Los comicios en El Salvador resultaron en la aplastante victoria de Nayib Bukele y sus partidarios en todos los niveles de gobierno. El presidente reelecto celebró los resultados que prácticamente borran a la oposición del panorama político y convierten al país, según dijo, en el primero con “un partido único en un sistema plenamente democrático”. No cabe duda que Bukele goza de gran popularidad en El Salvador, pero un análisis más profundo revela que su hegemonía actual se ha construido a través de un asalto progresivo a las instituciones, procesos y derechos democráticos. Partiendo de una reflexión en torno a los últimos comicios, este texto también explora el significado de las políticas de seguridad impulsadas por el primer mandatario y analiza la “exportación” de su modelo. También se discute el peculiar juego a dos bandas que Bukele ha mantenido con China y Estados Unidos; los retos que enfrentará por la crisis de deuda que atraviesa el país centroamericano; y concluye con una reflexión sobre el alarmante éxito del “modelo Bukele” y sus implicaciones para Latinoamérica.

Resultados electorales de 2024

Aunque en las elecciones contendieron más de una decena de partidos, no hay gran diversidad de fuerzas políticas en El Salvador: el sistema antes bipartidista en el que dominaban la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), heredero de la resistencia guerrillera en El Salvador, ha dado paso a la hegemonía oficialista de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, y sus satélites aliados: el Partido de Concertación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y la joven Fuerza Solidaria. La oposición de derecha, dominada por Arena, apenas figuró en los recientes resultados electorales, mientras que el FMLN no consiguió representación legislativa ni municipal.

A pesar de la controversia de inconstitucionalidad que rodeó su habilitación para reelegirse como presidente, Bukele obtuvo el 84.6% de los votos, incluyendo el 97.9% de los sufragios de la diáspora salvadoreña habilitada para votar. De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE), hubo una participación electoral del 52.6% en las elecciones presidencial y legislativa, lo que representa un nivel promedio en comparación con otros países de la región donde el voto no es obligatorio (ronda en el 55% de participación ciudadana).¹ En cuanto a los resultados legislativos, de los 60 escaños del Congreso, 54 estarán ocupados por legisladores de Nuevas Ideas y otros tres por representantes de los partidos bukelistas: PCN (dos bancas) y PDC (una). El opositor derechista Arena obtuvo dos escaños y el partido conservador Vamos se quedó con uno. Así pues, no habrá oposición de izquierda en el Congreso; por su parte, la oposición de derecha es cuantitativamente irrelevante.

Las elecciones municipales se celebraron el 3 de marzo, un mes después de los comicios presidenciales y legislativos: Nuevas Ideas obtuvo el triunfo en 28 de las 44 alcaldías que componen El Salvador, pero otras 15 quedaron en manos de os satélites oficialistas; Arena ganó una alcaldía. La participación ciudadana para elegir alcaldes fue notablemente baja —sólo votó el 30% del padrón electoral— lo cual, según analistas locales, se debe a la desconfianza que generaron las irregularidades de los comicios de febrero y a las escuetas campañas electorales por la política de desfinanciamiento a los partidos de oposición.²

Con todo, la popularidad de Bukele y el mentado éxito de sus políticas, especialmente las referidas al campo de la seguridad, no son suficientes para comprender el dominio bukelista. Es necesario analizar la praxis política que le ha permitido al otrora alcalde de San Salvador sostenerse en el poder e irradiarlo a las distintas capas del Estado, dejando bajo cuestión la democracia salvadoreña.

La salud de la democracia salvadoreña: el hiperpresidencialismo de Bukele y la crisis que recae sobre la independencia de poderes

Los resultados electorales de este año no habrían sido posibles sin el ataque a la independencia de poderes y el control del presidente sobre los principales organismos del Estado salvadoreño. Hasta mediados del 2021, el Legislativo y el Judicial habían mantenido su independencia y puesto frenos institucionales y legales al Ejecutivo, por lo que Bukele intentó saltarse a estos poderes gobernando mediante decretos, amenazándolos con usar la fuerza pública y emprendiendo campañas de desacreditación en su contra. Hoy es prescindible la utilización de este recurso constitucional ya que los poderes quedaron profundamente debilitados después de una serie de acciones emprendidas por el presidente para este propósito. Ello puede verse con nitidez en la ruta que condujo a la habilitación de su reelección para un segundo periodo presidencial.

