COSTA RICA: VICTORIA ELECTORAL Y CONSOLIDACIÓN DEL RODRIGUISMO

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COSTA RICA: VICTORIA ELECTORAL Y CONSOLIDACIÓN DEL RODRIGUISMO

El domingo 1 de febrero, Laura Fernández Delgado se impuso en primera vuelta en las elecciones generales de Costa Rica con el 48,3 por ciento de los votos válidos, superando con holgura el umbral constitucional del 40 por ciento requerido para evitar una segunda ronda. Con tan solo 39 años, Fernández es la segunda mujer —después de Laura Chinchilla— en alcanzar la presidencia del país y es la primera figura política en más de una década en ganar la presidencia en una sola jornada electoral.

En un contexto latinoamericano caracterizado por una alta volatilidad política, con estos resultados el rodriguismo —como ya se lo conoce al oficialismo costarricense— se suma a una serie de administraciones de derecha en la región —Nayib Bukele en El Salvador, Luis Abinader en República Dominicana, el Partido Colorado en Paraguay y Daniel Noboa en Ecuador— que han conseguido mantenerse en el poder, mostrando, aun con sus dificultades, respaldo social y una capacidad no menor para sostener y en ocasiones aumentar su capital político en las urnas.

Tras cuatro años desde la irrupción de Rodrigo Chaves, el oficialismo no solo logró dar continuidad a su proyecto para un nuevo período de gobierno (2026-2030), sino que además amplió su presencia parlamentaria. ¿Qué factores explican estos resultados, bajo qué ejes se articuló la campaña oficialista y cómo queda la correlación de fuerzas en el país centroamericano? En Traza Continental nos proponemos responder a estas preguntas.

ALTA PARTICIPACIÓN Y ADHESIÓN AL OFICIALISMO

Un total de 3,7 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar en la jornada del primero de febrero, tanto al presidente de la República como a los diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, órgano unicameral compuesto por 57 parlamentarios. De ese universo acudieron a las urnas cerca de 2,5 millones, alcanzando el 67 por ciento de participación, un nivel alineado con los estándares históricos del país desde comienzos del siglo XXI. No obstante, resulta significativo que en estas elecciones se revirtiera la tendencia descendente registrada desde 2018.

Si se compara la participación con la de las elecciones de 2022 —cuando la concurrencia en primera vuelta fue de apenas el 57 por ciento—, se observa un incremento de diez puntos porcentuales. Se trata de un aumento considerable en un contexto regional en el que, en términos generales, el descontento con la política y la abstención electoral han ido en aumento.

…acudieron a las urnas cerca de 2,5 millones, alcanzando el 67 por ciento de participación, un nivel alineado con los estándares históricos del país desde comienzos del siglo XXI. No obstante, resulta significativo que en estas elecciones se revirtiera la tendencia descendente registrada desde 2018.

En las elecciones de 2022, en un escenario de fuerte fragmentación del voto, Rodrigo Chaves logró ingresar al balotaje con menos del 17 por ciento de los sufragios, frente al poco más de 27 por ciento obtenido por el expresidente José María Figueres Olsen, representante de la estructura tradicional del Partido Liberación Nacional (PLN) e hijo de José Figueres Ferrer, fundador de la llamada Segunda República. En aquel entonces, la clave de la victoria de Chaves residió en la instrumentalización del voto útil —o voto rechazo—, que le permitió alcanzar casi el 53 por ciento de los votos en segunda vuelta.

En ese balotaje, Chaves se impuso con un millón 35 mil 388 votos. En estas elecciones, en cambio, Laura Fernández Delgado obtuvo en primera vuelta cerca de un millón 200 mil. Es decir, el rodriguismo no sólo logró fidelizar el caudal electoral que permitió a Chaves llegar al gobierno, sino que además atrajo a una parte significativa del nuevo electorado que se vio motivado a movilizarse y participar en estos comicios.

Dicho de otro modo, si el oficialismo había llegado al poder movilizando un voto de rechazo —es decir, un electorado fundamentalmente reactivo—, cuatro años después es posible inferir que una porción sustantiva de ese electorado se desplazó hacia posiciones de apoyo al gobierno y de adhesión política.

