La relación comercial entre Canadá y Estados Unidos entró en su fase más tensa en más de un año. Las negociaciones bilaterales, que venían de un ida y vuelta desde julio del 2026, se quebraron en la noche del pasado viernes 21 de agosto, horas antes del vencimiento del plazo impuesto por Washington. A partir de la medianoche, Estados Unidos impuso aranceles del 50% sobre cerca de 28 mil millones de dólares canadienses en productos canadienses (aproximadamente 20 mil millones de dólares estadounidenses), que alcanzan desde lácteos y bebidas alcohólicas hasta cemento, equipamiento de hockey y prendas de vestir. Mark Carney atribuyó la ruptura a exigencias de último momento por parte de los negociadores estadounidenses, a las que calificó de no económicas e injustas.
El primer ministro anunció el sábado 22 de agosto que Canadá responderá con contraaranceles que igualarán dólar por dólar las medidas estadounidenses a partir del 8 de septiembre. Los rubros alcanzados incluyen acero, lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, celulosa y papel, y electrónicos, además de bienes ya sujetos a los aranceles estadounidenses bajo la Sección 232 y 338 de la Ley de Expansión Comercial. Tres días después, el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, precisó que la respuesta será “dólar por dólar, arancel por arancel”: Ottawa aplicará gravámenes del 15%, 25% y 50% sobre las importaciones estadounidenses. El gobierno anunció además un paquete de 7 mil 500 millones de dólares canadienses (aproximadamente 5 mil 420 millones de dólares estadounidenses) en nuevas medidas de apoyo para empresas y trabajadores afectados por los aranceles.
La respuesta política interna muestra matices provinciales. En Ontario, cuya producción concentra buena parte de la industria del acero canadiense, el premier Doug Ford respaldó la postura de Carney y la intendenta de Hamilton, Andrea Horwath, pidió a los gobiernos federal y provincial sostener a los trabajadores del sector frente a la incertidumbre. En cambio, la premier de Alberta, Danielle Smith, se convirtió en la principal voz disidente entre los mandatarios provinciales: pidió a Ottawa volver a la mesa de negociación antes de que entren en vigor los contraaranceles, calificó las exigencias estadounidenses de insostenibles pero advirtió que la escalada arancelaria “aumenta los costos, interrumpe las cadenas de suministro y presiona a empresas y trabajadores”.
Del lado estadounidense, el representante comercial Jamieson Greer señaló que no había nuevas conversaciones programadas con Canadá y puso en duda una reanudación del diálogo en el corto plazo, al tiempo que anticipó nuevas medidas de Washington en respuesta a los contraaranceles canadienses. Trump, por su parte, acusó a Canadá de querer “los beneficios de ser un estado sin serlo” y justificó su política arancelaria señalando que, según él, Ottawa ha aplicado durante años elevados gravámenes a los productores agrícolas estadounidenses. La escalada se trasladó también al plano simbólico: después de anunciar el 25 de agosto que evaluaba rebautizar el lago Ontario como “Lake America”, Trump firmó dos días después una orden ejecutiva para adoptar ese nombre en el uso oficial del gobierno federal estadounidense, una decisión que Canadá rechazó y que no modifica la denominación internacional del lago.
