La arrasadora victoria electoral de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile de diciembre del año pasado hizo que el país andino se sumara al concierto de naciones latinoamericanas alineadas a la ultraderecha. Es la primera vez desde la vuelta de la democracia en 1990 que el Palacio de la Moneda estará conducido por un presidente formado en las entrañas del pinochetismo y que pone en jaque los consensos hasta ahora construidos. La derecha chilena pasó de hacer su peor elección histórica en 2021, cuando perdió en los comicios regionales y en la elección de convencionales constituyentes, a ser la opción más votada de los últimos 30 años. Con el 58,17%, Kast superó por tres puntos la marca que había hecho Gabriel Boric en el balotaje de 2021. El resultado, que las encuestas anticipaban por lo menos desde mitad de año, dejó a la izquierda y al progresismo sumidos en un mar de preguntas. Con el propósito de realizar una lectura profunda de los resultados y comprender la derrota del oficialismo desde el interior de la coalición gobernante, Traza Continental dialogó con fuentes que desempeñaron altos niveles de responsabilidad durante estos años, tanto en el gobierno nacional como en gobiernos locales. Para preservar su identidad y expresar lo más fielmente sus posturas, las reflexiones serán citadas off the record.
I. FACTORES ESTRUCTURALES: VOTO OBLIGATORIO Y ALTERNANCIA CONSTANTE
La elección presidencial del año pasado tuvo un componente inédito: el paso del voto opcional al voto obligatorio. En 2022 el Congreso de Chile repuso la obligatoriedad del voto para todos los mayores de 18 años, lo que aumentó el padrón electoral en un número de entre cinco y seis millones de personas. Este electorado, que votó por un candidato presidencial por primera vez, es todavía una incógnita incluso para los encuestadores. Sin embargo, el ingeniero y fundador de la Encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD), Juan Pablo Lavín, trabaja hace varios años con este segmento de votantes y en diálogo con BBC Mundo los describió como personas con un alto nivel de desconfianza hacia las instituciones y particularmente hacia quienes ejercen el poder al momento de asistir a los comicios. “Tienen una contraposición a quien está en el poder que es muy fuerte. Lo que tiene sentido con la idea de que la política no sirve para nada y por eso voluntariamente elegían no participar. Para algunos, es indiferencia; para otros, frustración; para otros rabia”, explicó Lavín. Esta particularidad —la incorporación de millones de nuevos votantes, que según el consultor sostienen una posición antipolítica— podría haber reforzado un rasgo a esta altura ya tradicional de la democracia chilena: ningún oficialismo logra reelegirse de forma consecutiva. Desde la elección de 2009 ninguna fuerza política pudo darle continuidad a su gobierno y, por el contrario, Chile entró en un esquema de alternancia entre propuestas muy distantes que hizo que todos los gobiernos llegaran al final de su mandato muy deslucidos. Le pasó al fallecido expresidente Sebastián Piñera, que terminó su gestión con una aprobación del 15% según un estudio de Latinobarómetro, y también lo sufrió Gabriel Boric, cuya valoración positiva no llegó al 30%, según los últimos datos de la encuestadora CEP.
Desde la elección de 2009 ninguna fuerza política pudo darle continuidad a su gobierno y, por el contrario, Chile entró en un esquema de alternancia entre propuestas muy distantes que hizo que todos los gobiernos llegaran al final de su mandato muy deslucidos.
El comportamiento pendular del electorado chileno también se reflejó en el rechazo de los plebiscitos para una nueva Constitución. El primer plebiscito, celebrado en 2022, evaluó una propuesta constitucional redactada por una Convención dominada por fuerzas de izquierda e independientes —en la que el gobierno de Boric había comprometido buena parte de su capital político— que fue rechazada por una amplia mayoría que lo consideró demasiado orientado hacia la izquierda y una agenda identitaria. El segundo, celebrado un año y tres meses después pero redactado de manera casi exclusiva por el Partido Republicano, corrió la misma suerte, aunque esta vez el motivo fue que era excesivamente conservador. “Hay que pensar que lo que ocurrió en ambos plebiscitos fue la cohabitación de una demanda de cambio y, al mismo tiempo, un miedo a ese cambio. En esto tiene mucho peso la percepción. Podemos ser muy críticos del presente, pero sentimos que nuestro país es mucho mejor que el de los vecinos y que perder esa condición es algo muy temido”, opinó una de las fuentes consultadas.