Mientras el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), con la candidatura de Laura Fernández Delgado, logró llegar a la contienda con una propuesta competitiva, el resto del sistema político mantuvo el alto nivel de fragmentación que ha caracterizado a la última década en el país centroamericano. En total, 20 candidaturas compitieron por la presidencia. Sin embargo, todos los estudios de opinión previos a la jornada coincidían en que al menos 14 aspirantes no superarían el 3 por ciento de intención de voto.

En segundo lugar quedó Álvaro Ramos, candidato del histórico PLN, con el 33,3 por ciento de los votos. Su desempeño resultó significativamente superior a las estimaciones de algunas encuestas que le atribuían alrededor del 10 por ciento semanas antes de la elección. El PLN logró captar la mayor parte del voto opositor, concentrando apoyos que inicialmente se encontraban dispersos entre múltiples candidaturas. El PLN fue, junto con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), uno de los pilares del bipartidismo costarricense durante gran parte del siglo XX, un sistema que, como veremos más adelante, terminó de erosionarse en 2014. En este contexto de desgaste estructural, la principal apuesta de Ramos se centró en reactivar la tradición liberacionista y reposicionar al partido como alternativa de gobierno y como principal fuerza de oposición parlamentaria. Y si bien no logró el triunfo, sumó un caudal de votos nada despreciable que evidencia la vigencia de su partido en una tercera parte del electorado.

Muy por debajo de los dos principales contendientes, en tercer lugar quedó Claudia Robles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), con apenas el 4,8 por ciento de los sufragios. En cuarto lugar se ubicó la centroizquierda del Frente Amplio, encabezada por Ariel Robles Barrantes, que obtuvo el 3,76 por ciento de los votos.

…si el oficialismo había llegado al poder movilizando un voto de rechazo —es decir, un electorado fundamentalmente reactivo—, cuatro años después es posible inferir que una porción sustantiva de ese electorado se desplazó hacia posiciones de apoyo al gobierno y de adhesión política.

LA CAMPAÑA

El debate electoral se desarrolló en un contexto particularmente sensible. En los últimos años, Costa Rica —que durante mucho tiempo fue uno de los países más seguros de la región— experimentó un marcado deterioro en sus indicadores de seguridad. A partir de 2022 se registró un fuerte incremento en la tasa de homicidios y, desde entonces, el país rompió año tras año sus propios récords históricos en materia de violencia, que pasó a convertirse en la principal preocupación social según todas las encuestas.

Sin embargo, pese a este escenario, el clivaje central —y eje estructurante de la campaña— no giró exclusivamente en torno a la seguridad, sino a la disyuntiva entre la continuidad o no del rumbo político inaugurado por el presidente saliente, Rodrigo Chaves, lo que responde a una condición histórica que analizaremos más adelante y a buenos resultados en materia económica por parte del gobierno. La legislación electoral costarricense prohíbe la reelección inmediata. En ese marco, Chaves —quien alcanzó niveles significativos de popularidad— impulsó como su sucesora política a Fernández, exministra de Economía y luego ministra de la Presidencia.

La apuesta resultó exitosa. Con una campaña centrada en la continuidad política, Fernández logró capitalizar la popularidad del rodriguismo. Al mismo tiempo, mantuvo dos ejes centrales del discurso oficialista: por un lado, el combate al sistema político tradicional; y, por otro, la promesa de enfrentar con firmeza el problema de la inseguridad.

Ambos fueron ejes consustanciales al gobierno de Rodrigo Chaves. “No le entregue las llaves a los mismos de siempre” fue uno de los lemas centrales de su campaña en 2022 y, ya en el ejercicio del poder, bajo la etiqueta de “casta”, pasó a señalar a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial —instituciones con las que mantuvo fuertes enfrentamientos— como los principales obstáculos para la implementación de varias de las reformas impulsadas por su administración.

Al mismo tiempo, sostuvo reiterados guiños al llamado “modelo Bukele”, en referencia al sistema implementado por el salvadoreño, a quien en 2024 el propio Chaves otorgó la condecoración de la Orden Juan Mora Fernández, la máxima distinción diplomática que concede Costa Rica. Esa aproximación se acompañó de un contraste explícito con lo que calificó como políticas “garantistas” vigentes en el país, a las que responsabilizó por limitar la eficacia del Estado en materia de seguridad.

