Abelardo de la Espriella muestra un cambio radical en la política de seguridad frente a los grupos armados y las organizaciones criminales, con una estrategia centrada en el fortalecimiento de la Fuerza Pública, las operaciones militares, las capturas y la extradición. La renovación de la cúpula militar y policial formalizada el 26 de agosto de 2026 representa el componente institucional de ese giro. El gobierno plantea que esta nueva conducción deberá recuperar la presencia estatal en los territorios afectados por estructuras armadas y fortalecer la capacidad operacional. Complementando estos lineamientos anunció el desmonte de la denominada “Paz Total” como uno de los ejes de su política de seguridad.
El componente operativo comenzó incluso antes de la formalización de la nueva cúpula. Durante los primeros 12 días de gobierno se produjeron alrededor de 13 operaciones contra grupos armados, con bombardeos, capturas y enfrentamientos. La ofensiva también generó respuestas violentas de las organizaciones ilegales, con ataques mediante drones, explosivos y hostigamientos contra la Fuerza Pública. Comunidades de zonas como Cauca denunciaron afectaciones derivadas de los combates y bombardeos. Hasta el momento se conocen cuatro uniformados muertos y tres policías de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) secuestrados.
El segundo bombardeo del gobierno, ejecutado el jueves 27 de agosto en una zona rural de El Retorno, Guaviare, profundizó esa orientación. La denominada Operación Amón fue dirigida contra campamentos vinculados al Bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente a las disidencias asociadas a alias Calarcá. El balance informado por el gobierno registró ocho integrantes de la estructura muertos y la incautación de armamento. La operación combinó el ataque aéreo con el posterior ingreso de unidades terrestres.
El gobierno anunció que los responsables de actividades vinculadas al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado serán perseguidos por las instituciones nacionales y la cooperación internacional, particularmente con Estados Unidos. Esta orientación se refleja en la captura de Luis Saúl Pérez Nieto, alias Nairobi o Páez, señalado como cabecilla del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias Niño Guerrero. La captura se produjo en Bogotá, después de una investigación de siete meses en la que participaron autoridades colombianas, estadounidenses y peruanas. Tras la captura, el director de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, felicitó públicamente al presidente De la Espriella y a la Policía colombiana, calificando el operativo como un ejemplo de cooperación entre ambos países.
El episodio se produjo en un contexto de fortalecimiento de la coordinación entre Bogotá y Washington contra el narcotráfico y el crimen organizado, sumado a la incorporación del Comando Sur en la frontera con Ecuador. En esa línea comienza el proceso de extradición de dirigentes que integraban los acuerdos de la “Paz Total”. El caso de los integrantes de Comandos de Frontera concentrados en Putumayo aparece como el primero de los puntos sensibles de esta transición.