Si bien la no reelección de los oficialismos ya se consolidó como un rasgo estructural de la política chilena, la última elección marcó además el “fin de ciclo” del escenario de movilizaciones abierto en 2006 con la llamada revolución pingüina. La incorporación masiva de más de cinco millones de votantes que hasta ahora habían permanecido al margen no solo alteró el padrón, sino que reordenó el mapa electoral. En función de los pocos estudios disponibles al momento, es posible afirmar que se trata de un electorado con baja adherencia política y fuerte rechazo a los oficialismos, un rasgo que se refleja en la distribución del voto: de cada cinco de estos nuevos votantes, tres optaron por Kast, uno por Jara y uno por el voto nulo o blanco, un comportamiento que ayuda a explicar el giro político registrado en las urnas.
Si bien la no reelección de los oficialismos ya se consolidó como un rasgo estructural de la política chilena, la última elección marcó además el “fin de ciclo” del escenario de movilizaciones abierto en 2006 con la llamada revolución pingüina.
II. AUSENCIA DE ESTRATEGIA POLÍTICA Y PROYECTO DE NACIÓN TRANSFORMADOR
Un punto importante en el que coinciden todas las fuentes consultadas es que el gobierno subestimó la capacidad de recomposición de la derecha y careció de una estrategia política para hacerle frente. Esa evaluación inexacta de la derecha por parte del oficialismo se apoyaba en un antecedente reciente: la derrota del sector frente a Gabriel Boric en 2021 y su peor desempeño histórico en las elecciones regionales y de convencionales constituyentes de ese mismo año, cuando apenas logró imponerse en una de las 16 gobernaciones del país. Sin embargo, esa evaluación condujo a un error estratégico mayor. Una vez instalado en La Moneda, el Ejecutivo no logró traducir en un proyecto político coherente el ciclo de demandas abierto con las movilizaciones estudiantiles de 2006 y reactivado con fuerza en 2019, y las expectativas comenzaron a desvanecerse.
“No fuimos capaces de provocar un cambio en el modelo de desarrollo neoliberal. Después de todo el proceso de movilización, no podemos decir que Chile finalmente conciba la educación o la salud como derechos sociales. Hoy tenemos las tasas más altas de espera para cirugías en el sector público, por citar un ejemplo”, lamentó una de las fuentes consultadas por Traza Continental. “Las fuerzas políticas eran las que debían estar llamadas a hacer eso posible”, agregó. Aunque reconoce que las políticas neoliberales más agresivas tuvieron un freno, dado que a pesar de que el gobierno de Boric tuvo minoría parlamentaria logró aprobar un aumento histórico del salario mínimo o la disminución de la jornada laboral a 40 horas, la hegemonía del modelo neoliberal se mantuvo sin alteraciones de fondo.
…el gobierno subestimó la capacidad de recomposición de la derecha y careció de una estrategia política para hacerle frente.
Entre los tragos más amargos que señalaron las fuentes se encuentra el acuerdo Codelco-SQM en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, visto como una continuidad de la política de privatización de recursos naturales. Esto se debe a que la empresa con la que se alió el Estado —SQM— es la misma que había sido beneficiada durante la dictadura de Augusto Pinochet con los derechos de explotación del mineral. Asimismo, mencionaron la reforma al sistema de pensiones (AFP) heredado de la dictadura, al que el Gobierno optó por modificar en lugar de eliminar, y la aplicación de estados de excepción constitucional en la Macrozona Sur y en la frontera norte. “El gobierno de Boric fue un gobierno de renuncias donde se hizo más de lo mismo que hubiese hecho un gobierno de la Concertación o de la derecha. Boric apostó en el fondo por fortalecer el modelo existente y los miembros de su gobierno se convirtieron rápidamente en una nueva élite”, aseveró una de las personas consultadas.
Es vox populi que el voto de rechazo a la propuesta de nueva Constitución en 2022 fue el principio del fin del gobierno del Frente Amplio. El texto, redactado por una Convención Constituyente con escasa presencia opositora, fue desestimado por el 62% del electorado, que lo consideró excesivamente “refundacional” en su intento por expresar las demandas del estallido social de 2019 o demasiado “progresista”, con articulados que respondían más a intereses de grupos minoritarios que a los del pueblo chileno en su conjunto. A partir de ese resultado, el Ejecutivo quedó políticamente desorientado. Un año y tres meses después, una segunda propuesta constitucional también fue rechazada en las urnas. En esa ocasión, el golpe recayó sobre la derecha alineada detrás de José Antonio Kast, impulsora de un texto considerado incluso más conservador que la Constitución heredada de la dictadura.
