ASEGURAR EL VECINDARIO: ACUERDOS MILITARES DE EE.UU. CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

La invasión a Venezuela del 3 de enero, que culminó con un país bombardeado y el presidente Nicolás Maduro secuestrado, marcó un antes y un después en la relación reciente de Estados Unidos con América Latina y el Caribe. Las amenazas se transformaron en hechos concretos y las acciones superaron el límite de lo establecido por el derecho internacional. Con esta acción, la administración de Donald Trump, además, pateó el tablero, marcando las nuevas reglas del juego geopolítico global: con la intervención en el país sudamericano y su tutelaje, Estados Unidos deja claro que asegurar su zona de influencia es su prioridad en materia de política exterior y estrategia militar. 

Como hemos señalado en Traza Continental, estos hechos no son producto de la voluntad personal del primer mandatario estadounidense ni de una desviación de la razón. Todo lo contrario: forman parte de una estrategia bien planificada por diversos actores de peso, expresada con anticipación en distintos documentos y con un juego a varias bandas, todas ellas coordinadas entre sí: desde el impulso de partidos y movimientos conservadores y el apoyo electoral a determinados gobiernos y candidatos, hasta la firma de acuerdos comerciales y de seguridad con distintos países de la región. En el presente texto realizamos una revisión puntual de los acuerdos militares suscritos en el último año por el país norteamericano con diversas naciones a lo largo y ancho del continente.

El repliegue estratégico de EE. UU. implica que el hegemón occidental pueda consolidar una zona de influencia estricta que se extienda desde el Ártico al extremo sur del continente. Un área segura donde el injerencismo norteamericano no permita la intromisión de China ni de ninguna otra potencia, a la altura del «Tecnato de América» propuesto en los años treinta por Technocracy Inc., organización que planteaba reorganizar América del Norte —en un área proyectada que abarcaba Canadá, Estados Unidos, Groenlandia, partes de Centroamérica y el Caribe, y en algunas formulaciones se extendía hasta Panamá— como una unidad económico-política administrada por ingenieros y expertos, con base en criterios energéticos antes que en instituciones democráticas tradicionales, y de la que fue dirigente Joshua Norman Haldeman, abuelo de Elon Musk. Los recursos estratégicos (minerales raros, energía, agua, alimentos) cumplen aquí un rol fundamental que explica la necesidad norteamericana de exhibir sus capacidades militares para sostener su dominio sobre ellos.

LA DOCTRINA “DONROE”

La política de seguridad nacional de EE. UU. atraviesa una reconfiguración profunda en el marco de la segunda administración de Trump, combinando elementos tradicionales de hegemonía hemisférica con nuevas prioridades vinculadas a la competencia tecnológica con China y la reorganización del capitalismo global. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 plantea una doctrina explícitamente centrada en el interés nacional, donde la primacía económica, industrial y militar se presenta como condición indispensable para sostener la superioridad estratégica estadounidense en un escenario de competencia sistémica. En este marco, seguridad económica y seguridad nacional se funden: la base industrial, el acceso a recursos críticos y el dominio tecnológico son definidos como pilares del poder global.

La política de seguridad nacional de EE. UU. atraviesa una reconfiguración profunda en el marco de la segunda administración de Trump, combinando elementos tradicionales de hegemonía hemisférica con nuevas prioridades vinculadas a la competencia tecnológica con China y la reorganización del capitalismo global.

Uno de los ejes centrales de esta reconfiguración es lo que el propio documento presentado el año pasado denomina el “corolario Trump” a la Doctrina Monroe. La formulación retoma la histórica pretensión de exclusividad hemisférica, pero la actualiza bajo nuevas coordenadas: impedir la presencia de potencias extrahemisféricas, asegurar cadenas de suministro estratégicas y consolidar alianzas que garanticen estabilidad política y cooperación en seguridad. El hemisferio occidental deja de ser sólo un espacio de influencia geopolítica para convertirse en un territorio clave en la disputa por recursos estratégicos, rutas comerciales y posicionamientos militares, en un contexto de rivalidad creciente con China y otras potencias emergentes.

