria como una nueva acción de injerencia extranjera. Rosario Murillo cuestionó al organismo regional y arremetió contra sectores de la oposición radicados en el exterior, a quienes calificó de “mercenarios”, “traidores” y “lacayos de los imperios”. Sectores opositores organizados en Costa Rica y Estados Unidos celebraron la resolución de la OEA como una victoria diplomática y sostienen que una eventual reunión de cancilleres podría aumentar el aislamiento internacional del gobierno de Ortega.

En paralelo, sectores del Partido Republicano vinculados a Florida impulsan en el Congreso estadounidense una extensión de la NICA Act hasta 2035, lo que ampliaría el horizonte temporal de las medidas de presión contra Managua. La legislación, cuyo nombre completo es Nicaraguan Investment Conditionality Act, fue aprobada en 2018 y constituye uno de los principales instrumentos utilizados por Estados Unidos para condicionar determinadas inversiones y ejercer presión económica y política sobre el gobierno nicaragüense.