El martes 1 de septiembre, ocho expresidentes de Costa Rica hicieron pública una declaración conjunta en la que alertaron sobre lo que consideran un deterioro de la libertad de prensa y la libertad de expresión en el país.

La declaración se produjo en el marco de la visita a San José de una misión conjunta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que acudió al país para documentar denuncias relacionadas con agresiones verbales contra periodistas, una retórica gubernamental confrontativa hacia los medios e intentos de restringir el acceso a la información.

Los exmandatarios señalaron como motivo de “reflexión y preocupación” el hecho de que organismos internacionales como la SIP y el CPJ estén realizando actualmente labores de monitoreo en Costa Rica, un país históricamente reconocido por sus estándares democráticos y sus niveles de libertad de prensa.

El pronunciamiento se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y sectores de la prensa costarricense. Desde el Ejecutivo y sus sectores afines se ha cuestionado la postura de los exmandatarios, a quienes presentaron como parte de la “vieja clase política” en alianza con los medios tradicionales. Asimismo, el oficialismo señala que reivindica el derecho del gobierno a responder a las críticas y cuestiona lo que considera un “monopolio de la verdad” por parte de los medios de comunicación.