La reconfiguración del orden geopolítico y económico internacional ha puesto en entredicho varios de los principios que guiaron la globalización durante las últimas décadas. La intensificación de una nueva competencia hegemónica protagonizada por Estados Unidos y China, la rivalidad por la seguridad de las cadenas de suministro, la revalorización de la política industrial en el centro de la agenda global, así como el creciente uso del proteccionismo comercial como factor de poder han configurado un escenario internacional más incierto y dividido. Ante esto, la posición de América Latina, a pesar de concentrar recursos estratégicos —como energía, alimentos y minerales críticos— y de ser un actor relevante para la relocalización de inversiones y la reorganización de las cadenas globales de suministro, ha sido ambivalente. Por un lado, han surgido respuestas más orientadas al fortalecimiento de las capacidades nacionales, y por otro, atestiguamos un alineamiento irrestricto con la agenda de Washington no solamente en materia de seguridad, sino de agenda económica y comercial.
En Traza Continental analizamos las políticas adoptadas por las principales economías de la región —Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México— frente a un escenario en el que, con excepción de Argentina, los gobiernos coinciden en reconocer el renovado papel de las políticas industriales para fortalecer la productividad, diversificar las economías y aumentar sus capacidades nacionales frente a un entorno internacional cada vez más competitivo y en un escenario regional donde las respuestas coordinadas son escasas.
LA RECONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL BRASILEÑA MEDIANTE LA NOVA INDÚSTRIA BRASIL
Entre las principales economías de América Latina, Brasil presentó la respuesta más estructurada a la reconfiguración mundial. El regreso del proteccionismo estadounidense confirmó el diagnóstico que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ya había detectado: la fragmentación y, por lo tanto, la transformación de la economía mundial, sumadas al retorno de políticas industriales activas en las principales potencias, exigían reconstruir las capacidades productivas nacionales y ampliar los márgenes de autonomía económica del país.
Este escenario predictivo se cristalizó en 2024 con la política industrial Nova Indústria Brasil (NIB), que plantea metas que se extienden hasta el año 2033, un horizonte temporal que podría abarcar dos cambios de gobierno. El plan se organiza en cinco pilares con objetivos cuantificados: cadenas agroindustriales sustentables que logren alcanzar un 95% de maquinaria de fabricación nacional; un complejo económico-industrial de salud que eleve del 42% al 70% el autoabastecimiento de medicamentos, vacunas y equipos médicos; infraestructura, saneamiento y movilidad sostenibles; transformación digital de la industria; y transición energética y bioeconomía. La incorporación en 2025 de una sexta misión específica para el desarrollo de tecnologías de defensa y soberanía representó un rasgo distintivo, pues evidenció que Brasil concibe la política industrial como una herramienta de crecimiento económico y también como un componente de su estrategia de autonomía. Ninguna de las otras economías de la región incorpora la defensa como una misión explícita de su política industrial.
La incorporación en 2025 de una sexta misión específica para el desarrollo de tecnologías de defensa y soberanía representó un rasgo distintivo, pues evidenció que Brasil concibe la política industrial como una herramienta de crecimiento económico y también como un componente de su estrategia de autonomía.
A ello se suma que el respaldo financiero otorgado a esta estrategia y la agilización de la movilización de recursos confirman la prioridad que ocupa la reindustrialización en la agenda gubernamental. El Plan Mais Produção, eje financiero de la NIB, concentra los principales instrumentos de crédito e innovación administrados por el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), la Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) y la Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), lo que ayudó a incrementar su presupuesto hasta poco más de 67 mil millones de dólares en 2026. Asimismo, la Confederação Nacional da Indústria registró la aprobación de operaciones por poco más de 118 mil millones de dólares en apenas dos años, mientras que los desembolsos del BNDES al sector industrial superaron ampliamente los realizados entre 2019 y 2022.
En este sentido, desde el oficialismo se reporta que los resultados de estos apoyos son positivos. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, la NIB habría contribuido a un crecimiento del 5,6% en la facturación de la industria de transformación en 2024 y a una tasa de desempleo en un mínimo histórico de 5,2%.
