La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alcanzó el 100% de actas procesadas para la elección presidencial, consolidando a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en el primer lugar. El avance del conteo de actas regulares al 94% y la finalización de las actas pendientes sigue posicionando a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en el segundo puesto, logrando una distancia de casi 20 mil votos sobre Rafael López Aliaga (Renovación Popular), lo que perfila un balotaje entre el fujimorismo y la izquierda. Sin embargo, la ONPE dejó en manos de los Jurados Electorales Especiales la revisión de actas observadas, por lo que seguirá en suspenso la definición sobre quién enfrentará a Fujimori en el balotaje.

El proceso ha estado marcado por una profunda crisis institucional en los organismos electorales. Piero Corvetto renunció a la jefatura de la ONPE tras las denuncias de irregularidades el día de la jornada electoral, asumiendo de forma interina el gerente Bernardo Pachas. A pesar de que Pachas aseguró que continuaría con el cronograma y plan de trabajo de su predecesor, la desconfianza persiste; paralelamente, un fiscal ha ordenado un peritaje informático a todos los equipos utilizados por la ONPE para determinar si las deficiencias identificadas durante la votación en mesas electorales de Lima fueron parte de una supuesta “conspiración” destinada a afectar los resultados.

En este marco, uno de los puntos de mayor fricción política ha sido la propuesta de Rafael López Aliaga para realizar elecciones complementarias en Lima, argumentando que las fallas de la ONPE afectaron su votación. No obstante, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desestimó oficialmente esta convocatoria por carecer de sustento legal y constitucional, postura respaldada por expertos electorales y la Asociación Civil Transparencia, la cual exhortó a respetar el proceso para no atentar contra su legitimidad.

Entre los protagonistas de la disputa política, Roberto Sánchez rechazó las elecciones complementarias calificándolas como un «capricho» de Renovación Popular, mientras que Keiko Fujimori señaló que esperará las determinaciones finales del JNE. En contraste, Rafael López Aliaga ha radicalizado su discurso, no solo impulsando marchas por un supuesto fraude que han tenido escaso impacto en el interior del país, sino también lanzando amenazas directas contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, asegurando que lo perseguirá judicialmente “de por vida”.