Perú fue testigo de una intoxicación masiva de más de 60 escolares en la región Piura, como consecuencia del consumo de alimentos distribuidos por el programa estatal Wasi Mikuy. A raíz de este grave incidente, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social declaró en emergencia el programa y suspendió su ejecución en todo el país, mientras se lleva a cabo una investigación para identificar responsabilidades. Este episodio ha reactivado el debate sobre la calidad de la gestión pública en programas sociales.
Este hecho se suma a un contexto general de descontento social frente al manejo gubernamental, especialmente en materia de seguridad ciudadana. Esta semana, padres de familia de distintos distritos de Lima se movilizaron en las calles exigiendo al Gobierno acciones inmediatas contra las mafias de extorsionadores que vienen amenazando la integridad de estudiantes, docentes y directivos escolares.