Cabe indicar que la estrategia defensiva adoptada por la administración brasileña frente al proteccionismo estadounidense opera en varios planos simultáneos. Primero, el arancel adicional del 40% que Washington impuso a Brasil en 2025 fue respondido con una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), que en noviembre de 2025 logró la eliminación de esas tarifas. Segundo, la medida fue contenida internamente con el Plan Brasil Soberano, que destinó más de siete mil millones de dólares en créditos para las empresas afectadas por el arancel. Y, tercero, Brasil mantiene desde 2024 una tarifa de protección del 25% sobre el acero importado de China, que fue renovada y ampliada a 23 productos en mayo de 2025 y reforzada en enero de 2026 con derechos antidumping. A dos años de su lanzamiento, la NIB exhibe resultados verificables en inversión, empleo y exportaciones que en 2025 alcanzaron un récord histórico de 349 mil millones de dólares.
La estrategia brasileña también incorpora una dimensión de diversificación de mercados apegada al multilateralismo político y a la reducción de vulnerabilidades externas. En esa línea, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva impulsa, tanto de manera bilateral como mediante foros multilaterales como el Mercosur, la ampliación de acuerdos con la Unión Europea, Japón, Canadá, India, Vietnam y China, con el objetivo de reducir la dependencia de un solo mercado, fortalecer el comercio internacional y ampliar su inserción en las cadenas globales de valor. Así, Brasil combina la reindustrialización doméstica con una estrategia de inserción internacional más diversificada.
No obstante sus buenos resultados, la continuidad de la NIB constituye uno de los principales interrogantes derivados de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo mes de octubre. Aunque la política industrial cuenta con el apoyo de amplios sectores empresariales, como la Confederação Nacional da Indústria (CNI), aún resta comprobar si logrará consolidarse como una política de Estado más allá del resultado de las elecciones presidenciales.
La estrategia brasileña también incorpora una dimensión de diversificación de mercados apegada al multilateralismo político y a la reducción de vulnerabilidades externas.
LA ANTICIPACIÓN MEXICANA A TRAVÉS DEL PLAN MÉXICO
A diferencia de Brasil, que busca una mayor autonomía frente a la reconfiguración internacional, la respuesta de México pretende preservar y fortalecer su integración con América del Norte, cuya interdependencia productiva ha sido construida durante más de tres décadas y que convierte a los Estados Unidos en el principal destino de las exportaciones mexicanas y en el principal condicionante de su política industrial.
En este sentido, el nuevo mandato de Donald Trump no modificó el rumbo de la estrategia mexicana, sino que aceleró un proceso de adaptación ante el proteccionismo norteamericano que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum había comenzado a través del Plan México —aún antes del inicio del segundo mandato del republicano—, una estrategia de reindustrialización que constituye el esfuerzo de política industrial más ambicioso impulsado por el país en las últimas décadas.
El plan se enmarca en una profundización del proyecto económico iniciado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), establece metas a veinte años y fue incorporado al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, lo que le otorgó, desde su origen, el estatus de política de Estado y no de programa de gobierno acotado al sexenio.
La arquitectura del plan combina la sustitución selectiva de importaciones en sectores estratégicos —como el automotriz, aeroespacial, farmacéutico, de semiconductores y de energías renovables—, el relanzamiento del sello “Hecho en México” y la meta de elevar al 50% el contenido nacional de diversos productos. Respaldado por normas y acuerdos legales, el sello certifica el origen nacional de las mercancías y busca reducir la dependencia de proveedores asiáticos con los que México no tiene un tratado comercial. Estas políticas se añaden a la estrategia de desarrollo territorial mediante los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBIs), que consisten en 15 zonas estratégicas diseñadas para impulsar la industria, atraer inversiones y fomentar la economía circular. Distribuidos en 14 estados, cuentan con una inversión equivalente al 1,5% del PIB y una proyección de 300 mil empleos hasta 2030.