Con una campaña centrada en la continuidad política, Fernández logró capitalizar la popularidad del rodriguismo. Al mismo tiempo, mantuvo dos ejes centrales del discurso oficialista: por un lado, el combate al sistema político tradicional; y, por otro, la promesa de enfrentar con firmeza el problema de la inseguridad.

De este modo, la campaña de Laura Fernández Delgado se basó tanto en la continuidad del proyecto de gobierno como en la promesa de implementar políticas de “mano dura” frente a la inseguridad, incluyendo la construcción de nuevas cárceles, la ampliación de los poderes policiales para enfrentar la delincuencia, así como detenciones administrativas y prisión preventiva inmediata sin orden judicial previa. A eso habría que añadir un tercer elemento: la promesa de lograr esta agenda a través de la obtención de la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, en detrimento de la “casta” que, según el oficialismo, había limitado al actual gobierno en la aplicación de reformas políticas y económicas.

COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

El resultado presidencial estuvo acompañado por una reconfiguración sustantiva del mapa legislativo. De los 57 escaños de la Asamblea, el oficialista PPSO obtuvo 31 legisladores, el PLN pasó a tener 17, el Frente Amplio logró 7, la CAC obtuvo 1 y el PUSC uno.

El salto del PPSO es particularmente significativo: pasó de 10 diputados a 31, alcanzando mayoría simple —se requieren 29 escaños para obtenerla— y quedando a siete bancas de la mayoría calificada que habilitaría reformas constitucionales y le permitiría al gobierno avanzar en cambios estructurales profundos.

Con estos resultados, la bancada del PPSO se convierte en el grupo parlamentario oficialista más grande desde 1982 y le otorga al Ejecutivo una posición de fortaleza institucional inédita para una fuerza política relativamente nueva, aunque lo obliga a negociar con otros partidos para proyectos que requieran mayoría calificada.

HACIA LA TERCERA REPÚBLICA

Con una victoria en primera vuelta, aumento de la participación electoral y mayoría simple en la Asamblea Legislativa, el oficialismo inicia el nuevo ciclo político con una estructura de poder significativamente más robusta que la que tuvo al comienzo del período anterior.

En su primer mensaje tras la victoria, Fernández afirmó que “Costa Rica ha votado por la continuidad del cambio” y prometió presidir un gobierno de “diálogo y concordia nacional, respetuoso y firme del estado de derecho”. Insistió en que el “cambio será profundo e irreversible” y planteó la ambición de “construir la Tercera República”, en referencia a la Segunda República fundada en 1948, a la que calificó como parte del pasado que se necesita superar.

La propuesta de construcción de una “Tercera República” es presentada por el oficialismo como un mandato “contra la corrupción, la demagogia y la ineficiencia”, que busca una mayor concentración del poder en el Ejecutivo para implementar reformas en materia de seguridad, economía y lucha contra la corrupción, así como un alineamiento más estrecho con Washington, dejando de lado las tradicionales políticas de “equilibrio” en política exterior que habían caracterizado a Costa Rica durante las últimas décadas.

Fernández asumirá formalmente la presidencia el 8 de mayo de 2026, con un programa que combina continuidad en las políticas económicas de ajuste y reducción estatal con una agenda de endurecimiento en materia de seguridad.

Mientras tanto, la gran incógnita es cuál será el rol de Rodrigo Chaves en la nueva etapa política que se abre en el país centroamericano. Indudablemente, se trata del “hombre fuerte” del proyecto político. En reiteradas oportunidades, Fernández ha hecho pública su intención de mantener “las puertas abiertas” para que ocupe un cargo ministerial de relevancia, si así lo decidiera el propio Chaves. No obstante, aún no está claro cuál será su papel dentro del nuevo gobierno —en caso de asumir alguna función institucional— ni cómo se configurará su vínculo con la presidencia de Fernández.

Pero, ¿cómo se explican estos resultados y la consolidación de esta fuerza? La respuesta podemos hallarla en dos dimensiones: un desgaste del sistema que dominó el país desde la segunda mitad del siglo XX, aunado a la decepción que significaron las alternativas que prometieron superarlo; y el apoyo de la sociedad a un proyecto que ha logrado dar resultados en aspectos centrales para la vida de la gente.