La relación entre el presidente, la Suprema Corte y la Asamblea Legislativa había sido ríspida. En 2020 la Sala de lo Constitucional³ de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales una decena de decretos con los cuales Bukele pretendía imponer medidas, sin mediar la aprobación legislativa. El mandatario respondió calificando a los magistrados de protectores de la corrupción y desmanteladores del gobierno.⁴ El 9 de febrero de ese mismo año, Bukele llegó al recinto del Congreso acompañado por militares y se sentó en la silla del Presidente de la Asamblea, presionando a los diputados para que aprobaran una solicitud de préstamo de los Estados Unidos por 109 millones de dólares para su programa de seguridad; caso contrario, convocaría a una nueva Asamblea Legislativa. Los legisladores alegaron que esto fue un intento de golpe de Estado y la Corte Suprema advirtió a la Defensa Nacional que no actuara en contra de la Constitución. Ese día, Bukele acusó a los partidos Arena y FMLN de delincuentes: “Esos señores que no quieren financiar a nuestros policías y soldados para que nos cuiden son los que financiaron a las pandillas a cambio de votos”.

La situación mutó el 1 de mayo de 2021 con la conformación de una nueva Asamblea con mayoría calificada de Nuevas Ideas, resultado de los comicios legislativos de febrero del mismo año. En su primera sesión, el legislativo resolvió destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, incluido el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, acusándolos de violar la Constitución⁵ y sustituyéndolos por jueces afines a Bukele. Antes de ser deshabilitados, los ministros de la Sala declararon inconstitucional el mecanismo de “remover sumariamente” a todos sus integrantes, acusando violación del principio de división de poderes y de indepen­dencia del Poder Judicial en lo que describieron como “un hiperpresidencialismo en su máxima expresión: los tres órganos fundamentales [de gobierno] responderían a la voluntad proveniente del Ejecutivo”.⁶ Ese día Bukele desplegó fuerzas militares en las inmediaciones de los poderes públicos y los nuevos magistrados tomaron juramento en una Corte Suprema acordonada por la policía.

Cuatro meses después, la nueva Sala de lo Constitucional determinó, a contracorriente de décadas de jurisprudencia y del contenido de al menos cuatro artículos constitucionales,⁷ que la Constitución salvadoreña permite la reelección presidencial consecutiva, bastando que “el presidente que se haya postulado como candidato presidencial para un segundo periodo solicite licencia durante los seis meses previos con el fin de que no use su puesto para impulsar la campaña electoral”.⁸ La Sala declaró erróneas las interpretaciones previas de la Constitución en lo referente a la reelección presidencial y defendió su polémica resolución argumentando que el texto constitucional “carece de un significado normativo propio o determinante” y que “la jurisprudencia de este tribunal es también fuente suficiente de derechos fundamentales”.⁹ Finalmente, presentó la resolución como forma de convocar la soberanía popular a través del proceso electoral: “Que sea el pueblo en el ejercicio del poder soberano quien decida si [el presidente en funciones] continúa por un segundo período”.¹⁰

También es importante mencionar la reforma electoral aprobada en junio de 2023 que redujo el número de bancas legislativas de 84 a 60 y el número total de alcaldías en el territorio de 262 a 44, además de modificar el método de asignación de escaños a los partidos. Bukele y los diputados oficialistas argumentaron que esto aumentaría la eficiencia gubernamental y reduciría costos operativos, mientras que la oposición consideró esta medida una estrategia para consolidar el poder oficialista borrando a las minorías políticas de los puestos de representación —lo que, en efecto, ocurrió en febrero de este año—. Dicha reforma fue posible gracias a que la Asamblea derogó, en marzo de 2023, la norma que prohibía modificar reglas electorales durante el año previo a los comicios.

