El pasado 15 de junio, un grupo de ciudadanos argentinos que conformaban una “Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos” –integrada por al menos 18 activistas, dirigentes sindicales y legisladores argentinos– llegaron a Bolivia para documentar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira; no obstante, las autoridades bolivianas rechazaron su ingreso al argumentar inconsistencias migratorias, por lo que se determinó su deportación a Argentina.

Posteriormente, en una nota de prensa, Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno de Bolivia, detalló que la expulsión de la comitiva se debió a que sus integrantes ingresaron con visa de turismo pese a que pretendían realizar actividades de investigación sobre la situación interna del país, aunado al hecho de que algunos miembros no pudieron acreditar su pertenencia a organismos de derechos humanos.

No obstante, políticos argentinos como Germán Pedro Martínez, jefe del bloque de diputados de la Unión por la Patria en el Congreso Nacional, exigió que al menos se permitiera el ingreso de los legisladores –Juan Marino, de Unión por la Patria, y Alejandra Barry, del Frente de Izquierda– para revelar tales denuncias, sobre todo del presunto impedimento del derecho a la protesta. Ante esto, Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, detalló en sus redes sociales el hecho y defendió la postura de Bolivia al decir que actuó dentro de sus facultades soberanas.