EL OCASO DE LOS DIOSES

—Vea, leí recientemente en una red social que sin Pilar Cisneros no existirían Rodrigo Chaves ni Laura Fernández. ¿Usted acepta esa afirmación, doña Pilar?
—No.
—¿Por qué?
—Porque yo creo que mi labor, sobre todo al inicio, fue simplemente encender los reflectores. Pero si a la gente, una vez encendidos esos reflectores, no le gustaba el candidato, no iba a prosperar.

La respuesta, tajante y enunciada con cierta elocuencia, deja en claro el papel de precursora del movimiento de Pilar Cisneros, periodista de profesión y hoy jefa del bloque oficialista en la Asamblea. Bautizada por amplios sectores del espectro político costarricense como “la arquitecta del rodriguismo”, la imagen elaborada en una de sus primeras entrevistas tras las elecciones ofrece pistas para esbozar una clave interpretativa del fenómeno oficialista.

¿Cómo fue posible que una figura y un programa que, a simple vista, parecían tan distantes de la cultura política costarricense, lograran prosperar de esta manera? ¿Qué ocurrió en la sociedad para que las preferencias de las mayorías se desplazaran hacia “nuevas” expresiones políticas como las que encarna esta derecha centroamericana? ¿Qué fue lo que encendió los reflectores para que la gente viera al rodriguismo como una opción para gobernar dos veces consecutivas su país?

El ascenso del movimiento oficialista puede comprenderse a partir de dos tiempos. Un primer momento se inscribe en la larga crisis del “excepcionalismo” costarricense, marcada por la progresiva erosión del Estado de bienestar, así como de los imaginarios y consensos construidos a su alrededor. Un segundo momento se ubica en los estrepitosos fracasos que siguieron a los intentos de encauzar esa crisis hacia una alternativa “progresista”; un desmoronamiento que permitió que discursos conservadores y de tinte neoliberal, hasta entonces relegados a los márgenes, se consolidaran como una opción social y políticamente viable al ir empatando cada vez más con las preocupaciones de las mayorías.

De este modo, el rodriguismo no surge como una anomalía súbita, como un rayo que cae del cielo sereno, ni como un simple giro electoral coyuntural capitalizado por una hábil ingeniería comunicacional. Más bien, es producto de una doble implosión, cuyos efectos generaron las condiciones de posibilidad tanto para su surgimiento como para su posterior estabilización.

…el rodriguismo no surge como una anomalía súbita, como un rayo que cae del cielo sereno, ni como un simple giro electoral coyuntural capitalizado por una hábil ingeniería comunicacional. Más bien, es producto de una doble implosión…

MOMENTO UNO: LA CRISIS DEL EXCEPCIONALISMO COSTARRICENSE

Durante décadas, Costa Rica fue vista como una rara avis en Centroamérica: una democracia estable, sostenida por un bipartidismo funcional entre el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. La ausencia de fuerzas armadas, los bajos índices de violencia y una movilidad social ascendente garantizada por un Estado social amplio —basado en educación, salud y seguridad social— alimentaron la idea de un “excepcionalismo” costarricense.

Ese excepcionalismo se asentaba en la arquitectura institucional de la Segunda República, instaurada tras la guerra civil de 1948. El conflicto, uno de los episodios más traumáticos de la historia nacional, fue precedido por las reformas impulsadas en la década de 1940 por Rafael Ángel Calderón Guardia, en alianza con la Iglesia católica y el Partido Comunista (Vanguardia Popular): el Código de Trabajo, las Garantías Sociales, la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social sentaron las bases del Estado benefactor, pero también agudizaron la polarización que desembocó en la confrontación armada.

Tras su victoria, José Figueres Ferrer encabezó la fundación de la Segunda República incorporando buena parte de esas demandas sociales, aunque bajo un nuevo pacto que excluía a la izquierda. La nacionalización bancaria, la creación del Instituto Costarricense de Electricidad y, sobre todo, la abolición del ejército consolidaron un proyecto nacional-desarrollista que reapropiaba las banderas reformistas bajo la consigna de “Progreso sin comunismo”, afirmando así una democracia que se definía también por la exclusión de ese “otro”.

