Esta semana, las manifestaciones continúan en Panamá. Se trata de la mayor protesta hasta la fecha contra un acuerdo de seguridad firmado con Estados Unidos durante la visita del secretario de Defensa, Pete Hegseth. El pacto otorga a tropas y “contratistas” estadounidenses acceso a instalaciones estratégicas aéreas y navales en Panamá, generando preocupación por una posible vulneración de la soberanía nacional. La protesta, encabezada por estudiantes universitarios, reunió también a sindicatos, docentes y colectivos sociales que exigen la derogación del acuerdo.

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, defendió el memorando de entendimiento afirmando que no implica cesión de soberanía ni viola la Constitución nacional. Sin embargo, también cuestionó el manejo mediático del tema por parte del gobierno estadounidense y lamentó los comentarios provocadores de Trump, a la vez que subrayó la necesidad de cooperación internacional en materia de seguridad.

Las protestas también coinciden con una huelga nacional en rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), que busca reformar el sistema de pensiones. Desde el 23 de abril, docentes del sector público mantienen un paro indefinido, al que se han sumado farmacéuticos, médicos y trabajadores de la construcción. A esto se suma el rechazo a la posible reactivación de una mina operada por la empresa canadiense First Quantum, cuya concesión había sido declarada inconstitucional.

El presidente José Raúl Mulino, quien asumió el poder el 1 de julio de 2024, enfrenta así un creciente descontento social a menos de un año de su gestión. Mientras el Ejecutivo intenta defender sus decisiones como parte de una estrategia de seguridad y estabilidad económica, los manifestantes exigen respeto a la soberanía nacional, transparencia en los acuerdos internacionales y políticas sociales que respondan a las verdaderas necesidades del pueblo panameño.