Las principales críticas a ese proceso apuntan a que el Gobierno no logró articular un “proyecto de nación” que pudiese ser plasmado en una nueva Carta Magna. “Ahí nos cabe a todos la responsabilidad”, asumió una fuente y agregó: “Eso fue por un mal diagnóstico de lo que esperaba la sociedad chilena. Quizás fue un diagnóstico maximalista que tenía más que ver con nuestras ideas que con la realidad”. Otra voz crítica opinó que el Gobierno renunció a jugar un rol de “conducción” en el primer proceso constituyente y más bien buscó “construir acuerdos con la vieja Concertación” sin capacidad de sumar al campo político nuevas fuerzas.
“Eso fue por un mal diagnóstico de lo que esperaba la sociedad chilena. Quizás fue un diagnóstico maximalista que tenía más que ver con nuestras ideas que con la realidad”.
III. DISTANCIA DE LAS PREOCUPACIONES DE LAS GRANDES MAYORÍAS
Como le pasó a otros movimientos progresistas en la región, el gobierno de Boric pareció haber perdido la línea directa con su base electoral. Los cambios sociales y tecnológicos que se dan a un ritmo frenético cambiaron a la sociedad chilena y el gobierno se quedó con una foto vieja de ella. No solo se incorporaron más de cinco millones de votantes nuevos, de los cuales la mayoría optó por Kast según los análisis poselectorales ya mencionados, sino que también emergieron nuevas subjetividades políticas como la de los “emprendedores”, a lo que se sumaron actores nuevos, principalmente migrantes venezolanos, que rediseñaron la demografía nacional.
Este cortocircuito se vio ejemplificado en la relación del gobierno de Boric con las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes), que en Chile generan el 80% del empleo. Esta incomprensión se tradujo, para una de las fuentes, en políticas económicas que terminaron por perjudicar a las pymes y emprendedores como, por ejemplo, el aumento del salario mínimo sin lograr generar condiciones favorables para su implementación o sin dirigir políticas específicas hacia esos sectores. “Cuando el gobierno subió el salario mínimo creó un sistema de sobrecosto para las pequeñas y medianas empresas que no les fue fácil afrontar porque no cuentan con ningún subsidio como sí lo tienen los grandes empresarios”, apuntó el dirigente consultado.
Otro ejemplo fue la aplicación de la ley Karin, que, si bien es una norma que busca prevenir y sancionar el acoso laboral y sexual en ámbitos de trabajo, en los hechos implicó que algunos pequeños emprendimientos quedaran asfixiados a la hora de aplicarla en negocios que quizás solo contaban con dos o tres empleados, ya que la ley establece que la o el agresor tiene que salir del espacio del trabajo. “Muchas de las políticas del gobierno fueron recibidas como una afrenta por las pymes”, graficó la fuente. En síntesis: sin ser la excepción, la izquierda y el progresismo chileno priorizó un modelo de trabajador que es ideal pero no mayoritario en la realidad.
Los cambios sociales y tecnológicos que se dan a un ritmo frenético cambiaron a la sociedad chilena y el gobierno se quedó con una foto vieja de ella.
Los cambios en el electorado se vieron acompañados por una reorganización de las principales preocupaciones de los chilenos. A lo largo de todo el 2025, múltiples encuestas reflejaron que la criminalidad era la mayor inquietud de los habitantes del país andino, seguida por la situación económica y luego la migración. A pesar de que Chile continúa siendo uno de los países más seguros de América Latina, con un promedio de 6,7 homicidios cada 100 mil habitantes, lejos de los 15 en los que se ubican varias naciones de la región según datos de las Naciones Unidas de 2022, la percepción es de un aumento acelerado de la inseguridad. La campaña electoral de la derecha y la extrema derecha se centró en ese punto, mientras que la izquierda fue rebasada con cierta facilidad.
Si bien la tasa de homicidios bajó entre 2022 y el primer semestre de 2025, según mostró el Informe Nacional de Víctimas y Homicidios Consumados en Chile, no se registra un correlato en las encuestas de opinión. El sondeo de Seguridad Ciudadana (ENUSC) mostró que, durante 2024, el 87,7% de las personas percibieron un aumento de la delincuencia en el país, aunque solo el 17,7% de los hogares encuestados afirma haber sido víctima de robos, y el 8,5% sufrió delitos violentos. Lo que sí creció de forma sostenida entre 2022 y 2024 son los secuestros, según datos del Ministerio Público Fiscal. Una de las fuentes explicó que en los últimos años llegaron al país “bandas internacionales” con prácticas antes inexistentes como la trata de personas o los ajustes de cuentas.
