El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la firma de lo que calificó como «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial«, mediante el cual Washington asume el control mayoritario sobre 17 campos estratégicos que albergan 65 mil millones de barriles de las reservas probadas de crudo en Venezuela. El pacto, sin coste directo para el contribuyente estadounidense —según las palabras del mandatario— fue negociado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en coordinación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la participación de operadores privados. Según los detalles trascendidos, el acuerdo contempla una inyección de más de 100 mil millones de dólares estadounidenses en inversión extranjera privada para reactivar la colapsada infraestructura energética venezolana, proyectando una recaudación fiscal superior a los 209 mil millones de dólares para Caracas, y la promesa de abastecer masivamente el mercado estadounidense para reducir el precio de la gasolina.
El acuerdo podría entenderse como una expresión del reordenamiento de poder en el hemisferio tras la intervención ilegal de Estados Unidos en Venezuela a inicios del presente año. La decisión del Palacio de Miraflores representa al mismo tiempo un paso crítico hacia el desmantelamiento de las políticas de nacionalización de la era del presidente Hugo Chávez. Para la Casa Blanca, la urgencia de cerrar este pacto responde a factores tanto globales como domésticos: la guerra de seis meses con Irán ha estrangulado una quinta parte de la oferta mundial de petróleo, mermando drásticamente las reservas estratégicas de Washington a niveles no vistos desde los años ochenta. Cercanos a las elecciones intermedias de noviembre y la presión popular por la inflación, el control sobre la cuenca venezolana le otorga a Washington un amortiguador energético efectivo bajo la doctrina America First. No obstante, se espera que el acuerdo genere fricciones políticas internas en Venezuela, donde sectores del propio chavismo y la oposición se oponen a iniciativas que impliquen la pérdida de soberanía sobre el principal recurso de la nación.
