Este lunes 7 de abril, la Contraloría General de Panamá publicó un informe donde afirma que hubieron irregularidades en la renovación por 25 años de la concesión a Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, que opera los estratégicos puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) desde 1997.

Según el contralor Anel Flores, el contrato renovado en 2021 incluyó incumplimientos de pago, errores contables y operaciones «sombra» no declaradas inicialmente por la empresa, lo que habría costado al Estado panameño mil,300 millones de dólares en ingresos perdidos por beneficios fiscales excesivos. «Hay muchas violaciones que habrá que explicar», advirtió Flores, anunciando que los hallazgos se enviarán a la Autoridad Marítima —que podría rescindir el contrato— y que se presentará una demanda contra los funcionarios involucrados.

El informe llega en un momento de alta tensión geopolítica y denuncias cruzadas. Luego de las innumerables presiones y amenazas por parte de Washington contra la presencia China en el país centroamericano, el poderoso fondo de inversiones BlackRock había acordado quedarse con la participación mayoritaria de la firma hongkonesa CK Hutchison en una red de puertos que abarca 43 instalaciones en todo el mundo, incluyendo dos en el estratégico canal panameño.

Sin embargo, luego de que se conociera la noticia del acuerdo, la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China (SAMR), un organismo vital del Consejo de Estado encargado de supervisar y regular el mercado chino, anunció que investigaba la venta de las acciones de CK Hutchison.  La decisión de investigar el acuerdo, puso en jaque un negocio valorado en 22 mil 800 millones de dólares, por lo que quedó suspendida la venta de puertos en el canal de Panamá.