Al completar su primer mes en el gobierno, la administración de Keiko Fujimori exhibe un patrón de “apaga fuegos”: reacción rápida ante las crisis pero sin ruta de gobierno definida. Los tres compromisos centrales asumidos el pasado 28 de julio —facultades delegadas, duplicación de Pensión 65 y una agenda de seguridad— llegaron al mes con retrasos, postergaciones o redefiniciones de plazo.
La respuesta de mayor envergadura del período fue declarar en emergencia Lima y Callao por 60 días mediante decreto supremo. La medida restringió cuatro derechos constitucionales —inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales—, estableció un Comando de Coordinación Operativa Unificada presidido por el comandante de la Policía con apoyo de las Fuerzas Armadas, e incluyó intervenciones en centros penitenciarios con apagones eléctricos y retiro de antenas ilegales. La declaración convierte la seguridad en el principal terreno de decisión del mes, pero lo hace mediante un régimen de excepción antes que como política institucional sostenible.
Las crisis del período —paro de transportistas en Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna; lluvias en Lima; huaicos en Arequipa; y el terremoto de magnitud 7,2 en Ayacucho— absorbieron la agenda ejecutiva y generaron respuestas costosas. Es el caso del subsidio focalizado del 15 al 20% sobre el precio del diésel con vigencia de tres meses para los transportistas. El balance sobre las cinco crisis propuesto por los analistas coincide en el diagnóstico: el gobierno gestiona de manera reactiva sin consolidar una agenda propia. La señal más precisa de la brecha entre la promesa inaugural y el primer mes llegó con Pensión 65, el programa estatal que otorga una subvención económica a adultos mayores en situación de pobreza extrema. El 28 de julio, Fujimori anunció ante el Congreso: “Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65.” Al mes exacto, posterga la medida para el 2027 y las mejoras al programa quedan condicionadas al desempeño futuro del ministro de Economía, sin fecha concreta ni fuente de financiamiento.
Las facultades delegadas concentran la principal prueba institucional del segundo mes y un elemento clave para ver si la presidenta puede consolidar el rumbo de su gobierno. El proyecto —también anunciado a fines de julio y postergado al menos cinco veces— fue aprobado en el Consejo de Ministros el pasado jueves 27 de agosto para ser remitido al Congreso. El gobierno quiere 120 días para legislar en seis materias (seguridad, medianas y pequeñas empresas, empleo, desarrollo productivo, tributario y simplificación), sin incluir la fusión de ministerios. La expresión del ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, al salir de Palacio, sin embargo, sugiere que Fujimori no tiene asegurado lo que pide: “Esperamos que tengan la amabilidad de concedernos lo que ellos puedan concedernos”.
