El presidente Javier Milei anunció el jueves 3 de septiembre, en un mensaje de 15 minutos por cadena nacional emitido desde el Salón Blanco de la Casa Rosada y acompañado por todo su gabinete, un paquete de medidas para reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas. «Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto», abrió el mandatario, antes de sostener que el Estado tiene la obligación de emplear «todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles» para defender ese reclamo y los recursos naturales del Atlántico Sur.

Lo central del anuncio fue la construcción de una Base Naval Integrada en el Puerto Oriental de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, donde ya se asienta el Comando del Área Naval Austral, con el objetivo declarado de ampliar las capacidades de telecomunicaciones y convertir al país en «un polo logístico central del Atlántico Sur». La obra se financiará con una reasignación de recursos al Ministerio de Defensa oficializada en la madrugada del viernes 4 de septiembre mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026.

Ese mismo viernes, la Cancillería anunció que iniciará procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por presuntas actividades ilegítimas de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas, categorizadas como «licenciatarias ilegítimas» bajo la ley 26.659. La nómina alcanza a las petroleras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, a sus accionistas en el Reino Unido, Israel y Canadá, y a proveedores de infraestructura como la firma británica Noble Corporation. El decreto reglamentario que acompañó el anuncio ordena además a los organismos estatales remitir a la Cancillería la información sobre incumplimientos legales, e incorpora declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El Poder Ejecutivo enviará al Congreso, además, un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que modifica la ley 26.659 para endurecer las sanciones y extender sus consecuencias penales y administrativas a las empresas que presten servicios a quienes exploten hidrocarburos en la plataforma continental argentina. El texto crea también un Consejo de Seguridad Nacional, encargado de definir la política en la materia y garantizar su aplicación transversal, y establece un régimen de protección de infraestructuras críticas junto con un marco de protección aeroespacial y marítima. Milei pidió que ñas carteras de Defensa, Inteligencia, Cancillería y Economía actúen de manera coordinada, en una definición de seguridad nacional que abarca «los recursos estratégicos, la economía, la infraestructura crítica y la capacidad de decidir nuestro propio futuro».

El detonante declarado es el proyecto Sea Lion, el yacimiento offshore que Navitas Petroleum, de Israel, con el 65% del negocio, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, con el 35% restante, desarrollan a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago y a 450 metros de profundidad. Descubierto en 2010, el campo cuenta con reservas probadas y probables de 314 millones de barriles, una producción proyectada de 50 mil barriles diarios mediante más de 60 pozos submarinos y el inicio de la producción previsto para marzo de 2028. «Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar», advirtió el presidente. El antecedente sancionatorio ya existía: Rockhopper fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en el país durante 20 años mediante la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía, y Navitas recibió una sanción equivalente en 2022. Milei explicó además que la Cancillería había enviado unas 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados a proyectos en las islas.

El anuncio llegó tres días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, abriera la puerta a modificar la posición histórica de su país en la disputa. Consultado el lunes 31 de agosto en el Salón Oval, respondió que «siempre reviso todas las posiciones» y que esa era «apenas una entre muchas». Era la primera vez que se pronunciaba públicamente sobre el asunto. Según el diario británico The Telegraph, el trasfondo es una presión sobre Londres para que los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) eleven al 5% de su PIB la inversión en defensa. El Departamento de Estado reiteró que su posición «sigue siendo de neutralidad» y que reconoce la administración de facto del Reino Unido sobre las islas sin tomar partido por ninguno de los reclamos. El jueves 3 de septiembre, en una entrevista con la cadena GB News, Trump volvió sobre el tema: evocó la guerra de 1982 —»ustedes se comportaron muy bien, las recuperaron con bastante firmeza, pero eso ya quedó muy lejos»— y se mostró crítico con el Reino Unido por no haber colaborado en la guerra con Irán.

Londres desestimó las declaraciones. Un portavoz del primer ministro Andy Burnham sostuvo que los habitantes de las islas «son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro», y el secretario de Hacienda, John Healey, despejó los rumores sobre supuestas directivas de la Casa Blanca: «Son británicas y seguirán siendo británicas». Los especialistas consultados por La Nación coincidieron en que un giro estadounidense tendría escaso efecto práctico. El exembajador ante las Naciones Unidas Ricardo Lagorio sostuvo que, mientras el Reino Unido no acepte negociar, no habrá modificaciones de hecho, y advirtió que los dichos de Trump podrían endurecer la posición británica.