Control de la Fiscalía General de la República

En la misma sesión legislativa, en mayo de 2021, se destituyó sin el debido proceso al Fiscal General de la República (FGR), Raúl Melara, quien realizaba investigaciones sobre delitos de corrupción en el gobierno de Bukele. Nuevas Ideas designó a Rodolfo Delgado como su sucesor, quedando la Fiscalía dominada por el oficialismo hasta el presente. Cabe mencionar que pesan sobre Delgado acusaciones de vínculos con líderes de pandillas formados durante su jefatura en la Unidad Especializada de Delitos del Crimen Organizado y una denuncia por violencia intrafamiliar, con lo que se viola el requisito constitucional de “moralidad notoria” para su nombramiento. Además, Delgado fue responsable de archivar 142 casos de muertes en cárceles salvadoreñas alegando que, dado que los presos tenían enfermedades preexistentes, su fallecimiento no se debe a ningún delito por parte de las autoridades.¹¹

El asalto al aparato de jueces y fiscales fue más extenso: en agosto de 2021, la Asamblea aprobó una reforma que removió de forma inmediata a un tercio de todos los jueces del país y a decenas de fiscales,¹² ejerciendo así un poder constitucionalmente reservado a la Corte Suprema.¹³ Bukele argumentó que se trata de una medida para purgar el sistema de personajes corruptos y modernizar al Poder Judicial.

Este año los diputados aprobaron reformas al Código Procesal Penal y a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo que incrementan el poder del fiscal. Esta última permite al fiscal incluir nombres de personas y organizaciones en una “lista nacional de terroristas” solo por estar incluidos en instrucción preliminar de la FGR, sin necesidad de que la denuncia curse paralelamente en un juzgado competente y sin requerir el aval de un juez: funcionarios, exfuncionarios y miembros de la oposición declararon de forma anónima que se trata de una herramienta de cacería política.

La sumisión del Tribunal Superior Electoral

A pesar de la polémica en torno a la reelección presidencial, sólo uno de los magistrados del Tribunal Superior Electoral de El Salvador, Julio Olivo, se negó a validar la candidatura de Bukele, reiterando la responsabilidad de apegarse a la ley fundamental. En la resolución que abrió la puerta electoral a Bukele, el Tribunal sostuvo que no tiene facultades para contradecir a la Sala de lo Constitucional, sin hacer referencia alguna al historial de fallos anteriores de la misma corte que declaraba inconstitucional la reelección. A pesar de la supuesta autonomía y pluralidad de este tribunal —pues tres de sus integrantes son elegidos por la Asamblea Legislativa y dos son designados por la Corte Suprema— en la práctica se ha alineado con el oficialismo. En todo caso, este año se elegirán nuevos magistrados desde los órganos Legislativo y Judicial, ya dominados por Bukele.

El Tribunal Superior Electoral también certificó los comicios legislativos recientes a pesar de las denuncias por múltiples irregularidades: papeletas alteradas y actos arbitrarios en beneficio de Nuevas Ideas. Los partidos opositores alegaron que se habían violado las garantías en la cadena de custodia de los votos y pidieron la anulación de la elección legislativa, lo cual fue desestimado por el tribunal. A causa de supuestos fallos tecnológicos y logísticos, se hizo un recuento de los votos de manera totalmente manual. Tras dos semanas e espera, el máximo órgano electoral anunció la aplastante victoria del oficialismo en la Asamblea Legislativa.

¿Y la oposición política?

Los partidos políticos vieron seriamente limitada la capacidad de realizar campaña electoral por la retención de los recursos destinados por ley. El Ministerio de Hacienda se negó a otorgar los fondos bajo concepto de “anticipo de deuda pública”, mecanismo estipulado por el Artículo 210 de la Constitución para financiar a partidos en contienda electoral. Los partidos de oposición también denunciaron que se les pusieron trabas en el proceso electoral previo a los comicios de 2024. Además, se ha denunciado persecución política contra activistas, defensores de derechos humanos, exfuncionarios y líderes políticos dentro y fuera de estructuras de partido durante el gobierno de Bukele, lo cual ha forzado a muchos a abandonar el país.¹⁴ En 2023, más de 5 mil 900 salvadoreños solicitaron entrada a México bajo la condición de asilo —en 2022, lo hicieron 7 mil 798—.¹⁵ De hecho, en la actualidad, la dirigencia de mayor estatura opositora está en el exilio, acusando un plan exitoso de lawfare en su contra; militantes históricos del FMLN han declarado para esta investigación que la vía para inhabilitarlos en la carrera electoral y de hecho, en la vida pública, ha pasado por la construcción de casos judiciales mayormente nacidos en la vía administrativa y derivados a la vía penal.