Un soporte importante de estos planes es una estrategia de simplificación regulatoria destinada a facilitar la inversión y el comercio. Para ello, el gobierno mexicano implementó una Ventanilla Única para Inversionistas, con el objetivo de agilizar la autorización de proyectos estratégicos, y un Expediente Único de Comercio Exterior, que concentra los trámites ante las principales dependencias involucradas. A ello se suman el Acuerdo para el Fomento a la Inversión Productiva, que garantiza certeza fiscal, y la reforma a la ley de adquisiciones y obras públicas, que exige contenido nacional mínimo en las compras gubernamentales utilizando el poder de compra del Estado como un instrumento para fortalecer la industria nacional, en una lógica similar a la aplicada por Brasil mediante el BNDES.
El plan se enmarca en una profundización del proyecto económico iniciado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), establece metas a veinte años y fue incorporado al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030…
Los primeros resultados muestran avances importantes, aunque también revelan desafíos estructurales. El portafolio de inversiones asociado al Plan México superó los 400 mil millones de dólares, mientras que la Inversión Extranjera Directa (IED) se encuentra en sus máximos históricos, impulsada principalmente por la reinversión de empresas ya establecidas en el país. Al mismo tiempo, diversos centros de análisis han señalado que el esfuerzo presupuestario destinado a infraestructura y proyectos estratégicos aún resulta insuficiente para alcanzar las metas de inversión previstas hacia 2030, y que la inversión total como proporción del PIB continúa por debajo de los niveles necesarios para sostener una reindustrialización de largo plazo: el Instituto Mexicano para la Competitividad reconoce la solidez del diseño institucional del Plan México, pero advierte que los 27 mil 200 millones de dólares destinados a proyectos estratégicos están por debajo del promedio anual necesario para sostener la meta de inversión a 2030. En este mismo sentido, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) documenta que la inversión como proporción del PIB cayó de 24,8% a 22,0% entre el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025, en sentido contrario a los objetivos que persigue el plan.
A pesar de la convergencia de intereses entre el gobierno mexicano y el sector privado, el principal desafío continúa siendo el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La revisión sexenal, iniciada formalmente el pasado 1° de julio, marcó un punto de inflexión: mientras México y Canadá manifestaron su disposición a renovar el tratado, la administración Trump decidió no ratificar su continuidad en los términos actuales. Esta decisión no implica la terminación del T-MEC, que permanecerá vigente al menos hasta 2036, pero sí activa un mecanismo de revisiones anuales que prolongará la negociación y mantendrá un elevado grado de incertidumbre para la integración económica de América del Norte. En este panorama, el Plan México deberá desarrollarse en un entorno menos predecible y su éxito dependerá de la capacidad del Estado para atraer inversiones y de su habilidad para adaptarse a una integración regional cada vez más condicionada por la política industrial y comercial de Estados Unidos.
EL CASO DE CHILE: UNA REINDUSTRIALIZACIÓN ORIENTADA A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LOS MINERALES CRÍTICOS
Por su parte, Chile ha venido debatiendo desde hace algunos años las direcciones y prioridades de sus nuevas políticas de desarrollo productivo, definiendo su participación en los procesos de reindustrialización bajo el concepto de Estado “facilitador, regulador y socio”, enfocándose en coinvertir, coordinar ecosistemas y reducir riesgos de mercado. En esta vía, y tratando de superar la polarización ideológica y la confrontación política, el gobierno chileno ha apostado por el crecimiento, el desarrollo regional y la colaboración público-privada, en un contexto en el que el modelo primario-exportador mostró sus límites.
Un punto de consenso interno ha sido la necesidad de insertar al país en la cadena global de valor a través de industrias sostenibles, como el hidrógeno verde y el desarrollo tecnológico asociado a la minería. En este sentido, la política de desarrollo del hidrógeno verde es el pilar central de su estrategia de reindustrialización sustentable, concebida como una política de Estado. Lanzada originalmente en 2020, fue reforzada mediante el Plan de Acción 2023-2030 por el entonces presidente Gabriel Boric y ajustada mediante la Actualización Estratégica de 2026. Esta política de energías renovables tiene el propósito de alcanzar la carbono-neutralidad antes del año 2050, según lo indica la ley marco de cambio climático, con lo que el país pasó en tiempo récord de depender de combustibles fósiles importados a convertirse en un referente mundial en generación solar y eólica.
