La Corte Suprema levantó el lunes 24 de agosto uno de los principales obstáculos judiciales al decreto de Donald Trump sobre el voto por correo, en una decisión de 6 a 3 que favoreció a la administración sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la medida. En Estados Unidos no existe un sistema federal único: cada estado determina quién puede votar por correo, cómo se solicita la boleta y cómo debe devolverse. El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) funciona principalmente como transportista. La orden ejecutiva de Trump y la posterior regla postal introducen nuevos requisitos federales, entre ellos códigos de barras específicos para las boletas y la obligación de que las autoridades electorales remitan previamente determinados datos de los votantes al sistema postal.

La Corte Suprema suspendió el bloqueo que protegía a 23 estados y al Distrito de Columbia porque consideró que la demanda había sido presentada demasiado pronto: cuando comenzó el litigio, el USPS todavía no había aprobado una regulación definitiva. El fallo dejó abierta la posibilidad de una nueva impugnación una vez que existieran reglas concretas. En disidencia, Sonia Sotomayor señaló que la decisión no resolvía si la intervención presidencial en la administración electoral era legal.

Ese escenario cambió tras la publicación de la regla final del USPS. El jueves 27 de agosto, la jueza federal Indira Talwani volvió a suspender temporalmente sus disposiciones centrales por 14 días, al considerar que el servicio postal probablemente excedió la autoridad que le otorgó el Congreso y que los nuevos requisitos podían alterar el proceso electoral a pocas semanas de la votación. Talwani advirtió además que varios estados ya habían impreso sus boletas y carecían de tiempo y recursos para adaptar sus sistemas. La jueza fijó una audiencia para el 3 de septiembre, un día antes de que Carolina del Norte comience a enviar sus primeras boletas, por lo que el litigio podría regresar rápidamente a instancias superiores.