El modelo Bukele

El ascenso de Bukele es, en gran medida, el ascenso de un novedoso perfil político, una nueva forma de marketing, de comunicación y fabricación de una persona pública. Las campañas mediáticas y especialmente el uso de redes sociales catapultaron la visibilidad de Bukele a escala mundial. La experiencia publicitaria de la familia Bukele, especialmente de los hermanos de Nayib, sin duda ha servido a la configuración de esta personalidad, que se distingue tajantemente de los políticos tradicionales y se acerca al lenguaje, los medios y los modos de las generaciones más jóvenes. De otro lado, queda abierto el interrogante en torno a qué intereses y qué poderes fácticos están comprometidos con el fortalecimiento de este surgimiento. El hecho es que Nayib Bukele ya no es sólo un fenómeno salvadoreño.

Más allá del formato, Bukele ofrece un contenido dis­cursivo no original, pero sí enfático: un perfil conservador ultranacionalista, como los ya vistos en Europa y en los Estados Unidos, ahora en versión latinoamericana. Esta descripción se expresa en la disertación “antiglobalista” de Bukele, como dejó en claro durante su participación —en febrero de este año—, en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC)¹⁶, en la que fue uno de sus oradores principales. En su presentación, Bukele afirmó que en El Salvador ya no se admite la injerencia de organizaciones no gubernamentales, organismos multilaterales ni medios de comunicación “activistas” que difunden falsas noticias e intentan regir a los gobiernos. “¿Quién los eligió? ¿Quién eligió a Soros para dictar leyes y políticas públicas? Él y sus compinches propiciaron una guerra n El Salvador. Gracias a Dios los salvadoreños se han inmunizado de su influencia, nadie cree en sus mentiras”.

Por supuesto, el radicalismo de su discurso es más una estrategia publicitaria que práctica, pues Bukele en realidad ha recibido con brazos abiertos a ciertas organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Forever, que participa en la sexta fase del Plan de Control Territorial, o el asesoramiento en materia de seguridad de colaboradores de Amnistía Internacional; también ha recurrido a organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, y ha recibido la inversión de poderosas empresas internacionales, desde la constructora mexicana Tradeco hasta la empresa de criptomonedas iFiniex.

Modelo de seguridad: un régimen carcelario

La popularidad nacional y mundial de Bukele despegó a partir de su declaración de guerra a las pandillas en El Salvador. Su modelo de seguridad se articula en el Plan de Control Territorial¹⁷ lanzado en junio de 2019, que ha resultado en la detención y confinamiento de 77 mil personas, de las cuales solo 7 mil fueron puestas en libertad. Ciertamente, según datos oficiales ratificados por la ONU, la tasa de homicidios disminuyó de 106.3 por cada 100 mil habitantes en 2015 a tan solo 2.4 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2023.¹⁸ No obstante, la organización Cristosal ha reportado alteraciones de estadísticas oficiales y ocultamiento de cifras de homicidios.¹⁹

Pero la popularidad del modelo Bukele de seguridad radica también en su estrategia de comunicación para generar y mantener una percepción pública del mandatario como un imparable e incluso intransigente combatiente del crimen, que en su lucha por la seguridad no se detiene ante ninguna autoridad, ninguna ley, ningún derecho. Se trata de una exitosa estrategia comunicacional basada en que la lucha contra la inseguridad puede estar escindida del Estado de derecho.