Con la centralización de sectores estratégicos y la planificación estatal, Costa Rica impulsó entre 1950 y 1980 un modelo de industrialización por sustitución de importaciones que promovió crecimiento económico, empleo y cierta autonomía respecto de la dependencia primaria. La estabilidad política reforzó ese ciclo virtuoso, consolidando la imagen de una democracia próspera y pacífica en un entorno regional convulso.

Sin embargo, a comienzos de la década de 1980 el modelo mostró signos de agotamiento: el mercado interno se saturó, la industria carecía de competitividad internacional y el país recurrió al endeudamiento externo para sostener el esquema vigente. La posterior crisis de la deuda dio paso a ajustes estructurales —apertura comercial, disciplina fiscal y reestructuración del aparato estatal— que fueron erosionando las bases materiales y políticas del Estado de bienestar.

…a comienzos de la década de 1980 el modelo mostró signos de agotamiento: el mercado interno se saturó, la industria carecía de competitividad internacional y el país recurrió al endeudamiento externo para sostener el esquema vigente.

MOMENTO DOS: PROMESAS INCUMPLIDAS

A inicios de la década de 2000, Costa Rica había logrado estabilizar su macroeconomía, pero a un costo elevado: contracción del Estado social, deterioro de los servicios públicos, pobreza estancada en torno al 20–23 por ciento y una desigualdad en ascenso. Ese desgaste, unido al impacto de los escándalos de corrupción protagonizados incluso por expresidentes del PLN y el PUSC, terminó por socavar la legitimidad de las élites tradicionales.

La consecuencia fue tanto material como simbólica: la sensación de caída desde el país de los “igualiticos” hacia una realidad marcada por la precariedad y la fragmentación. El “excepcionalismo” dejó de operar como horizonte compartido y dio paso a un malestar transversal contra el bipartidismo del PLN y el PUSC, así como contra instituciones percibidas como distantes o capturadas por el privilegio.

En ese contexto emergió en 2000 el Partido Acción Ciudadana (PAC). Más que una ruptura con las narrativas y tradiciones políticas del bipartidismo, representó una respuesta ética a su desgaste: una apuesta por la regeneración institucional que combinaba un discurso anticorrupción con el rescate de la “sensibilidad socialdemócrata moderada” de la cultura política tradicional. En 2002, obtuvo un 26 por ciento de los votos y quebró el bipartidismo “puro” al forzar, por primera vez, una segunda vuelta electoral.

En 2014, tras años de giro hacia políticas de corte neoliberal y nuevos escándalos que alcanzaron incluso a expresidentes del PLN y del PUSC, el candidato del PAC, Luis Guillermo Solís Rivera, capitalizó el malestar acumulado y logró casi el 78 por ciento de los votos en segunda vuelta. El partido llegaba al poder con un claro mandato popular: generar transformaciones profundas. Sin embargo, las limitaciones estructurales —fragmentación legislativa, deuda creciente, déficit fiscal y un aparato estatal debilitado— frustraron rápidamente esas expectativas.

Pocas experiencias en la política costarricense han sido tan vertiginosas como la del PAC. Apenas ocho años después de aquel triunfo abrumador y tras dos mandatos consecutivos, el partido sufrió en 2022 una derrota estrepitosa: obtuvo tan solo el 0,66 por ciento de los votos y perdió la totalidad de sus escaños en la Asamblea Legislativa. La fuerza que había encarnado la promesa de regeneración institucional quedó reducida a una presencia marginal.

La promesa de combatir la corrupción del bipartidismo terminó erosionada por escándalos propios y por una gestión asociada a ajustes y recortes en un contexto de estancamiento económico, configurando un progresismo sin mejoras materiales visibles. La distancia entre expectativas y resultados aceleró el desgaste.

En paralelo, comenzaron a ganar centralidad discursos antimigrantes y conservadores. En 2018, grupos autoconvocados intentaron expulsar violentamente a la comunidad nicaragüense del parque La Merced, en San José, bajo la consigna de “recuperar” el espacio público. Ese mismo clima atravesó la campaña electoral, marcada por la reacción frente a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario —que conminaba a Costa Rica a garantizarlo— y por el ascenso del predicador evangélico Fabricio Alvarado Muñoz, quien lideró la primera vuelta articulando un “bloque provida” contra la llamada “ideología de género”.

