El presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizó a Itamaraty iniciar el proceso para aplicar la Ley de Reciprocidad contra Estados Unidos, en respuesta a las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump. El Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la conducción de Mauro Vieira, remitió el caso a la Camex (Cámara de Comercio Exterior), que dispone de 30 días para evaluar la legalidad del recurso y decidir si corresponde abrir un proceso de retaliación comercial. Paralelamente, el Ministerio de Hacienda, dirigido por Fernando Haddad, elaboró en coordinación con otras carteras un conjunto de posibles contramedidas, considerando que Trump no muestra señales de retroceder en su política arancelaria. El movimiento se da también en un escenario de alta tensión interna, en vísperas del juicio del expresidente Jair Bolsonaro, y en un contexto legislativo marcado por el debate sobre la regulación de las big techs en el Congreso.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, el gobierno brasileño comunicará a la administración estadounidense el inicio formal del procedimiento, lo que abriría espacio a consultas bilaterales antes de que se adopten medidas. Si la Camex avala la propuesta, se instalará un grupo interministerial para definir las contramedidas, tal como prevé la legislación vigente. El proceso se desarrolla en paralelo a otras respuestas de Brasil frente al tarifazo de Trump y a las investigaciones de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) sobre presuntas prácticas comerciales desleales. Funcionarios del Itamaraty sostienen que la activación de la Ley de Reciprocidad preserva la vía negociadora, aunque no descartan que las tensiones se profundicen conforme avance el proceso.

Las medidas podrían ser provisionales, decididas por un núcleo reducido de ministerios (Casa Civil, Hacienda, Relaciones Exteriores e Industria y Comercio), o ordinarias y de largo plazo, caso en el cual la decisión correspondería al Gecex, órgano ejecutivo de la Camex. En este último escenario, deberán pronunciarse todos los ministerios antes de adoptar una resolución final. Por ahora, no se ha definido qué instrumentos serían aplicados, aunque la estrategia busca dar al gobierno margen de maniobra para equilibrar las relaciones con Washington sin cerrar la puerta a una eventual negociación.