El Salvador conquistó en el año 2022 la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, poniendo tras las rejas a uno de cada 60 ciudadanos.²⁰ El 26 de julio de 2023 se aprobaron reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado que permiten os juicios colectivos y eliminan el plazo máximo de 24 meses para los procesos penales. A finales de agosto de 2023 se aprobó la disminución de la edad para imputar delitos penales a niños vinculados con pandillas de 16 a 12 años. Como resultado, mil 82 menores ingresaron en prisión preventiva, entre ellos 21 niños de entre 12 y 13 años,²¹ quienes podrían enfrentar más de 20 años de prisión, la pena mínima por delitos de asociación ilícita.

La publicación periodística salvadoreña El Faro reportó que se han detenido injustamente a numerosas personas por su apariencia física o por actuar con aparente nerviosismo.²² Debido al permanente Régimen de Excepción, los expedientes de los detenidos se encuentran bajo reserva total. Ante las denuncias de familiares, periodistas y organizaciones no gubernamentales sobre casos de inocentes confinados, Bukele simplemente ha respondido que El Salvador no es el único país del mundo en que se cometen errores administrativos. Además, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Cristosal, tras la filtración de una base de datos de una fuente de confianza del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, aseguraron que “miles de personas, incluidos cientos de menores, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de violencia de las pandillas”.²³

Tampoco hay claridad sobre los numerosos casos de muerte en prisión: abundan cifras disímiles por la falta de datos oficiales. Las autoridades se refirieron en noviembre de 2023 al fallecimiento de 58 detenidos sin aclarar las circunstancias, mientras que Cristosal identificó 153 casos de personas jóvenes fallecidas privadas de su libertad con indicios de tortura y tratos crueles o degradantes: los cuerpos presentaban laceraciones, hematomas, heridas por objetos punzocortantes y marcas de estrangulación.²⁴

Uno de los hitos del plan de seguridad de Bukele fue la creación del Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT), la cárcel más grande de América, con capacidad para 40 mil presidiarios y actualmente alberga alrededor de 12 mil. Esta megacárcel fue levantada en tan solo siete meses y ocupa un espacio de 236 manzanas. El proyecto se realizó bajo la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios aprobada en abril de 2022 que autoriza al poder Ejecutivo a realizar contrataciones directas para la edificación de centros penales.²⁵ Esta normativa permitió a las empresas involucradas en la planificación, diseño y construcción del proyecto quedar exentas de impuestos.²⁶

Un modelo de exportación para América Latina

Hace por lo menos dos años que distintos líderes latinoamericanos han lanzado promesas, especialmente en tiempos electorales, de copiar el modelo de seguridad de Bukele en sus territorios. Por supuesto, hay un sinfín de dificultades de aplicación por las condiciones materiales de cada país; los problemas de inseguridad no son los mismos en todos lados, por lo que no existe una receta que “funcione” a lo largo y ancho de la región. No obstante, el discurso se copia y reproduce por el factor resultadista: la seguridad “a la Bukele” se ha convertido en un modelo de exportación. La militarización bajo estado de excepción, la cero tolerancia al crimen y el encarcelamiento masivo se capitalizan como fuente de popularidad, a costa del sistema democrático. Aquí mencionamos brevemente los casos paradigmáticos de Perú, Ecuador, Argentina y Honduras.

En agosto de 2023 Bukele abrió una votación en la red social X con la pregunta “¿Plan Bukele en Perú?”, que tuvo un 93% de respuestas favorables, unos 85 mil votos. Pocos meses después, una misión especial de El Salvador llegó al país andino para auxiliar en el proyecto de construcción de una nueva prisión de máxima seguridad inspirada en el modelo del CECOT. A finales de febrero de este año, tras volver de un viaje en El Salvador, el Ministro de Justicia del Perú señaló que se están haciendo intercambios con el país centroamericano para importar la estrategia de seguridad de Bukele, lo que presentó como “un compromiso que tiene el Estado con la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y la ciudadanía”.²⁷

Desde Ecuador, tras la declaración del estado de excepción por “conflicto armado interno” y la categorización de las principales bandas criminales del país como grupos “narcoterroristas”, el presidente Daniel Noboa presentó los planos de dos cárceles similares al CECOT que deberían construirse en un máximo de 200 días. Los proyectos están a cargo de empresas que construyeron penales en El Salvador y México. El control de las cárceles es una promesa transversal a los partidos políticos de Ecuador ya que el modus operandi de las —aproximadamente— 22 bandas criminales locales es el manejo de las redes delictivas desde los centros penales. Noboa ha prometido encerrar a los líderes del crimen en estos nuevos reclusorios (o mismo extraditarlos) como estrategia para recuperar el control de la seguridad en el país.

