En el marco del caso “Liga2” la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló cargos por presunta asociación ilícita contra los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga y Yadira Saltos, así como contra la actual consejera Nicole Bonifaz. Todas sus candidaturas al Consejo fueron impulsadas por la Revolución Ciudadana (RC).

La acusación se basa en conversaciones extraídas del celular de Verduga, que revelarían intentos de manipular el sistema judicial y de influir en la conducción de la Superintendencia de Bancos. Verduga ha negado las acusaciones, clasificándolas de «chismes» y atribuyéndolas a una persecución política por desafiar a la banca privada. ​

Por su parte, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aprobó la recolección de firmas para la revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, miembro de la RC. El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregará los formularios correspondientes en un plazo de 15 días. Muñoz reaccionó a esta decisión en la plataforma X, manifestando que su compromiso con Quito no se detendrá por «la política de odio» ni por «unos pocos mamarrachos».

En el mismo período, la ministra de Energía, Inés Manzano, advirtió sobre posibles sabotajes al sistema de agua de Quito, basándose en informes de inteligencia que indican que, tras el derrame de crudo en Esmeraldas, podrían ocurrir acciones similares en Papallacta, afectando el suministro de agua potable en la capital. El alcalde Muñoz calificó estas declaraciones de «sensibles e irresponsables» y solicitó la militarización del sistema de agua de Papallacta para garantizar su seguridad.