La ecuación se cierra al mirar el crecimiento repentino de la población migrante en Chile, que pasó de representar el 1,3% de la población total en 2022 al 8,8% en 2024. La mayoría de los migrantes son venezolanos expulsados por la crisis del país sudamericano. Estas distintas variables fueron fundamentales para que la derecha chilena estructurara un mensaje de campaña xenófobo que prometiera mano dura en seguridad.
“Ya no se trata solo de mirar las cifras: la aparición de prácticas violentas, muy visibles en los medios, chocó con la experiencia cotidiana de generaciones que crecieron en un país comparativamente más seguro. Ese quiebre entre lo que Chile recordaba de sí mismo y lo que hoy muestra la realidad ayuda a explicar por qué la percepción de inseguridad creció mucho más rápido que la incidencia real de varios delitos”, reflexionó una fuente. Estos elementos configuraron lo que el director de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, llamó la “paradoja chilena”: a pesar de tener uno de los mejores indicadores de la región, la irrupción de nuevas formas de violencia cambió la manera en que las personas sienten el riesgo y, con ello, su vínculo con la política.
…a pesar de tener uno de los mejores indicadores de la región, la irrupción de nuevas formas de violencia cambió la manera en que las personas sienten el riesgo y, con ello, su vínculo con la política.
Ante este repentino cambio de preocupaciones, el discurso político de la ultraderecha chilena, que sigue el manual de sus pares internacionales, resultó más exitoso. Desde su surgimiento, estos movimientos ultraconservadores se caracterizan todos por haber abandonado un discurso basado en la racionalidad establecida y lo políticamente correcto para conectar con sus votantes hablando en torno a sus preocupaciones más vitales y entendiendo sus emociones más profundas como el miedo, el resentimiento y la angustia. La ultraderecha encontró la forma de darle cauce a un malestar que es múltiple pero que ellos explican de forma simple. “Convierte el malestar en identidad política: no buscan persuadir con datos, sino ofrecer pertenencia, un relato que ordena la incertidumbre y señala culpables reconocibles”, expone una fuente. Y suma: “La teoría de la aversión a la pérdida de Daniel Kahneman lo explica bien: el dolor de perder algo es emocionalmente más intenso que la satisfacción de ganarlo. En política, ese sesgo abre un espacio enorme para discursos que prometen proteger ‘lo que queda’. La ultraderecha lo entendió antes que nadie: convirtió el miedo legítimo de los pueblos —a la migración, al delito, al deterioro económico, al cambio cultural— en su principal capital político. No importa que los ‘datos duros’ desmientan gran parte de esos temores; importa que ofrezcan una explicación y una solución. En tiempos de vulnerabilidad emocional y desconfianza generalizada, ese refugio simbólico resulta más convincente que cualquier evidencia políticamente adecuada o ‘racional’”.
IV. AUSENCIA DE RELATO Y HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES
El problema de no contar con un robusto aparato mediático para hacer contrapeso a las narrativas dominantes es importante pero modera su peso ante la falta, primero, de un discurso con el cual afrontar esa disputa. El revuelo que se armó en el oficialismo en marzo de 2024 cuando el diputado Gonzalo Winter, muy cercano a Boric, denunció que el gobierno se quedó “en silencio” en el campo de la batalla de ideas es una muestra de ello. En un programa televisivo, Winter dijo que el Gobierno “falló” en su rol de “dar una disputa ideológica” y explotaron las discusiones en la coalición oficialista sobre qué hacer con ese diagnóstico. Winter lo dijo en plena discusión por las reformas de las AFP y los señalamientos al Gobierno respecto a que no iba a lograr cambios sustanciales. En ese momento, el diputado de Convergencia Social advirtió que el malestar que culminó en el estallido de 2019 no se había terminado. “Si no les damos una respuesta, estaremos incubando un malestar que muchos creen que terminó. El proceso constituyente terminó, pero el malestar que nos llevó a un proceso constituyente no ha terminado”, anticipó Winter, algo que luego sería ratificado en las urnas.
“Si no les damos una respuesta, estaremos incubando un malestar que muchos creen que terminó. El proceso constituyente terminó, pero el malestar que nos llevó a un proceso constituyente no ha terminado”.
Una de las fuentes consultadas compartió este diagnóstico y opinó que, a diferencia de los gobiernos de derecha anteriores e incluso los de la Concertación, el de Boric tuvo una capacidad mucho menor para influir en la opinión pública. “Dejó espacios sin disputar”, coincidió. Esta fuente marcó como punto crítico el momento de la campaña electoral. “Fue en un contexto de discursos que afirmaban que Chile estaba muy mal, que había una crisis y que era necesario un cambio fuerte”, repuso, y lamentó que en el oficialismo no hubiese habido una respuesta a la altura del bombardeo mediático de la oposición.