Recientemente circuló en medios una imagen que remite a las cárceles salvadoreñas —filas de detenidos en cuclillas, con la cabeza gacha, las manos atadas y los torsos desnudos— esta vez retratando lo que ocurre en la ciudad de Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe. Aludiendo al combate del crimen dentro de las cárceles, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, tuiteó: “Desde la cárcel salen órdenes para hacerle la vida imposible a los santafesinos. Se terminó el tiempo de empleados penitenciarios que eran apercibidos si molestaban a los presos. […] Los presos están presos, no vamos a aceptar ninguna extorsión y si no lo entienden cada vez la van a pasar peor”. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, declaró a las organizaciones criminales de la zona como “narcoterroristas” y a sus acciones como “terrorismo urbano”, y creó un comité de atención a la crisis con participación de las Fuerzas Armadas.

Poco después de asumir la presidencia de Honduras, Xiomara Castro anunció un plan nacional de seguridad denominado “Solución Contra el Crimen” —parecido desde la nomenclatura al de Bukele— según el cual se establecerían estados de excepción focalizados en 120 comunidades con alta nseguridad, donde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se encargaría de combatir los delitos perpetrados por las organizaciones criminales. A un año de la implementación de este programa, Honduras sigue siendo el país con el mayor índice de criminalidad en Centroamérica y el quinto en la región Latinoamericana.²⁸

Entre China y Estados Unidos: un juego a doble banda

En cuanto a las grandes potencias del mundo, Bukele ha sabido llevar un difícil juego a dos bandas, acercándose a la ultraderecha estadounidense mientras profundiza relaciones comerciales con China. La ambigüedad y las contradicciones de su posicionamiento en el mapa geopolítico quedaron evidenciadas a finales de 2019, cuando Bukele hizo un viaje de seis días a China, recibió un honoris causa de la Universidad de Pekín, se reunió con el presidente Xi Jinping y regresó a su país con un acuerdo de cooperación no reembolsable por 500 millones de dólares para proyectos de infraestructura, todo ello poco después de reunirse con Donald Trump y expresar públicamente el apoyo a la doctrina de Washington en política exterior.²⁹

“China y El Salvador somos nuevos amigos y socios,” expresó la embajadora China en El Salvador en febrero de 2022 durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto para la creación de la biblioteca más grande y moderna de Latinoamérica: una construcción de 24 mil metros cuadrados, financiada con 54 millones de dólares aportados por la administración china y una contraparte de 10 millones del gobierno salvadoreño, con más de 300 mil títulos, internet gratuito, salas temáticas, espacios de realidad virtual, simuladores de vuelo y que, además, está abierta las 24 horas del día los 365 días del año. Hay otros tres proyectos en puerta con financiamiento chino: según datos del ministerio de Obras Públicas, el muelle turístico La Libertad cuenta con una inversión de 24 millones de dólares; también se construirá una planta potabilizadora en el Lago Ilopango que beneficiaría a unos 250 mil habitantes de las periferias capitalinas de El Salvador; finalmente, se proyecta un nuevo Estadio Nacional valorado en 100 millones de dólares con capacidad para 52 mil espectadores —la inauguración está planeada para 2027 y se perfila como el espacio deportivo más grande de Centroamérica y más moderno de América Latina—. Es notable que la cooperación de la nación asiática está enfocada en tres rubros “amables”: educación, deporte y acceso al agua.

¿Cómo ha mantenido Bukele una buena relación con Estados Unidos mientras abre las puertas a su declarado enemigo? El salvadoreño ha sabido utilizar el tema migratorio para mantener una relación saludable con Washington, especialmente durante la administración de Donald Trump. En septiembre de 2019, ambos mandatarios firmaron un acuerdo de “tercer país seguro”³⁰ que permitió deportar hacia El Salvador a migrantes irregulares y a solicitantes de asilo de cualquier nacionalidad antes de que reciban una respuesta a su solicitud. Además, ese mismo mes, Bukele lanzó una policía fronteriza con financiamiento estadounidense para frenar el paso de migrantes con destino a Estados Unidos.

