En el marco del acercamiento en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, el miércoles 16 de septiembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó la decisión de retirar a Venezuela de la lista de países que incumplirían, según Washington, con sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico. En este listado, construido de manera unilateral por Estados Unidos, se contempla el incumplimiento demostrable de las obligaciones derivadas de acuerdos internacionales en la lucha contra las organizaciones narcocriminales.
Según consta en la resolución publicada por el Departamento de Estado, Venezuela ha dado pasos positivos bajo la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con una creciente cooperación para la eliminación de reconocidos criminales del denominado Tren de Aragua, en referencia a la operación conjunta para la baja del cabecilla de dicha organización Héctor Rusthenford Guerrero Flores.
Por otro lado, el mismo miércoles 16 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General 5Z —en sustitución de la Licencia 5Y del 3 de agosto—, la cual prorroga hasta el 5 de noviembre de este año la protección legal sobre las acciones del complejo venezolano Citgo Petroleum Corp. Esta resolución suspende la ejecución de las garantías del bono PDVSA 2020, salvo que el gobierno estadounidense indique lo contrario. Esto impide que los acreedores tomen el control de los activos venezolanos.
En 2019, el gobierno de la primera administración de Trump reconoció al gobierno del autoproclamado presidente Juan Guaidó, legitimando la designación de una junta directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA) paralela al chavismo. En 2020, tras el impago de los servicios de deuda por parte de esta junta, los tenedores de bonos intentaron ejecutar las garantías de pago en los tribunales estadounidenses, procurando tomar la mayoría accionaria del complejo industrial y comercial. Durante estos años se vienen llevando a cabo los procesos judiciales mientras los activos de la empresa se encuentran bajo resguardo estadounidense, más allá de ser una empresa venezolana.