Esta redefinición estratégica se vincula con transformaciones estructurales del complejo militar-industrial estadounidense. La convergencia entre Silicon Valley, el Pentágono y el capital financiero está impulsando una nueva fase de militarización tecnológica, en la que la inteligencia artificial (IA), los sistemas autónomos y la computación avanzada se integran al núcleo de la defensa. La frontera entre innovación civil y desarrollo militar se vuelve cada vez más difusa, mientras grandes corporaciones tecnológicas se posicionan como actores centrales en la producción de poder estratégico. Este proceso no sólo redefine las capacidades militares, sino también las lógicas de acumulación, generando nuevos incentivos para la expansión de mercados armamentísticos y la consolidación de alianzas militares en regiones hasta ahora consideradas periféricas.

Al mismo tiempo, la creciente centralidad de los minerales críticos —en particular, las tierras raras— configura la geopolítica global y revaloriza regiones tradicionalmente subordinadas. El control de estos recursos resulta indispensable para sostener la transición tecnológica y energética, así como la superioridad militar en el largo plazo. En este marco, América Latina y el Caribe emerge como un espacio de disputa por su dotación de recursos, infraestructura y posicionamiento geográfico, reforzando el interés estadounidense en profundizar acuerdos de cooperación en seguridad y defensa.

Esta estrategia se inscribe en una lógica más amplia en la que la solvencia económica, la estabilidad política y el alineamiento geopolítico aparecen como condiciones de seguridad. La articulación entre disciplina financiera, dependencia tecnológica y cooperación militar configura un entramado que está redefiniendo —con un alcance temporal de mediano y largo plazo— los vínculos entre Estados Unidos y la región. Lejos de limitarse a acuerdos puntuales, los pactos militares firmados en los últimos meses con diversos países se insertan en una arquitectura de poder más amplia, orientada a garantizar la primacía estadounidense en un orden internacional cada vez más competitivo y fragmentado.

La articulación entre disciplina financiera, dependencia tecnológica y cooperación militar configura un entramado que está redefiniendo —con un alcance temporal de mediano y largo plazo— los vínculos entre Estados Unidos y la región.

LOS ACUERDOS EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

Desde enero de 2025, el gobierno de Donald Trump ha intensificado drásticamente la actividad militar en el Caribe con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y como mecanismo de presión directa sobre el gobierno de Venezuela. La operación más destacada fue Lanza del Sur (Southern Spear). Iniciada formalmente el 1 de septiembre de 2025 y dirigida por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, desplegó un dispositivo de control sobre el Caribe con la excusa de desarticular redes “narcoterroristas» en lo que la administración denomina su “vecindario”.

El despliegue incluyó portaaviones, buques de guerra, aviones de combate de última generación y unidades de élite de la Infantería de Marina (como la 22ª Unidad Expedicionaria). En total, la operación destruyó más de 40 embarcaciones y dejó un saldo de más de 150 víctimas fatales en lo que podrían denominarse ejecuciones sumarias ya que no hubo intentos de interceptar, abordar, detener, trasladar y juzgar a ninguno de los tripulantes.

El portaaviones USS Gerald R. Ford, que operaba en el Caribe como parte de esta demostración de fuerza, fue redirigido hace unas semanas hacia el Medio Oriente ante las tensiones con Irán. A su vez, se reforzó la presencia en bases regionales y se posicionó el destructor lanzamisiles USS Stockdale en la bahía de Puerto Príncipe, Haití, para monitorear el tráfico marítimo cerca de Cuba.

Estas demostraciones de fuerza de facto han sido acompañadas de acuerdos militares bilaterales que intentan consolidar de manera institucional y dar un marco legal básico a las operaciones desplegadas: Trinidad y Tobago en el Caribe y Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala en Centroamérica son hasta hoy los enclaves estadounidenses en esta parte del continente.

Estas demostraciones de fuerza de facto han sido acompañadas de acuerdos militares bilaterales que intentan consolidar de manera institucional y dar un marco legal básico a las operaciones desplegadas…

PANAMÁ

En abril de 2025, Panamá firmó un acuerdo de cooperación con el gobierno norteamericano. Ambas naciones suscribieron un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación en seguridad. Este acuerdo permite la presencia rotativa de soldados estadounidenses en territorio panameño para realizar ejercicios militares conjuntos destinados a contener la influencia regional de China.