Con ello Bukele selló su compromiso con una de las consignas centrales del republicano: cerrar las puertas a la migración. A cambio, se acordó una extensión en el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para la diáspora salvadoreña en Estados Unidos; y por supuesto, el presidente salvadoreño recibió un guiño por parte de la conducción política del país del norte, lo cual se ve reflejado en la ausencia de crítica desde el Pentágono hacia El Salvador. La importancia de contar con el apoyo salvadoreño en el tema migratorio, que volverá a estar en el centro de la contienda electoral en Estados Unidos, no es únicamente valorada por los republicanos. A pesar de la costumbre de la Casa Blanca de intervenir en los procesos electorales de otros países agumentando violaciones a la democracia, Biden declaró que las controversias en torno a la reelección de Bukele eran “un asunto interno”.

La crisis de la deuda y el proyecto bitcoin

El mayor reto para el gobierno de Bukele será la macroeconomía salvadoreña. El Salvador es el país más endeudado de Centroamérica: debe un equivalente al 73% de su Producto Interno Bruto³¹ y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sostuvo en 2023 que la deuda salvadoreña “se encuentra en una senda insostenible”. Los organismos internacionales se han vuelto cada vez más reticentes a otorgar créditos al país. En este escenario, Bukele ha encontrado alternativas crediticias en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la banca salvadoreña y el sistema nacional de pensiones. Pero con ello el problema únicamente se aplaza y la necesidad de obtener nuevos préstamos para refinanciar la deuda reducen el margen de acción del presidente.

Las posibilidades de negociación con los grandes organismos crediticios se han visto frustradas por la insistencia de Bukele de impulsar el bitcoin como moneda de curso legal en el país, en contra de las recomendaciones y condiciones expresadas por estos organismos. En efecto, El Salvador se convirtió en el primer país en usar esta criptomoneda como moneda de curso legal en septiembre de 2021. Debido a la inestabilidad de la misma, la Asamblea Legislativa admitió la creación de un fondo de 150 millones de dólares para subsidiar las diferencias de precios del bitcoin entre los momentos de compra y venta en transferencias de dinero.

Un mes después, Bukele anunció el plan para crear una Bitcoin City, una ciudadela de alta tecnología alimentada con la energía geotérmica del volcán Conchagua, que operaría exclusivamente con bitcoin y donde el único impuesto que pagarían sus habitantes (inversionistas) sería sobre el valor agregado de la criptomoneda. Para ello, el gobierno anunció la emisión de bonos por mil millones de dólares, llamados Bonos Volcán, que se utilizarían en un 50% para comprar criptoactivos y en otro 50% para erigir la ciudad. Estos títulos recibieron la aprobación de la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador el 11 de diciembre de 2023 y se esperaba el lanzamiento oficial del proyecto en el primer trimestre de 2024, sin embargo aún no ha sucedido.

El panorama no resulta muy alentador. La criptomoneda parecería una vía de desdolarización, pero tiene características problemáticas. Al menos hasta el presente, el bitcoin tiene una circulación descentralizada, es decir que no existe una entidad capaz de rastrear y trazar los intercambios financieros; asimismo, la emisión de esta moneda digital depende de un código madre y del poder energético y de procesamiento de los criptomineros. Instituciones como el FMI y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han señalado que se pueden manejar grandes flujos de dinero de manera subrepticia, lo que facilita operaciones de lavado de dinero, sin mencionar la rápida y amplia fluctuación en el valor de la criptomoneda, relacionada con la especulación financiera. Ello se ha visto reflejado en las pérdidas de las ganancias estimadas de las inversiones en bitcoin del gobierno de El Salvador. Se desconoce cuánto se ha invertido y cuánto se tiene, ya que esta información es confidencial; sin embargo, fuentes especializadas estimaron en octubre de 2023 que el país poseía unos 76.5 millones de dólares en bitcoin y que se había perdido —desde 2021— el 37% del valor de las inversiones por la volatilidad de la criptomoneda, equivalentes a 45 millones de dólares. Al 19 de marzo de 2024, empero, se calcula un rendimiento de esas inversiones del 11%.³²

