El gobierno de Dina Boluarte intensificó su confrontación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) a raíz de la Ley de Amnistía para las fuerzas del orden. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó su decisión de que las autoridades peruanas deben abstenerse de aplicar la ley, la cual considera violatoria a la Convención Americana. En respuesta, la presidencia calificó la postura de la Corte como “inaceptable”.

La postura del gobierno peruano fue reiterada en foros internacionales. Durante su intervención en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Suiza, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, defendió la legalidad de la Ley de Amnistía y afirmó que Perú continúa evaluando su permanencia en el SIDH. Esta posición se mantiene a pesar del rechazo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo Alto Comisionado sobre Derechos Humanos calificó la ley como un “paso atrás para la justicia y la verdad”.

Este conflicto con organismos internacionales y constante posicionamiento en favor de la impunidad de las fuerzas de seguridad dan cuenta de las intenciones de Boluarte de sostenerse en el poder haciendo potencial uso de la fuerza. Esto, en la medida en que su nivel de aprobación es de los más bajos de la región. De hecho, en este contexto, la presidenta hizo un llamado a evitar las movilizaciones sociales, declarando que “no hay por qué bloquear carreteras como en antaño, no hay por qué salir a las calles a generar caos”. Esta declaración se da en un momento en que el gobierno enfrenta nuevas acusaciones y críticas, incluso en materia de obstrucción a la justicia en investigaciones por corrupción.