El asesinato de Víctor Hugo Claure, magistrado del Tribunal Agroambiental, el pasado 1 de mayo de 2026 en Santa Cruz, ha provocado un quiebre en la seguridad institucional del Estado boliviano. Claure falleció desangrado tras recibir cuatro impactos de bala en un ataque perpetrado bajo la modalidad de sicariato, un hecho que causó un revuelo inmediato en el país. Este crimen no es un evento aislado, sino que forma parte de una ola de violencia en la que se registraron al menos seis asesinatos vinculados al crimen organizado en la región oriental de Bolivia.

La reacción del Órgano Judicial ha sido de alarma y exigencia de garantías mínimas para el ejercicio de sus funciones. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exigió al Gobierno protección efectiva para todos los jueces y alertó formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la vulnerabilidad de los administradores de justicia en el país. Diversas autoridades judiciales han interpretado el asesinato de Claure como un «mensaje directo» de las mafias al sistema judicial, mientras que desde el Consejo de la Magistratura se ha solicitado que, al menos, se asigne un oficial de policía para la protección de cada magistrado nacional.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Gobierno, Eduardo Oviedo, activó el denominado «Plan Halcón» para intensificar la lucha contra el crimen organizado y endurecer las medidas de seguridad, especialmente en Santa Cruz. No obstante, la eficacia de la institución policial ha sido duramente cuestionada por sectores políticos, como el vicepresidente Edmand Lara, que ha solicitado un cambio inmediato en la cúpula policial, bajo el argumento de que el crimen organizado ha logrado infiltrarse y «apoderarse» de estructuras estatales.