A menos de cuatro meses de las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026, un conjunto de episodios recientes reavivó las advertencias sobre una creciente concentración de poder del gobierno del presidente Daniel Noboa sobre las funciones Judicial y Electoral del Estado. El gremio de jueces y juristas del país alertó esta semana sobre el riesgo que corren la presunción de inocencia y la independencia judicial, luego de que voceros del Ejecutivo lanzaran advertencias públicas contra magistrados encargados de causas penales y atribuyeran delitos a procesados cuyos casos aún se encuentran en fase de investigación o deliberación.

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que “nadie ha podido desmentir la culpabilidad de los alcaldes detenidos” —pese a que la carga de la prueba recae sobre la Fiscalía— y advirtió que, si los jueces no se “enderezan”, irán presos. En la misma línea, el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, calificó al movimiento Amigo de “amigo de lo ajeno” en plena etapa de investigación y aseguró que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, “se financió por el contrabando de combustible”, cuando el proceso que lo investiga por ese hecho —conocido como caso Triple A— apenas ingresó a la fase de deliberación. La asociación de magistrados y jueces del país respondió que “la independencia judicial trasciende el interés particular de quienes ejercen funciones jurisdiccionales y constituye una garantía de la ciudadanía”, mientras que el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados, Paúl Ocaña, calificó de violatorio de la autonomía judicial el uso del término “enderezar” hacia los magistrados.

El control gubernamental alcanzó también a la Asamblea Nacional, donde el bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) —que en febrero de 2025 contaba con 66 curules frente a las 67 de la Revolución Ciudadana (RC)— sumó votos de bancadas independientes y de exlegisladores correístas hasta consolidar, en junio de 2026, una mayoría de 84 votos para elegir a su jefe de bancada, Esteban Torres, como primer vicepresidente del organismo. Esa mayoría ha permitido al oficialismo presidir 13 de las 15 comisiones legislativas y archivar procesos de fiscalización como el juicio político contra la exministra Inés Manzano, motivado por la crisis energética de 2025.

Por su parte, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó esta semana una denuncia del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la excandidata presidencial por el correísmo Luisa González, su exbinomio, Andrés Arauz, y la responsable económica de su campaña de 2023, Estefanía Molina, por presuntas irregularidades en el financiamiento de esa candidatura. El juez sustanciador, Ángel Torres Maldonado, resolvió que el acto administrativo que originó la denuncia había sido previamente declarado nulo por el propio Tribunal, por lo que no podía pronunciarse sobre el fondo del caso, aunque las pericias contables incorporadas al proceso concluyeron que el binomio correísta respetó el límite de gasto electoral: utilizó poco menos de 342 mil dólares frente a un máximo permitido de 2 millones 152 mil dólares. La decisión, que puede ser apelada ante el Pleno del TCE, se conoce mientras ese organismo mantiene suspendida a la RC por el caso Caja Chica, que investiga presuntos aportes ilegales desde Venezuela a esa misma campaña.

La suspensión de la fuerza correísta repercute directamente en la contienda por la Alcaldía de Guayaquil: esta semana, Fiorella Ycaza, esposa del alcalde preso Aquiles Álvarez y procesada en el caso Goleada por presunto lavado de activos, se postuló a esa candidatura por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), organización que auspicia a los candidatos correístas ante la suspensión que los afecta.