La candidatura presidencial de Andrónico Rodríguez ha sido confirmada esta semana, con una articulación de apoyos territoriales y sociales. Considerado durante años el “delfín político” de Evo Morales, Rodríguez aceptó postularse, consolidando así su ruptura tanto con el expresidente como con el presidente en funciones, Luis Arce.
Sectores sociales como los campesinos de La Paz y la organización de los Ponchos Rojos, liderada por Mamani, anunciaron su respaldo a Rodríguez, destacando su rol como dirigente “joven y renovador”. Los Ponchos Rojos convocaron además a una proclamación para el sábado 10 de mayo, con el objetivo de fortalecer su base de apoyo rural y altiplánica.
Pese a estos respaldos, el senador Leonardo Loza, vinculado al ala evista del MAS, advirtió que “las bases sabrán juzgar” la decisión de Andrónico, en un mensaje que refleja el malestar de las organizaciones tradicionales con la salida del presidente del Senado de las filas evistas. Por su parte, desde el entorno de Rodríguez se descartó toda posibilidad de reconciliación o coordinación con Evo Morales o Luis Arce. El senador William Torrez, afirmó categóricamente que no habrá diálogo ni acercamientos con los liderazgos tradicionales del MAS, apuntando a una campaña con identidad propia.
Mientras tanto, Evo Morales continúa afirmando que ya tiene una sigla asegurada para su postulación, aunque no ha revelado cuál, tras la anulación de la personería jurídica del Frente Para la Victoria (FPV) y de Pan-Bol, las dos fuerzas con las que había intentado pactar. La decisión fue tomada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras detectar irregularidades estatutarias en los procesos internos de ambas agrupaciones, lo que deja a Morales nuevamente en la búsqueda de una plataforma legal para competir.
Finalmente, en el plano jurídico, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió esta semana tres recursos legales contra las elecciones generales, aunque aclaró que ninguno de ellos alterará el calendario electoral en curso. La admisión responde a impugnaciones por parte de actores que cuestionan la legalidad del proceso debido a la prórroga de magistrados y la falta de renovación plena del Órgano Judicial. La respuesta del TCP busca brindar estabilidad jurídica sin desactivar los reclamos.
