El jueves 3 de abril, el Tribunal Constitucional (TC) de Chile destituyó a la senadora Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende y figura emblemática del Partido Socialista (PS). La decisión, tomada por ocho votos contra dos, se basó en la supuesta infracción constitucional cometida por la parlamentaria al participar en la frustrada venta de la casa de su padre al Estado. El gobierno de Gabriel Boric había impulsado la compra para convertir la residencia en un museo que honrara el legado del líder socialista, pero el proceso terminó siendo objeto de controversias legales y políticas. En el marco de esta causa, también cayó Maya Fernández Allende, nieta del expresidente, quien renunció al Ministerio de Defensa el pasado 10 de marzo.

La destitución de Isabel Allende no solo marcó el fin de una carrera política de 31 años en el Parlamento, sino que también expuso las tensiones internas del oficialismo chileno. La alianza entre el Frente Amplio (FA) y el PS, que ya enfrentaba problemas estructurales, se vio aún más debilitada tras este episodio. Según analistas políticos, el hecho simboliza una fractura profunda entre ambas fuerzas, que han tenido dificultades para consolidar un proyecto común. Mientras el FA ha privilegiado una lógica de pureza ideológica y protagonismo político, el PS ha asumido un rol secundario en nombre de una unidad que ha resultado ser más simbólica que efectiva.

La destitución generó reacciones inmediatas en el ámbito político. Carolina Tohá, candidata presidencial del Partido por la Democracia (PPD) y exministra del Interior, lamentó la decisión del TC y destacó la trayectoria intachable de Isabel Allende. Sin embargo, dentro del PS crece un ánimo complejo hacia el FA, lo que podría complicar las negociaciones parlamentarias y las primarias oficiales. Este evento pone en duda la viabilidad de la coalición gobernante y plantea interrogantes sobre su capacidad para enfrentar los desafíos políticos y sociales en un contexto marcado por fragmentación e incertidumbre.