El panorama electoral se encuentra atravesado por una combinación de fragmentación política, conflictos judiciales y denuncias de manipulación institucional. A menos de cuatro meses de las elecciones generales del 17 de agosto, se han registrado 13 candidaturas presidenciales, muchas de ellas inscritas a través de “partidos prestados”, lo que pone en evidencia la precariedad organizativa de varias fuerzas políticas y el debilitamiento de las estructuras tradicionales. El resultado aparece como el más incierto en dos décadas, con un electorado dividido y sin una candidatura dominante.

En este contexto, el expresidente Evo Morales confirmó que cuenta con un instrumento político denominado “Evo Pueblo” con el que participará en las elecciones. Según confirmó su entorno, inscribirá personalmente su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral en los próximos días.

No obstante, el relanzamiento electoral de Morales se vio opacado por la reapertura en Argentina de una causa judicial por presunto abuso de menores, basada en denuncias realizadas durante su anterior exilio en Buenos Aires. Paralelamente, en Bolivia, una jueza de Beni anuló una orden de aprehensión en su contra. El fallo fue duramente criticado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien advirtió que esta decisión “permite que procesados por pedofilia se burlen de la justicia”.

La situación escaló aún más cuando se conoció que la jueza María Moreno, autora del fallo, viajó a La Paz tras dictar su resolución y se estima que salió del país. La Policía confirmó el movimiento y el Consejo de la Magistratura abrió una investigación disciplinaria, lo que añade tensión institucional y refuerza las acusaciones de uso político del sistema judicial.