Un punto de consenso interno ha sido la necesidad de insertar al país en la cadena global de valor a través de industrias sostenibles, como el hidrógeno verde y el desarrollo tecnológico asociado a la minería.
En tanto, el plan METS (Mining Equipment, Technology and Services por sus siglas en inglés) fue impulsado por el Ministerio de Minería con el objetivo de que Chile se convierta también en un exportador de conocimiento, tecnología y soluciones avanzadas para la industria minera global, un sector que actualmente experimenta una profunda transformación impulsada por la descarbonización, la automatización avanzada y la eficiencia hídrica.
Por su parte, la Estrategia Nacional del Litio responde a la necesidad imperativa del Estado chileno de gestionar de manera soberana, sostenible y eficiente las reservas masivas que tiene de este recurso ante el escenario de la transición energética global. Esta política busca aprovechar la creciente demanda internacional mediante un esquema que combina participación estatal, inversión privada y criterios de sostenibilidad, procurando incorporar capacidades tecnológicas y promover una mayor agregación de valor dentro del país. A esto se suma la Estrategia Nacional de Minerales Críticos que responde al reforzamiento del valor estratégico de ciertos minerales esenciales para el desarrollo económico, tecnológico y ambientalmente sostenible de las economías modernas, así como a la posición privilegiada de Chile como productor de minerales clave.
Al concluir el gobierno de Gabriel Boric, se presentaron los primeros avances del Plan de Acción de Hidrógeno Verde, que posicionaron a Chile como uno de los principales destinos mundiales para proyectos de hidrógeno verde gracias a una cartera de más de 70 proyectos, un potencial de inversión estimado en más de 70 mil millones de dólares, el desarrollo de polos industriales en las regiones de Antofagasta y Magallanes, y la consolidación de acuerdos de cooperación con Alemania, Corea del Sur, Japón, Países Bajos y la Unión Europea para impulsar las exportaciones y las posibilidades de financiamiento.
El inicio de la administración de José Antonio Kast, en marzo pasado, introduce un cambio de orientación económica hacia una mayor participación del sector privado mediante el Plan de Reconstrucción Nacional, que incluye recortes tributarios para incentivar la inversión a largo plazo como motor del crecimiento. En el sector energético, su estrategia también prioriza la transición hacia energías limpias, complementada con una ley de emergencia energética para mitigar los precios internacionales. Más allá del giro político del gobierno, las principales estrategias vinculadas al hidrógeno verde, el litio y los minerales críticos muestran una importante continuidad como políticas de Estado, impulsadas por el consenso existente sobre el papel estratégico que estos sectores desempeñan en la inserción internacional de Chile.
COLOMBIA Y SU APUESTA DE REINDUSTRIALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
La estrategia de reindustrialización colombiana surge de un diagnóstico sobre las limitaciones del modelo de crecimiento adoptado durante las últimas tres décadas. La elevada dependencia de las exportaciones de petróleo y carbón, el proceso de desindustrialización temprana, la baja productividad y la vulnerabilidad frente a los mercados internacionales llevaron a replantear el papel del Estado colombiano en la política económica. En un contexto marcado por la nueva realidad, se comenzó a concebir la reindustrialización de Colombia como un objetivo económico y como un instrumento para fortalecer su resiliencia y ampliar sus capacidades productivas.
A través de la Política Nacional de Reindustrialización 2024–2034 –lanzada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda–, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, el Estado colombiano dejó de asumir un papel exclusivamente regulador para convertirse en coordinador de la inversión, promotor de sectores estratégicos y articulador entre el sector financiero, la industria y los gobiernos territoriales.
…el Estado colombiano dejó de asumir un papel exclusivamente regulador para convertirse en coordinador de la inversión, promotor de sectores estratégicos y articulador entre el sector financiero, la industria y los gobiernos territoriales.