El gobierno de José Raúl Mulino ha impulsado desde el inicio de su gestión un fuerte alineamiento con EE. UU., que incluye la firma de acuerdos migratorios, además de los militares. Desde su toma de posesión en julio de 2024 implementó políticas para cerrar la selva del Darién al paso de migrantes con apoyo logístico de Washington, todavía bajo la presidencia de Joe Biden. El mencionado acuerdo de abril de 2025 implicó además la ruptura de Panamá con la Iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por China, un golpe duro para el país asiático dada la importancia geoestratégica del istmo. Estas medidas, justificadas internamente como asuntos de seguridad nacional, han generado críticas por la cesión de soberanía y la restricción de derechos de migrantes e indígenas, como el pueblo emberá.

TRINIDAD Y TOBAGO

Trinidad y Tobago también generó acuerdos militares y su territorio fue clave en la reciente intervención en Venezuela. A finales de 2025, se establecieron acuerdos de seguridad que incluyeron el acceso a aeropuertos para operaciones militares estadounidenses y la realización de ejercicios conjuntos en aguas cercanas a Venezuela, como los efectuados por el buque USS Gravely en octubre.

En noviembre de 2025, se llevó a cabo una ronda de entrenamientos con la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (22nd MEU), enfocada en operaciones nocturnas, combate urbano y seguridad interna. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, visitó el país a finales de 2025 para reunirse con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar y profundizar la colaboración.

En diciembre de 2025, el gobierno trinitense aprobó formalmente el uso de sus aeropuertos internacionales por parte de aviones militares norteamericanos. Estos vuelos tienen fines logísticos, de reabastecimiento de suministros y rotación de personal para las operaciones en el Caribe. El Cuerpo de Marines estadounidense desplegó y activó un sistema de radar de largo alcance móvil G/ATOR (Ground/Air Task-Oriented Radar) en el aeropuerto de Tobago para fortalecer la vigilancia regional contra supuestas organizaciones criminales transnacionales.

COSTA RICA

En noviembre de 2025, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la continuidad y ampliación del acuerdo bilateral de patrullaje conjunto que data de 1999. El mismo permite el atraque y permanencia de embarcaciones del Servicio de Guardacostas y de la Armada de EE. UU. en aguas del Pacífico y el Caribe costarricense durante todo el año 2026. Nuevamente, el argumento es incrementar la frecuencia de los operativos contra el narcotráfico. 

Por otro lado, se firmaron los “Compromisos en Seguridad y Ciberseguridad” durante la visita de Rubio el 4 de febrero de 2025. Tras reunirse con el presidente Rodrigo Chaves, se acordó reforzar la asistencia técnica y tecnológica de EE. UU. para proteger la infraestructura crítica costarricense frente a ataques externos. A su vez, se estableció un marco de cooperación para que Costa Rica actúe como un punto de contención y procesamiento migratorio, lo que incluyó discusiones sobre la gestión de migrantes deportados desde EE. UU. 

Un punto no menor fue la asistencia financiera y militar para el año fiscal 2025. Se han reportado aproximadamente nueve mil millones de dólares destinados a diversos programas de asistencia, que incluyen “seguridad y gobernanza”, una ayuda financiera camuflada para sostener un gobierno aliado.

EL SALVADOR

Después de tensiones con la administración de Joe Biden, con el retorno de los republicanos al poder, el gobierno de Nayib Bukele recuperó su acceso a la Casa Blanca y se convirtió en uno de los aliados más importantes de Washington. 

El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó el país  a inicios de 2025 durante su primera gira internacional. En aquella ocasión, llegó procedente de Panamá para reunirse con Bukele y discutir temas de migración, seguridad y cooperación económica. Producto de esa visita, en abril de 2025 el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el ministro de Defensa de El Salvador, René Merino Monroy, se reunieron en el Pentágono para ampliar la cooperación en entrenamiento, inteligencia y seguridad marítima.

En noviembre del mismo año, el gobierno norteamericano realizó la transferencia de dos helicópteros UH-1N Twin Huey a El Salvador para “fortalecer sus contribuciones a la seguridad internacional y los esfuerzos de aplicación de la ley en Haití” según un comunicado oficial de la embajada estadounidense en el país centroamericano. 

Recordemos que Bukele había aprobado en febrero de 2025 el envío de 78 efectivos militares salvadoreños para integrarse a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, destinada a apoyar al gobierno haitiano en sus esfuerzos por restaurar la paz y la estabilidad en medio de su crisis de seguridad. El esquema ilustra con claridad un modelo de cooperación frecuentemente utilizado por Washington: equipar a aliados regionales para que operen bajo su paraguas estratégico sin necesidad de desplegar tropas estadounidenses directamente.

