La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en la presentación de su informe anual 2024 preocupantes retrocesos institucionales en Paraguay, haciendo especial énfasis en la destitución de la exsenadora Kattya González. El documento señala que su remoción fue arbitraria y carente de fundamento legal y señalado como parte de “un patrón de violencia política de género”, lo que atenta contra la democracia y la libertad de expresión en el país.

González, reconocida por su postura crítica contra casos de corrupción, fue apartada del cargo en febrero de 2024 mediante un juicio político exprés impulsado por sectores oficialistas. La CIDH advirtió que esta acción configura un patrón preocupante de uso del poder para silenciar voces opositoras.

Además de este caso, el organismo interamericano también expone violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta, menciona su preocupación por la limitación a la libertad de asociación que representa la ley “anti-ONG” y afirma que el Estado violó el derecho a la propiedad de tierras tradicionales a las comunidades Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek.