Luego de la alarma inicial que motivó un estado de emergencia, el caso de los niños, niñas y adolescentes haitianos adquirió un tono de menor preocupación en el debate público: no hay menores desaparecidos, como en un primer momento se especuló. Las investigaciones apuntan a una serie de irregularidades de organismos del Estado.
El 15 de junio, la Fiscalía Nacional de Chile abrió una investigación de oficio “para analizar la posible comisión de delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana a territorio nacional”, en particular durante 2025. Después el gobierno informó que no hallaba a 64 menores; e incluso advirtió que podría ser un número mayor. Esta situación llevó a convocatorias de emergencia en reuniones de alto nivel en el palacio de La Moneda, primero sin y luego con participación del propio presidente Kast. Sin embargo, a los pocos días el panorama cambió.
El martes 23 de junio, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, informaron que todos los menores habían sido localizados y que estaban en buenas condiciones, incluso en su mayoría escolarizados.
A su vez, un informe de la Contraloría General fechado el 24 de junio señaló diversas irregularidades, a las que calificó globalmente como una falta de coordinación interinstitucional entre el Servicio de Migraciones, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez. Por esta razón, continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades que pueden caber a los funcionarios a cargo de esas actividades de acompañamiento y control.
En paralelo, el jueves 25 de junio la Fiscalía Centro Norte de Santiago informó sobre la prisión preventiva para dos ciudadanos haitianos “formalizados por asociación criminal, tráfico ilícito de migrantes agravado y lavado de activos”. De acuerdo a esta información, se acreditó que “los imputados forman parte de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes desde Haití pasando por República Dominicana hasta llegar a Chile, afectando a menores edad”. De todos modos, al menos hasta el momento no está confirmado que estos delitos se encuentren relacionados con el caso comentado previamente.