GUATEMALA

La gestión republicana también generó acuerdos militares recientes con el gobierno de Bernardo Arévalo en Guatemala.  En noviembre de 2025, EE. UU. entregó al país centroamericano equipo militar valorado en 21 millones de dólares, y en enero de 2026, aviones C-17 estadounidenses arribaron al país con ayuda humanitaria y personal de entrenamiento militar.

Además, en diciembre de 2025, ambos países firmaron un acuerdo para intercambiar información sobre reclusos con posibles vínculos terroristas y mejorar la seguridad en las cárceles guatemaltecas. Nuevamente, aparece el argumento del narcotráfico para la justificación de acuerdos de cooperación en seguridad. El 15 de enero de 2026, se firmó un segundo acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) por 110 millones de dólares. Este convenio, suscrito por el comandante del Comando Sur de EE. UU. (SOUTHCOM), busca modernizar puertos y reestructurar el sistema ferroviario para fortalecer la logística y seguridad regional. Con evidente dedicatoria para frenar las inversiones chinas, el convenio es uno de los más importantes de los últimos años con el país del quetzal.

Mapa 1. Acuerdos estratégicos en Centroamérica y El Caribe

LOS ACUERDOS EN SUDAMÉRICA

Además de Centroamérica y el Caribe, Sudamérica ha sido partícipe de acuerdos en materia de defensa y seguridad. Ecuador, Perú, Paraguay y Argentina han sido en este caso los protagonistas de los nuevos convenios.

ECUADOR

El 25 de enero de 2026, el subsecretario de Guerra para las Américas, Joseph Humire, se reunió en Ecuador con autoridades nacionales como el ministro del Interior, John Reimberg, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, la canciller Gabriela Sommerfeld y el comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, para fortalecer la cooperación militar. Ecuador, que viene fortaleciendo su vínculo con Washington desde la última década —independientemente de las administraciones demócratas o republicanas y con una línea de continuidad que puede rastrearse hasta la última etapa del gobierno de Rafael Correa— se consolida como principal socio de seguridad de Estados Unidos en la región andina, con planes para operaciones conjuntas este año contra el crimen organizado, incorporando tecnología estadounidense para vigilancia, inteligencia y control territorial, enfocadas en la frontera con Colombia y la ruta del Pacífico.

El gobierno de Daniel Noboa ha justificado esta alianza en la escalada de violencia que atraviesa el país, un proceso cuyas raíces se extienden a las administraciones de sus antecesores Guillermo Lasso y Lenin Moreno. Sin embargo, los mecanismos de cooperación desplegados también han sido utilizados para reprimir protestas y movilizaciones sociales.

En el marco de la segunda administración Trump, Noboa ha intensificado los lazos con Washington —con visitas de Marco Rubio y Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional—, recibiendo millones de dólares en asistencia para “la lucha contra el narcotráfico” pese al rechazo popular al referéndum de noviembre 2025, que mantuvo la prohibición de instalar bases extranjeras, cuando el gobierno ya había avanzado en operaciones militares conjuntas en Manta e inspeccionado instalaciones en Santa Elena, dos puntos estratégicos en el Pacífico ecuatoriano.

PERÚ

Perú autorizó el ingreso de decenas de militares estadounidenses al país durante todo 2026, permitiéndoles portar armas de guerra para participar en actividades de entrenamiento, apoyo y asistencia con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP). La resolución fue aprobada por el Congreso el 4 de diciembre de 2025. Estos militares rotarán en grupos cada 3 a 6 meses, incluyendo fuerzas especiales, equipo SEAL (Sea, Air and Land) de la Marina, asuntos civiles y apoyo de inteligencia militar.

Por el lado peruano, colaborarán unidades como el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC), la Fuerza Especial Conjunta (FEC), las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina, el Grupo de Fuerzas Especiales (Grufe) de la Fuerza Aérea, brigadas de Fuerzas Especiales del Ejército y grupos policiales como Diroes, Dirandro y Grecco. El anuncio coincide con la designación de Perú como “aliado principal no miembro de la OTAN”, comunicada por Trump al Congreso el 11 de diciembre de 2025 y formalizada mediante Determinación Presidencial el 14 de enero de 2026, en un contexto de creciente presencia china en el país —con el Puerto Hub de Chancay como emblema— que Washington busca contrarrestar.

