El choque diplomático entre Bogotá y Washington entró esta semana en una fase de calibración pública que mezcla anuncios presidenciales, aclaraciones ministeriales y gestos diplomáticos destinados a evitar una escalada mayor. Tras la orden del presidente Gustavo Petro de suspender, en ciertos términos, la cooperación en materia de inteligencia con Estados Unidos, el Ejecutivo ha insistido en matizar el alcance de la medida, fuentes oficiales y el propio presidente dicen que la suspensión apunta a no participar en operaciones como bombardeos a lanchas en el Caribe y que cualquier intercambio de información quedará supeditado a garantías sobre el uso que se haga de esa inteligencia y al respeto de derechos humanos.

Ante confusiones y versiones encontradas, el ministro del Interior Armando Benedetti salió a clarificar que agencias como el FBI, la DEA y HSI no dejarán de cooperar con las fuerzas colombianas en la lucha contra el narcotráfico en términos generales, y que hubo una “mala interpretación” de algunos comunicados y de la prensa sobre un cese absoluto de operaciones conjuntas. En paralelo, la Cancillería y el Ministerio de Defensa han trabajado en alternativas diplomáticas, incluyendo el estudio de comunicaciones formales, para intentar evitar un “efecto dominó” que fracturaría más las relaciones con la administración de Donald Trump, mientras la propia Cancillería ha esbozado planes para sortear la crisis sin romper canales fundamentales.

La medida y sus precisiones han generado reacciones encontradas: desde la oposición, que advierte sobre riesgos para la cooperación antinarcóticos y el control del territorio, hasta versiones periodísticas que señalan que el gobierno habría moderado o “retractado” algunos alcances y mantenido comunicaciones operativas con agencias estadounidenses.