El domingo 15 de febrero, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció, a través de un breve video transmitido en cadena nacional, el levantamiento del estado de sitio que estuvo vigente durante 30 días.

El estado de sitio había sido decretado el pasado 18 de enero, luego de que un grupo de prisioneros protagonizara motines simultáneos en distintos centros carcelarios, donde tomaron como rehenes a más de 40 guardias del Sistema Penitenciario, en supuestas protestas por las condiciones de encarcelamiento. Los motines se produjeron de manera simultánea a ataques contra fuerzas de seguridad en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, que dejaron 11 policías asesinados.

El estado de sitio permitía la movilización conjunta de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército en tareas de seguridad interna, con el objetivo de enfrentar a las pandillas y maras, las cuales fueron calificadas como organizaciones criminales transnacionales y terroristas.

Frente al debate nacional, durante su vigencia el Ejecutivo aseguró haber ejecutado operativos “quirúrgicos”, diferenciándose de modelos de detenciones masivas aplicados en otros países de la región, como el régimen de excepción llevado a cabo por Nayib Bukele en El Salvador.

En su lugar, el presidente Arevalo decretó que, a partir del martes 17, entraría en vigor un “estado de prevención” en todo el territorio nacional. Además, como parte de la nueva fase de seguridad, Arévalo anunció el Plan Centinela Metropolitano, enfocado en el departamento de Guatemala, que contempla operativos territoriales permanentes en barrios de la capital mediante fuerzas combinadas del Ejército y la Policía.