PARAGUAY

En diciembre de 2025, se firmó un acuerdo de seguridad con el gobierno de Santiago Peña en Paraguay que autoriza el despliegue temporal de tropas estadounidenses para realizar operaciones conjuntas contra el «narcoterrorismo» y fortalecer la seguridad fronteriza. El Acuerdo de Estatuto de Fuerzas (SOFA) se firmó entre Marco Rubio y el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano. Este pacto establece un marco legal para la presencia y actividades de militares y civiles del Departamento de Guerra de EE. UU. en territorio paraguayo, facilitando entrenamientos bilaterales, asistencia humanitaria, respuesta a desastres y acciones contra amenazas de seguridad compartidas, como crimen organizado y grupos terroristas transnacionales.

El convenio no prevé bases militares norteamericanas permanentes en Paraguay, sino actividades específicas y temporales. También autoriza el envío de tropas estadounidenses con inmunidad —otorgando al personal estadounidense privilegios equivalentes a los del personal diplomático y autorizando a EE. UU. a ejercer jurisdicción penal sobre su propio personal en territorio paraguayo—, transformando potencialmente al país sudamericano en una base militar indirecta y alineándose con intereses geopolíticos norteamericanos en detrimento de su soberanía, muy en la lógica de Ecuador, Costa Rica y Trinidad y Tobago. En paralelo, Paraguay, como varios países latinoamericanos, se incorporó el 5 de febrero a una iniciativa impulsada por EE. UU. para fortalecer la cadena de suministros de los denominados minerales críticos, fundamentales en la producción de tecnologías limpias y en la promoción de la transición energética.

ARGENTINA

Al extremo sur del continente, durante los primeros días de febrero el gobierno de Argentina anunció ejercicios militares combinados con Estados Unidos en su territorio. Si bien todavía no se conoce el emplazamiento específico, el gobierno libertario dejó trascender que se denominará “Daga Atlántica” (Atlantic Dagger), contemplaría escenarios continentales y australes, y comenzaría el próximo lunes 6 de abril y, fiel al estilo grandilocuente del oficialismo, lo publicita como “el más importante de la historia reciente para la Argentina”, lo que puede ser verdad, considerando las implicaciones geopolíticas que tiene. 

El ejercicio se enmarca en una agenda de cooperación que el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO) viene explicitando desde el año pasado, en consonancia con la política de alineamiento incondicional del gobierno de Javier Milei con las políticas de los Estados Unidos. En un comunicado institucional sobre coordinaciones bilaterales, el Ejecutivo sostuvo que los intercambios con el comando estadounidense de operaciones especiales buscan “estrechar lazos de cooperación mutua” y fortalecer la coordinación en entrenamiento y procedimientos. El sur argentino es una zona clave por la presencia de recursos naturales críticos, el control de los pasos bioceánicos y por su posición privilegiada para el control del Atlántico. La Patagonia, asimismo, ofrece condiciones ideales para el desarrollo de infraestructura tecnológica. 

El caso de Ushuaia merece una mención aparte. El proyecto de una Base Naval Integrada en la ciudad austral fue lanzado formalmente en marzo de 2022 bajo el gobierno de Alberto Fernández, con el entonces ministro de Defensa Jorge Taiana, con una orientación soberanista y sin participación extranjera. Milei alteró y profundizó su dimensión geopolítica: en abril de 2024 viajó a Ushuaia junto a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, para monitorear los avances de la base y relanzarla como un centro logístico situado en la puerta de entrada a la Antártida, con capacidades militares aéreas, navales y terrestres, y control sobre el Estrecho de Magallanes. En octubre de 2025, Milei autorizó mediante el Decreto 697/2025 —sin pasar por el Congreso— el ingreso temporario de unos 30 marines a las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. Y en enero de 2026, intervino el puerto de Ushuaia, que hasta entonces estaba bajo la gestión del gobernador Gustavo Melella, en lo que se interpretó por analistas como un paso hacia la entrega de su control estratégico al Comando Sur estadounidense.