De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística analizados por el MinCIT, desde su lanzamiento hasta diciembre de 2025 este plan permitió que las exportaciones totales de Colombia alcanzaran los 50 mil 199 millones de dólares, de los cuales las manufacturas contribuyeron con 11 mil 58 millones de dólares y los productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 15 mil 307 millones. En tanto, la Transición Energética Justa y Movilidad Sostenible fue el sector con mayor asignación presupuestaria, con un estimado de 3 mil 71 millones de dólares, con el objetivo de expandir la generación de energías renovables y desarrollar nuevas cadenas industriales asociadas a la economía verde, además de impulsar programas para fortalecer la agroindustria. Adicionalmente, se esperan 138 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros 100 millones del Journey Fund para financiar proyectos en la Amazonía. El fortalecimiento del complejo farmacéutico y de insumos médicos respondió a una lógica similar: reducir la dependencia externa, incrementar el valor agregado de la producción nacional y generar capacidades exportadoras hacia América Latina. El financiamiento de este modelo se articuló mediante una estrategia de banca de desarrollo, subsidios de tasas de interés y el apalancamiento de compras estatales.
Aunque estas políticas han logrado avances institucionales, su impacto sobre la estructura productiva aún es limitado por su reciente implementación; no obstante, su principal fortaleza radica en haber establecido una estrategia industrial de largo plazo.
Sin embargo, la continuidad de esta estrategia entra en una etapa de redefinición política ante la elección presidencial de Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto y durante su campaña propuso reducir el tamaño del Estado, cuestionó la política de transición energética impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y planteó reactivar la exploración y producción de hidrocarburos como eje de la seguridad energética y del crecimiento económico.
EL LIBERALISMO ECONÓMICO ARGENTINO Y LAS INDUSTRIAS DEL FUTURO
Entre las principales economías latinoamericanas, Argentina constituye el caso más apartado del resurgimiento de las políticas industriales. Mientras Brasil, México, Chile e incluso Colombia han recurrido a estrategias de coordinación estatal para fortalecer capacidades productivas y promover sectores estratégicos, el gobierno de Javier Milei ha optado por un enfoque centrado en la apertura económica, la estabilidad regulatoria y la atracción de inversión privada como principal motor del desarrollo. Bajo esta lógica, el desafío no consiste en reconstruir un aparato industrial mediante la intervención del Estado, sino en crear un entorno suficientemente competitivo para que el capital nacional e internacional dirija recursos hacia aquellas actividades donde el país posee ventajas naturales.
En un escenario marcado por la creciente demanda de energía, minerales críticos e infraestructura tecnológica, el gobierno argentino considera que el país puede convertirse en un proveedor estratégico de recursos indispensables para la transición energética y la revolución digital. La prioridad, por tanto, no es desarrollar una política industrial orientada a sectores manufactureros específicos, sino facilitar la expansión de industrias consideradas de alto potencial para la generación de divisas y la inserción internacional, como los hidrocarburos no convencionales, el litio y, más recientemente, la infraestructura para inteligencia artificial.
En un escenario marcado por la creciente demanda de energía, minerales críticos e infraestructura tecnológica, el gobierno argentino considera que el país puede convertirse en un proveedor estratégico de recursos indispensables para la transición energética y la revolución digital.
El instrumento central de esa apuesta es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en la Ley Bases de 2024. Más que un programa sectorial, el RIGI constituye un marco de estabilidad jurídica, tributaria, cambiaria y aduanera destinado a reducir los riesgos asociados a proyectos de gran escala. Según la plataforma oficial del Ministerio de Economía, hacia junio de 2026 el régimen sumaba 41 iniciativas por más de 140 mil millones de dólares de inversión comprometida y la expectativa de generar cerca de 197 mil empleos directos e indirectos. El hecho de que el gobierno haya extendido el plazo de adhesión a julio de 2027 es la prueba de que se lo considera la piedra angular de su estrategia de crecimiento.
