El 29 de julio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado peruano que no aplique la ley de amnistía para las fuerzas del orden en los emblemáticos casos de Barrios Altos y La Cantuta. Esta exigencia buscaba garantizar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La presidenta Dina Boluarte respondió públicamente, manifestando una postura de rechazo y “defensa de la soberanía nacional”. Afirmó que «no permitiremos la intervención de la CIDH, que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia». Sus declaraciones enmarcaron la decisión de la Corte como un intento de injerencia en los asuntos internos del país.

Esta postura fue respaldada por otros miembros del Poder Ejecutivo. El ministro del Interior ignoró el pedido de la Corte, argumentando que los organismos internacionales «no nos pueden marcar la pauta, no nos pueden decir qué hacer». Esta declaración confirma que la confrontación con los organismos de derechos humanos es una política de gobierno de Boluarte, no una opinión aislada, y refleja la intención del gobierno de continuar con su intento de retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.