El jueves 20 de agosto, el primer ministro Luis Galarreta y su gabinete se presentaron ante la Cámara de Diputados para exponer la política general del gobierno de Keiko Fujimori. Fue la primera comparecencia ministerial desde el retorno a la bicameralidad —suprimida 34 años atrás— y, por efecto de la reforma constitucional que restableció las dos cámaras, el gabinete ya no está obligado a solicitar el voto de confianza del Congreso: expone su programa y continúa su gestión.

El eje central del discurso fue la seguridad. Galarreta anunció la construcción de penales de alta seguridad para los internos más peligrosos y el uso de cuarteles de las Fuerzas Armadas en desuso para alojar a condenados por delitos menores; prometió cuadruplicar los grupos especializados de búsqueda y rescate para el final del quinquenio y recuperar las capacidades operativas del Sistema de Inteligencia Nacional. El telón de fondo de esta presentación, sin embargo, no respaldaba los anuncios del premier. En efecto, el Plan Escudo —lanzado al inicio del gobierno con el despliegue de más de cuatro mil policías y militares para frenar las extorsiones en el transporte— no había cambiado la percepción de inseguridad en la ciudadanía, ni logrado mayores avances. En tres semanas de gobierno, el Sistema de Información de Defunciones registraba 121 homicidios, 93 con armas de fuego, y los gremios de transporte tenían anunciado un paro para el martes 25 de agosto.

Los seis hitos presentados como claves del plan de gobierno configuran un programa que intenta cubrir múltiples frentes en simultáneo. En materia económica, Galarreta anunció la revisión de exoneraciones tributarias a grandes empresas, el aumento del salario mínimo a un equivalente de 388 dólares y la meta de concretar durante 2026 el Tratado de Libre Comercio con Hong Kong para consolidar la inserción del Perú en Asia-Pacífico. Sobre el Fenómeno El Niño, el premier reconoció llegar tarde en la prevención y prometió que “será la última vez”. En el plano institucional, los ejes del discurso y la incógnita que el plan dejó sin resolver giraron en torno al alcance de la delegación de facultades legislativas —que el premier prometió presentar en 22 días—, para la que Galarreta descartó usar la cuestión de confianza para forzar su aprobación y propuso explicar el proyecto bancada por bancada.

El debate que siguió al discurso concentró sus críticas más duras en el ministro del Interior, César Astudillo, por su decisión de mantener al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, en el cargo. El cuestionamiento fue transversal: desde la oposición, el diputado Harvey Colchado afirmó que “el incremento del crimen tiene un nombre: comandante general Óscar Arriola”; desde la bancada aliada, Renovación Popular, la diputada Norma Yarrow fue directa: “No sé qué hace usted con el general Arriola, un general que ha sido cuestionado por el mismo grupo de militares y policías. Reflexione usted”. Juntos por el Perú calificó al equipo ministerial de “gabinete de reciclados” y recordó que el fujimorismo fue uno de los actores centrales de la inestabilidad institucional que el premier se presentó a diagnosticar.

El plan de gobierno presentado ante el Congreso dejó más críticas que halagos, y dos escenarios que Fujimori tendrá que vigilar muy de cerca. Primero, la credibilidad y paciencia ciudadana ante su plan de seguridad, problemática señalada como prioritaria por la sociedad. Segundo, el posicionamiento del embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, en rechazo a que el Perú siga construyendo vínculos comerciales con Asia, a propósito del anuncio de la firma del TLC con Hong Kong. Puede que en este período la inestabilidad política no provenga del Congreso, pero eso no quiere decir que la gobernabilidad esté garantizada para la actual presidenta.