La aceptación social del bitcoin tampoco ha sido alentadora: la aplicación Chivo Wallet mediante la cual el gobierno buscó incentivar el uso de la cripto, especialmente para envío de remesas, se utilizó por sólo 1.3% de la población.³³ Por otro lado, las compañías involucradas en el desarrollo de Chivo Wallet y en los Bonos Volcán han sido demandadas por incumplimiento de contratos y falsos reportes.³⁴ A pesar de las presiones contra la criptomoneda en medio de una crisis de deuda cada vez más profunda, Bukele no dio ningún indicio de abandonar su proyecto monetario.

A manera de conclusión

Los recientes resultados electorales en El Salvador no son una mera expresión de aprobación popular y democrática de la administración de un jefe de Estado. Bukele llegó a la reelección tras haber tomado y transformado órganos clave del Estado salvadoreño: una vez obtenida la mayoría en la Asamblea Legislativa, se destituyó sumariamente y sin seguir los protocolos normativos a las cabezas de los órganos máximos del Poder Judicial y a sus brazos territoriales, así como a la Fiscalía Nacional, sustituyéndolos por funcionarios afines a Bukele. En el curso de unos años, los poderes perdieron independencia y el Estado quedó en manos del Ejecutivo. Lo anterior no es una conclusión subjetiva: teóricamente siguen vigentes las instituciones que hacen posible la división e independencia de poderes, pero en la práctica es un hecho que la hegemonía del bukelismo define qué se hace y cuándo. La autoridad electoral bajó la cabeza y validó unos comicios que, inicialmente, estaban minados de irregularidades, prácticas antidemocráticas y violaciones a la Constitución.

Aunque esta investigación se enfoca en la estrategia oficialista de macro control político, queda en muchos sentidos abierta la interrogación sobre el declive de la oposición en El Salvador, casi borrada del mapa institucional. Hay, por supuesto, un descrédito generalizado hacia los partidos tradicionales que golpea con más fuerza a la izquierda salvadoreña, pero embates como el desfinanciamiento electoral y las reformas que reducen la representación de las minorías políticas, sin mencionar el uso de estrategias de seguridad y el lawfare como herramientas de persecución política, han contribuido a desmantelar y exiliar a la oposición salvadoreña.

No se debe desestimar la popularidad de Bukele para entender la coyuntura. En este escenario, resulta coherente aproximarse al ideario de que los salvadoreños priorizan la noción de seguridad por sobre la protección de la democracia multipartidaria y la independencia de poderes. Bukele parece estar satisfaciendo el congruente deseo de la población de sentirse seguros en su territorio, incluso si eso significa tener a un familiar preso en el marco de procesos penales viciados. La propuesta de Bukele para El Salvador está hecha en clave de grandeza: él es el orgulloso creador de “la cárcel más grande de toda América”; pero también es el impulsor de la biblioteca más grande de Latinoamérica.

La agenda pública del gobierno salvadoreño y su influyente programa comunicacional seducen a varios y disímiles perfiles políticos latinoamericanos. La estrategia bukelista está siendo exportada a otros países de la región con terrenos fértiles para su recepción como Ecuador o la Argentina. Es insoslayable señalar que el concepto de democracia está en riesgo —de acuerdo con la encuesta Latinobarómetro 2023, sólo el 43% de la población regional apoya la democracia: una caída del 15% en tan solo una década— y, por lo tanto, un paquete resultadista con distorsiones u omisiones jurídicas ocupa un campo más verosímil que la narrativa del Estado de derecho sin efectividad popular.

Los éxitos y fracasos del modelo bakelita están a la vista. La necesidad de crear nuevos campos de acción política para hacer frente a las tendencias autoritarias con modelos más humanistas que presenten resultados efectivos a la gente en América Latina, también.