Producto de la ausencia de relato, tampoco hubo iniciativas mediáticas propias: no se crearon medios, periódicos, editoriales o plataformas digitales de peso, y lo peor, no hubo apoyo financiero a iniciativas independientes por parte del gobierno, que prefirió apostar por proyectos internacionales que, apenas se conocieron los resultados electorales, lanzaron las críticas más mordaces contra Boric.
V. EXCESOS Y CORRUPCIÓN DE LA “CASTA POLÍTICA”
El gobierno de Boric fue, para todos los consultados, un gobierno de “excesos”. No asumió la premisa de la austeridad política y no cumplió con la promesa de reducir los salarios del gabinete. “El derroche y la pomposidad institucional se veía en redes sociales. Al embajador de Chile en España, un amigo de Boric, lo reventaron a críticas después de que aparecieran fotos suyas comiendo ostras en un restaurante muy fino de Madrid”, ejemplificó una fuente.
En otra escala están los casos investigados por corrupción. Como el Caso Convenios, que estalló en 2023 después de que se revelaran transferencias irregulares de fondos públicos desde ministerios y gobiernos regionales a fundaciones vinculadas a partidos políticos cercanos al Gobierno. La denuncia terminó con cinco militantes imputados y una mancha difícil de borrar.
El gobierno de Boric fue, para todos los consultados, un gobierno de “excesos”. No asumió la premisa de la austeridad política y no cumplió con la promesa de reducir los salarios del gabinete.
También estuvo el caso del exsubsecretario de Interior y jefe de la Policía Manuel Monsalve, que fue denunciado por violación por una asesora que trabajaba para él. En un principio el caso fue manejado de forma errática: no había mucha información y la poca disponible era brindada por el Gobierno a cuentagotas. Monsalve presentó su renuncia a los tres días del escándalo pero eso no evitó los fuertes cuestionamientos a la exministra del Interior y Seguridad Carolina Tohá; a Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género; y a la secretaria de Gobierno, Camila Vallejo, por ser las representantes mujeres más destacadas de una administración con fuerte retórica “feminista”.
Una de las fuentes también tildó de “desprolijo” el proceso de indultos a los presos en el marco del estallido de 2019 y sumó que la compra de las casas de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende podrían haberse “evitado”, dado que abrieron un manto de sospecha por irregularidades que terminó con las renuncias de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y de la senadora Isabel Allende, ambas familiares y descendientes del expresidente socialista e ícono de la izquierda a nivel global. Otra renuncia que sufrió el gobierno fue la del ministro de Energía, Diego Pardow, que se fue después de aplicar un aumento en las boletas de luz, que estaban congeladas desde 2019. Una vez que los tarifazos de entre el 30% y 50% ya estaban en curso, Pardow presentó su renuncia y reconoció que cometió un “error en el cálculo” a la hora de aplicar los aumentos.
Esta lista de errores no forzados podría continuar, desde nombramientos hasta intervenciones de representantes del Gobierno que comenzaron a crear una sensación de frivolidad o incompetencia en torno al uso de los cargos, además del permanente cuestionamiento a los sueldos que van asociados a los puestos de gobierno. Una generación que llegó al poder prometiendo cambios, no solamente en el ejercicio de gobierno sino en la manera de hacer política, terminó reproduciendo con creces esos vicios, lo que llevó al electorado a concebirlos como una nueva casta política que no estaba dando respuestas a las demandas de las mayorías.
Una generación que llegó al poder prometiendo cambios, no solamente en el ejercicio de gobierno sino en la manera de hacer política, terminó reproduciendo con creces esos vicios.
CONCLUSIONES
Si bien es cierto que la derrota del oficialismo en Chile puede leerse como un avance de las fuerzas conservadoras a nivel regional, es importante tomar en cuenta otros factores, tanto históricos como de acción política que permiten que esa tendencia tenga cabida. Es decir, no existe una inevitabilidad de los hechos ni el avance de una expresión política a nivel regional tiene que ser visto como si fuera el avance de la Historia misma. Hay elementos de política interna y decisiones u omisiones propias de los proyectos gobernantes que facilitan sus derrotas electorales y le abren campo a la oposición. Esta, por su parte, no es un actor extraterritorial, ajeno al juego democrático o una anomalía. Antonio Kast, en el caso chileno, es un político que fue acumulando fuerza a ras de suelo durante muchos años y logró convencer al electorado que podía ofrecer un rumbo distinto para el país. Ese factor esencial y no su procedencia familiar o su pasado fue lo que la mayoría del pueblo chileno votó ante la ausencia de un proyecto de continuidad satisfactorio. 