Guilherme Boulos asumió la Secretaría General de la Presidencia como una de las incorporaciones más significativas del tercer mandato de Lula, en un momento de fuerte tensión social y política. Su discurso inaugural demarcó límites claros entre el campo democrático y los sectores que “atacan la democracia y traicionan al país”. En un acto cargado de simbolismo, Boulos pidió un minuto de silencio por las víctimas de la megaoperación policial en Río de Janeiro, la más letal de la historia del estado, vinculando el episodio con las raíces estructurales del crimen organizado y su relación con el sistema financiero, al afirmar que “la cabeza del crimen no está en un barraco de favela, sino en la Faria Lima” en referencia al principal centro financiero en São Paulo.
Más allá de la coyuntura, su llegada a la Secretaría General refleja un reacomodo estratégico del gobierno Lula para reforzar el diálogo con los movimientos sociales y recuperar la iniciativa política en los territorios populares. Boulos, histórico dirigente del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) y figura de proyección nacional dentro del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), asume la tarea de “colocar el gobierno en la calle”, una consigna que busca revitalizar la base social del lulismo tras un año de desgaste institucional. En sintonía con su discurso, el nuevo ministro anunció su intención de implementar un modelo de presupuesto participativo a nivel federal, retomando una bandera emblemática de la experiencia petista en Porto Alegre durante los años 1990, pero adaptada a una escala nacional y apoyada en plataformas digitales y consultas territoriales.
La propuesta se estructura como una “política de Estado de democracia participativa”, que pretende institucionalizar mecanismos de decisión ciudadana en la asignación de recursos públicos. Esto colocaría a la Secretaría General como un puente entre el Ejecutivo y la sociedad civil organizada, en un momento en que el propio Lula busca contrapesar el poder del Congreso conservador y frenar el avance de la oposición bolsonarista.
El nombramiento de Boulos también es interpretado como un gesto de recomposición del frente de izquierda, luego de tensiones entre el PT y el PSOL en las elecciones municipales de 2024. Su presencia en el gabinete amplía la coalición oficialista hacia el campo progresista, a la vez que fortalece la representación de los movimientos urbanos en la agenda gubernamental, históricamente dominada por el sindicalismo industrial y los movimientos campesinos. El desafío político de Boulos será convertir ese impulso movilizador en una política de Estado sin erosionar el delicado equilibrio interno del gobierno. Su ascenso simboliza el intento del lulismo por repolitizar la gestión y reconstruir su legitimidad desde abajo, en una etapa marcada por la disputa sobre el sentido de la democracia y el papel del Estado en la redistribución de poder y riqueza.