Una particularidad institucional distingue, además, el caso argentino, y es que la Constitución Nacional atribuye a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esto convierte a los gobiernos provinciales en actores decisivos de la política energética y minera al ser ellos quienes negocian concesiones, otorgan permisos y deciden la adhesión local al régimen, lo que obliga al RIGI a operar como un esquema de incentivos nacional que necesita ser ratificado provincia por provincia.
La mayor parte de los proyectos impulsados bajo este esquema se concentra en sectores estrechamente vinculados con la nueva competencia geoeconómica. La expansión de la producción de hidrocarburos en la cuenca de Vaca Muerta, el desarrollo de infraestructura para la exportación de gas natural licuado y la ampliación de inversiones en litio buscan posicionar al país como un proveedor confiable de recursos estratégicos para la transición energética global. En todos los casos, el objetivo gubernamental consiste en aprovechar la creciente demanda internacional para acelerar el ingreso de divisas, incrementar las exportaciones y consolidar las nuevas ventajas competitivas.
Ahora bien, el aspecto más novedoso de la estrategia argentina es la incorporación explícita de la inteligencia artificial dentro de su agenda de desarrollo. La propuesta de ampliar el RIGI, conocida como “Súper RIGI”, hacia actividades vinculadas con la fabricación de baterías, tecnologías para energías renovables y grandes centros de datos refleja la comprensión de que la competencia internacional ya no se limita a los recursos naturales, sino que también se extiende a la infraestructura digital que sustentará la próxima revolución tecnológica. Ejemplo de lo anterior es el proyecto Stargate Argentina, concebido para instalar un centro de datos de hasta 500 megavatios y una inversión que el gobierno cifra en hasta 25 mil millones de dólares, bajo el argumento oficial de que la exportación de capacidad computacional puede convertirse en una fuente de divisas comparable a la de los hidrocarburos, posicionando a Argentina como nodo regional de infraestructura para inteligencia artificial.
En su apuesta por atraer grandes inversiones, Argentina ha privilegiado un marcado alineamiento estratégico con Estados Unidos. La política del gobierno de Javier Milei ha reforzado esta convergencia con Washington más sobre una agenda política e ideológica que sobre principios tradicionales como la liberalización económica, la reducción de la intervención estatal y la defensa del libre mercado, que en muchos casos han quedado en entredicho durante la administración de Donald Trump. Aunque este acercamiento no ha implicado un abandono total de los compromisos regionales, sí ha demostrado una marcada distancia respecto de estos. En consecuencia, Argentina representa el modelo económico más liberal entre las principales economías latinoamericanas, al privilegiar la apertura comercial, la atracción de inversiones y la reducción de la intervención estatal por encima de estrategias de protección productiva o de autonomía estratégica.
Argentina representa el modelo económico más liberal entre las principales economías latinoamericanas, al privilegiar la apertura comercial, la atracción de inversiones y la reducción de la intervención estatal por encima de estrategias de protección productiva o de autonomía estratégica.
UN CAMINO BIFURCADO
El panorama geoeconómico latinoamericano frente a este nuevo orden mundial y, específicamente, ante la segunda administración Trump revela una región fragmentada en sus respuestas estratégicas, donde no existe una tendencia homogénea, sino una clara bifurcación de modelos de desarrollo. Mientras economías líderes como México, Brasil, Colombia y Chile —con todo y sus disparidades en la ejecución y sus diferencias político-temporales— coinciden en un retorno selectivo a la intervención pública, la planificación sectorial y la gestión estratégica de recursos frente al proteccionismo global, Argentina se consolida como la gran excepción regional al apostar por la desregulación arancelaria y la atracción masiva de capital privado mediante incentivos excepcionales.
Esta divergencia no solo redefine el mapa de la política industrial en América Latina, sino que convierte a la región en un laboratorio donde coexisten distintos modelos para enfrentar el presente y el futuro de la economía global, abriendo un interrogante crítico sobre cuál de ellos logrará dotar a los países, en el mediano plazo, de mayores herramientas para alcanzar sus objetivos. 