La transición de poder en Colombia, prevista para el 7 de agosto, abre un panorama de incertidumbre sobre el diálogo con los grupos armados y el Acuerdo de Paz. Mientras el gobierno saliente de Petro apuesta por la “Paz Total”, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, propone el sometimiento a la ley y el fin de las negociaciones, generando tensiones y amplios debates jurídicos.

En este contexto, la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra cuatro exfuncionarios, entre ellos el exministro Iván Velásquez y el excomisionado Danilo Rueda, por sus acercamientos al Clan del Golfo. Rueda, que fue señalado por audios filtrados donde plantea frenar bombardeos y desescalar operaciones, ha defendido su gestión asegurando que actuó conforme a la ley y que solo fueron fases exploratorias sin cesar operaciones militares. Pese al avance de las investigaciones y al cambio de gestión, las delegaciones del Gobierno y del Clan del Golfo reafirmaron su voluntad de continuar el diálogo, aunque decidieron aplazar la Zona de Ubicación Temporal en Tierralta, Córdoba, argumentando que aún no cumple con las condiciones legales necesarias, una decisión que ha generado alertas entre quienes advierten que acabar con estos espacios sería un error que podría devolver a los combatientes a la violencia.

Por su parte, De la Espriella ha sido contundente al darles a los grupos armados un mes para organizar su sometimiento a la ley, descartando concesiones y calificando la convivencia del actual gobierno con el crimen como “asqueante”. En materia de narcotráfico, propone retomar la aspersión de cultivos, aunque sin glifosato y usando drones, una iniciativa que expertos consideran de difícil aplicación debido a filtros legales y técnicos. Finalmente, sobre el Acuerdo de Paz, el mandatario electo ha sido crítico y ha amenazado con tumbar la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), pero analistas advierten que enfrentará altos costos jurídicos, políticos e internacionales, dado que el pacto es un compromiso de Estado con blindajes constitucionales y respaldo de la comunidad internacional, dejando la incógnita de cómo conciliará sus promesas con las restricciones institucionales.