La escasez de combustible sigue siendo un foco de alta conflictividad. Aunque el gobierno logró un acuerdo con el transporte interprovincial de La Paz para garantizar el suministro de diésel y gasolina, el conflicto se trasladó al ámbito de la infraestructura vial. Durante una reunión con el Ejecutivo, los dirigentes transportistas exigieron la renuncia del presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), haciendo que éste descendiera de la testera del evento como señal de rechazo.

Además, los productores agrícolas de distintas regiones se declararon “desesperados” por la falta de diésel y propusieron pagar el combustible al precio internacional, si con ello se garantiza un abastecimiento continuo para las tareas de siembra y cosecha. Este planteamiento revela la magnitud de la crisis.