A menos de un mes de las elecciones generales en Honduras, la tensión política en el país sigue escalando. Los principales candidatos presidenciales se encuentran envueltos en una serie de acusaciones cruzadas por presunto fraude electoral, lo que ha encendido las alarmas tanto a nivel nacional como internacional sobre la estabilidad democrática hondureña.

El detonante de la crisis fue la divulgación, por parte del fiscal general Johel Zelaya, de unos audios en los que supuestamente participan la consejera electoral Cossette López, el diputado opositor Tomás Zambrano y un militar no identificado, el pasado miércoles 29 de octubre. En ellos, presuntamente, conversan sobre cómo alterar los resultados de las elecciones del 30 de noviembre. Según Zelaya, las grabaciones demostrarían la existencia de una “asociación ilícita” para manipular la voluntad popular.

Tras conocerse los audios, la candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), exigió la renuncia inmediata de López y pidió al Ministerio Público aplicar “todo el peso de la ley” a los involucrados. Moncada calificó la situación como la “operación fraudulenta de una mafia electoral” y vinculó el presunto plan con los fraudes denunciados en los procesos electorales de 2013 y 2017.

Por su parte, la presidenta Xiomara Castro respaldó la posición de la candidata de su partido y ordenó una investigación exhaustiva dentro de las Fuerzas Armadas para determinar la participación de militares activos en la supuesta conspiración. Además, instruyó al canciller Javier Bú Soto a denunciar ante la comunidad internacional lo que calificó como una “amenaza directa contra la democracia hondureña”.

En un comunicado oficial, Castro sostuvo que “los mismos grupos que violaron la Constitución en el golpe de 2009 y que consumaron los fraudes electorales de 2013 y 2017, hoy pretenden nuevamente secuestrar la soberanía popular”. La mandataria aseguró que su gobierno defenderá la democracia “con toda la fuerza de la ley” y garantizará comicios libres y transparentes.

Sin embargo, la oposición no tardó en responder. El candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunció que el gobierno está utilizando las instituciones del Estado para intimidar a la oposición y manipular el proceso electoral. Según Nasralla, “el gobierno, las Fuerzas Armadas y la presidenta Castro están obstruyendo el proceso electoral y amenazando a quienes defendemos la democracia”.

El ambiente de desconfianza se intensificó cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, solicitó acceso a las actas de escrutinio, una acción que la organización Transparencia Electoral calificó como “una violación a los principios de neutralidad militar”. El comunicado de la ONG advirtió que tal solicitud podría interpretarse como una forma de injerencia indebida y aumentar los riesgos de confrontación en un contexto ya polarizado.

Ante la gravedad de las acusaciones, las Fuerzas Armadas anunciaron la conformación de una comisión especial para investigar la supuesta participación de un militar en las conversaciones filtradas. El coronel Erwin Lara, portavoz militar, aseguró que la institución cumplirá las órdenes de la presidenta y pondrá a disposición de la justicia a cualquier miembro implicado en actividades conspirativas. También confirmó que más de 26 mil efectivos estarán desplegados durante las elecciones para garantizar su normal desarrollo.

En medio de este clima, el Congreso Nacional se convirtió en otro foco de conflicto. El oficialismo, encabezado por Luis Redondo, actual presidente del Legislativo, designó una comisión permanente que asumirá las funciones del Congreso “hasta nuevo aviso”. La oposición, por su parte, calificó esta decisión como un “golpe a la institucionalidad” y denunció que la medida fue tomada “a puerta cerrada y cerca de la medianoche”.

El diputado liberal Jorge Cálix acusó al gobierno de intentar impedir la celebración de las elecciones al controlar los poderes del Estado y advirtió que “no quieren dejar el poder ni abrir las urnas”. Nasralla también rechazó la instalación de la comisión, afirmando que la voluntad del pueblo “se ejerce con un Congreso en pleno, no con una comisión reducida que legisle entre sombras”.

La polémica se agravó con las declaraciones de Cossette López y Tomás Zambrano, quienes negaron rotundamente su participación en los audios filtrados. López ironizó diciendo que “no sabía que su voz sonaba con acento extranjero”, mientras Zambrano sostuvo que “quien conoce su voz sabe que no es él quien aparece en la grabación”. Ambos calificaron las grabaciones como un montaje político.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, también intervino en la controversia, recordando que la Constitución protege la independencia de los consejeros electorales y que ninguna acción judicial puede interferir en sus funciones. Hall subrayó que “el CNE es la autoridad electoral y debe respetarse su autonomía para garantizar elecciones”.

En el plano internacional, el Grupo Libertad y Democracia —integrado por expresidentes de España y América Latina como José María Aznar, Mariano Rajoy, Iván Duque, Mauricio Macri y Jorge “Tuto” Quiroga— manifestó su “profunda preocupación” por el proceso electoral hondureño. El grupo denunció un “ataque sistemático” a las instituciones electorales y advirtió sobre “el uso político de la justicia para intimidar a la oposición democrática”.

Los sondeos más recientes muestran un empate técnico entre Rixi Moncada, Salvador Nasralla y Nasry Asfura, del Partido Nacional, lo que incrementa la incertidumbre de cara a las elecciones. En total, más de seis millones de hondureños están llamados a votar el próximo 30 de noviembre en un proceso sin segunda vuelta presidencial, lo que aumenta la importancia de cada voto.

Con las instituciones divididas, la justicia bajo sospecha y las Fuerzas Armadas en el centro del debate, Honduras enfrenta una de las campañas electorales más tensas de su historia reciente. Mientras los candidatos se acusan mutuamente de conspirar contra la democracia.