Mapa 2. Acuerdos estratégicos en Sudamérica

PUNTOS DE ENCUENTRO

En la firma de los diferentes acuerdos podemos evaluar algunos elementos comunes. En primer lugar, la lucha contra “amenazas transnacionales” que justifican bajo el combate al “narcoterrorismo”, el crimen organizado y otras organizaciones criminales, y la vigilancia fronteriza. Estos elementos han sido parte de los argumentos que llevaron a la citada intervención sobre Venezuela y presiones sobre  Colombia y México, que, pese a tener gobiernos de izquierda, mantienen estructurales relaciones de cooperación militar y de seguridad con los Estados Unidos. En el caso de Colombia las bases militares estadounidenses instaladas en los últimos años siguen en funcionamiento y la relación de México y el Comando Norte es más estrecha que nunca.

En el fondo, lo que subyace a todo este armado, además de los objetivos expresos, es la contención de potencias rivales y el aseguramiento del vecindario. El control sobre Centroamérica y el Caribe permite mantener la zona de influencia más próxima totalmente asegurada para hacer movimientos hacia Europa y el Atlántico Norte; asegurar los puertos estratégicos del Pacífico permite, además de contener la influencia china, aumentar la vigilancia de los pasos bioceánicos, como el denominado Corredor Vial de Capricornio que une los dos océanos y articula un conjunto de rutas, caminos y zonas comerciales que atraviesan Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina, Chile y Perú.

En la firma de los diferentes acuerdos podemos evaluar algunos elementos comunes (…) En el fondo, lo que subyace a todo este armado, además de los objetivos expresos, es la contención de potencias rivales y el aseguramiento del vecindario.

Los ejercicios militares conjuntos, la rotación de personal, la inteligencia y las transferencias o ventas de equipos son otros elementos en común, que en muchos casos implican el desarrollo de una presencia militar no permanente, solo con el fin de establecer marcos legales que permitan, en caso de ser necesario, la presencia de tropas estadounidenses con inmunidad diplomática. Los acuerdos fueron impulsados por figuras clave de la gestión Trump como Marco Rubio, Pete Hegseth y Joseph Humire, lo que demuestra la importancia que tiene la región para el hegemón occidental. 

No está de más contrastar el despliegue militar y la ubicación de minerales críticos. El famoso Triángulo del Litio, ubicado en la intersección de los Andes, concentra la mayor parte del litio mundial en salares de Chile, Bolivia y Argentina. El Salar de Atacama (Chile) alberga el 33% de las reservas globales, el Salar de Uyuni (Bolivia) es uno de los yacimientos más grandes por extensión y los salares de Olaroz, Cauchari y del Hombre Muerto (Argentina) constituyen depósitos clave. Por su parte, Perú es el segundo productor global, con yacimientos importantes a lo largo de la cordillera de los Andes. Distintos países de Centroamérica y el Caribe cuentan con yacimientos de níquel y cobalto. México, Perú y Argentina cuentan también con yacimientos emergentes a explorar.

Mapa 3. Corredor Vial de Capricornio

LA NUEVA CARRERA ARMAMENTISTA

Cada elemento se ata con otro. Sin embargo, existe otro factor clave que explica por qué la actual administración republicana tiene tanta prisa de asegurar su “patio trasero”: la necesidad de actualizar la industria armamentística norteamericana ante una potencial obsolescencia frente al constante progreso bélico chino, en un contexto de guerra comercial con centralidad en la inteligencia artificial, la información y los datos que demandan cada día energía y minerales críticos.

Como señalamos en nuestro número de enero, los grandes popes de la industria militar y el lobby tecnológico-financiero están preocupados por la relación entre “seguridad y solvencia” económica de Estados Unidos. Empresarios de la industria como Trae Stephens de Anduril sostienen que la capacidad para disuadir o ganar guerras depende directamente del dinamismo industrial y productivo del país, forjado en experiencias como la Segunda Guerra Mundial. Hoy, sin embargo, esta solvencia se ha erosionado por políticas deliberadas de los últimos 30 años que desindustrializaron la base manufacturera, redujeron astilleros y capacidad naval, y concentraron la industria de defensa en pocas empresas vulnerables a cadenas de suministro alejadas del territorio estadounidense. Esto genera una “profundidad estratégica” menguante, donde EE.UU. produce menos municiones, drones y buques que rivales como Rusia o China, arriesgando quedarse sin reservas de municiones en conflictos prolongados. La ventana de riesgo que contempla la comunidad de inteligencia estadounidense es 2027-2030, un periodo de tiempo donde el viejo armamento dejará de ser útil y el nuevo que se está produciendo no estará listo aún. Es en ese momento que Estados Unidos no quedará en una situación de riesgo vital pero no será capaz, sostienen analistas militares, de apoyar a aliados estratégicos en otras regiones, como Taiwán.

