El pasado miércoles 15 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que revisará la denuncia presentada por la organización humanitaria Cristosal sobre el traslado “arbitrario” de 76 jueces en El Salvador, ocurrido en 2021. Según la ONG, estos jueces fueron removidos de sus cargos mediante una reforma a la Ley de la Carrera Judicial que, además de imponer jubilaciones forzosas, afectó la independencia judicial en casos emblemáticos como la masacre de El Mozote y otras investigaciones sensibles.
Cristosal, que debió cerrar sus operaciones en el país hace dos meses denunciando persecución política por parte del gobierno de Bukele, señaló que estas acciones forman parte de un proceso de desmantelamiento democrático que comenzó con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021.
La denuncia ante la CIDH se presentó debido a la falta de debido proceso, la violación al principio de legalidad, la restricción de derechos políticos y la afectación al derecho al trabajo de los jueces. La organización subraya que estas medidas respondieron a una concentración de poder en el Órgano Ejecutivo.
Con tono polémico, el presidente Nayib Bukele instó a la administración de Donald Trump a destituir a “jueces corruptos” en Estados Unidos, recibiendo incluso el apoyo de figuras cercanas como Elon Musk.
En el mismo sentido, el pasado 9 de octubre Amnistía Internacional volvió a señalar que las reformas al sistema penal y el prolongado estado de excepción han consolidado un aparato represivo que utiliza la justicia como instrumento para criminalizar a defensores de derechos humanos y silenciar voces críticas. Desde su implementación, el estado de excepción se ha prorrogado en 42 ocasiones, permitiendo detenciones masivas sin pruebas, suspensión de garantías judiciales y aplicación de plazos desproporcionados de detención administrativa.
Las reformas penales y procesales han agravado la situación, introduciendo medidas como la ocultación de la identidad de los jueces, la aplicación automática de prisión preventiva y el endurecimiento de penas para niños y adolescentes.
