El jueves 25 de junio, drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) atacaron un carguero de bandera singapurense que navegaba por el corredor costero omaní aprobado por la Organización Marítima Internacional (OMI). Este es el primer ataque desde la firma del Memorando de Entendimiento (MOU) el miércoles 17 de junio en Versalles. La OMI suspendió de inmediato su operación de evacuación de más de 11 mil marineros varados en el Golfo Pérsico. La recientemente creada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico —organismo establecido por Teherán para controlar el tránsito marítimo— advirtió que las consecuencias de navegar por rutas no autorizadas serían responsabilidad del armador, operador y comandante del buque.

La tensión de fondo es el control iraní sobre el paso estratégico. Rubio, en su gira por los Emiratos, Kuwait y Bahrein, declaró ante el Consejo de Cooperación del Golfo que existe “apoyo cero” de los países árabes a cualquier tarifa sobre las vías navegables internacionales: “Ningún país en el mundo tiene derecho a cobrar por el uso de vías navegables internacionales”, afirmó. El punto es central porque el MOU deja abierta esa posibilidad una vez vencido el período de 60 días de negociación, algo que Teherán no ha descartado.

Las conversaciones técnicas de la cumbre del 21 y 22 de junio en Bürgenstock, encabezada por el vicepresidente JD Vance y el presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Ghalibaf, produjeron una hoja de ruta de 60 días y establecieron cuatro mesas de trabajo: sanciones y exportaciones petroleras iraníes, programa nuclear, reconstrucción económica de Irán, y monitoreo y verificación. La primera grieta afloró el martes 23 de junio: Washington afirmó que Irán había acordado inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica a sus sitios nucleares dañados. Teherán lo desmintió de inmediato, sosteniendo que el acceso del organismo solo se discutirá después del levantamiento de sanciones y la liberación de activos congelados.