La ventana de riesgo que contempla la comunidad de inteligencia estadounidense es 2027-2030, un periodo de tiempo donde el viejo armamento dejará de ser útil y el nuevo que se está produciendo no estará listo aún. Es en ese momento que Estados Unidos no quedará en una situación de riesgo vital pero no será capaz, sostienen analistas militares, de apoyar a aliados estratégicos en otras regiones, como Taiwán.

Para revertir esta tendencia, Stephens y otros empresarios de Silicon Valley proponen la idea de que “la producción es disuasión y la fábrica es el arma”. Estados Unidos, argumentan, debe aprovechar su liderazgo en software e IA para diseñar armas simples, masificables con componentes comerciales (como hace Anduril con misiles Barracuda y drones YFQ-44A), inspirados en el “Arsenal de la Democracia” de Roosevelt y Ford, aplicando la Ley de Wright para reducir costos con volumen. Iniciativas como la fábrica Arsenal-1 en Ohio —con una inversión de cerca de mil millones de dólares— demuestran viabilidad económica con mano de obra local, alianzas universitarias y apoyo estatal, exigiendo políticas que prioricen diseños escalables, autosuficiencia y disuasión mediante capacidad sostenida, más que adquisiciones anacrónicas del Pentágono.

¿Quién puede llegar a comprar la tecnología armamentística obsoleta de EE.UU.? ¿Quién puede proveer recursos estratégicos para el nuevo desarrollo armamentístico norteamericano? ¿Quién debe dejar de negociar con China, el principal rival de la gestión trumpista? Todos los caminos conducen a América Latina y el Caribe.

ESCENARIOS A FUTURO

En este contexto, el escenario de corto plazo entre Estados Unidos y la región será de mayor presión por parte de los norteamericanos para alcanzar sus objetivos estratégicos, ya que, como hemos visto, van a contrarreloj. En naciones con gobiernos sólidos y soberanos, la dinámica no será de retroceso de esta tendencia —que rebasa cualquier fuerza local y cualquier cambio de administración estadounidense—, sino de equilibrios, cooperación y búsqueda de dividendos para ambas partes. En aquellas naciones con gobiernos débiles o totalmente alineados a los intereses norteamericanos, el escenario será de pérdida de soberanía y una dependencia del hegemón cada vez mayor, tal vez irreversible en el mediano plazo.

También es altamente probable que, en los próximos días o semanas, seamos testigos de una visita de Marco Rubio o Pete Hegseth —o de alguno de los subsecretarios o altos mandos militares que están tomando relevancia en este juego— a Bolivia y Chile, para la firma de acuerdos con los gobiernos del presidente boliviano Rodrigo Paz y del próximo presidente chileno Antonio Kast.

También es altamente probable que, en los próximos días o semanas, seamos testigos de una visita de Marco Rubio o Pete Hegseth —o de alguno de los subsecretarios o altos mandos militares que están tomando relevancia en este juego— a Bolivia y Chile, para la firma de acuerdos… 

En el caso de Brasil, Uruguay y Cuba, tal vez en estos momentos los únicos Estados latinoamericanos que, por sus condiciones geopolíticas y políticas, presentes e históricas, cuentan con las condiciones para hacerlo, veremos un panorama más diversificado en este terreno, aunque no del todo independiente de la dinámica regional. La reciente visita del presidente uruguayo Yamandú Orsi a China y del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a la India, así como del canciller cubano Bruno Rodriguez a Rusia son demostraciones —cada uno, sin embargo, con motivaciones y estrategias distintas— de autonomía relativa y un intento por equilibrar la balanza. Lo que está por verse es si, rumbo a la asunción de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) por parte de Uruguay, la región será capaz de retomar un espacio de concertación política donde estos temas sean puestos en el centro y puedan discutirse con apertura y mirada estratégica.