Desgastado y prácticamente sin iniciativa propia, el gobierno de Alvarado recibió lo que terminaría siendo el corolario del hundimiento del partido y del gobierno: la crisis del coronavirus. Mientras todos los problemas se agravaron, la promesa de “nueva política” quedó completamente diluida como un viejo eslogan. Arrinconado social, económica y culturalmente, el hundimiento del PAC fue una crisis para todo el régimen político. Limitado a administrar la crisis, el PAC no logró —ni se propuso— articular un nuevo bloque histórico capaz de sustituir al viejo pacto social, quedando así asociado a ineficacia tecnocrática y a una agenda percibida como desconectada de urgencias materiales.

UNA ALTERNATIVA CON BUENOS RESULTADOS

Fue en ese terreno fértil para el desencanto donde irrumpió Rodrigo Chaves: un completo desconocido para la mayoría de la población, que había vivido alrededor de 36 años fuera del país, con un perfil tecnocrático y prácticamente sin trayectoria política. Fue sobre su figura que Pilar Cisneros encendió los reflectores.

Su propuesta no consistió en restaurar el excepcionalismo clásico ni en profundizar la agenda progresista, sino en denunciar a ambos como parte del mismo entramado fallido. Su discurso plantea hasta hoy que tanto las élites tradicionales como el progresismo institucionalizado conforman una “casta” responsable de la decadencia nacional.

Para 2022, con la virtual implosión de los tres principales partidos del país, casi todas las encuestas nacionales mostraban que el gran ganador era el grupo de los indecisos y sin afiliación partidaria, mientras que, según una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, el 73 por ciento de los entrevistados no se identificaba con ninguno de los dos candidatos que disputarían la segunda ronda.

Con 25 candidaturas presidenciales —la oferta electoral más atomizada en la historia—, Chaves logró llegar a la segunda vuelta casi como si se tratara de una carambola. Con apenas el 16 por ciento de los votos, quedó en segundo lugar, detrás del PLN, que había obtenido el 29 por ciento.

El profundo rechazo al “sistema político tradicional”, capitalizado bajo su lema de “no votes a los mismos de siempre”, su capacidad para conectar con el electorado conservador —con una retórica contra la “ideología de género”— y sus guiños hacia los movimientos de rechazo a la migración le permitieron imponerse en la segunda vuelta.

A pesar de contar con una minoría parlamentaria, lo que prácticamente le impidió impulsar varias de sus reformas, su victoria abrió las puertas a la paulatina construcción de una nueva mayoría social y un gobierno que arrojó resultados en aspectos clave para la población como reducción de la pobreza, empleo, salario mínimo, inflación, crecimiento económico y reducción de la desigualdad.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al inicio del gobierno en 2022 la pobreza afectaba al 26,4 por ciento de los hogares, mientras que para 2025 la cifra se redujo al 15,2 por ciento, el nivel más bajo en los últimos 15 años. En cuanto a la pobreza extrema en hogares, esta pasó del 6,4 por ciento en 2022 al 3,8 por ciento en 2025. Ese año, cerró con una tasa de desempleo del 6,3 por ciento, una reducción considerable en comparación con los niveles de 2022 que fueron del 11,7 por ciento, y con los niveles de inflación más bajos en la última década, llegando al -1,23 por ciento en 2025, con una reducción de más de ocho puntos si se compara con 2022. Además, el gobierno de Chaves mantuvo el salario mínimo de Costa Rica como uno de los más altos de América Latina, con aumentos sostenidos cada año, y el país creció económicamente durante su gestión entre el cuatro y el cinco por ciento del PIB. En cuanto a la desigualdad, desde 2022 hubo una tendencia constante hacia la baja, según datos del Banco Mundial, ubicándose para 2025 con un coeficiente de Gini de 0,488, el mejor registrado en las últimas dos décadas.

Luego de cuatro años de gestión, el gobierno de Chaves pudo articular un nuevo proyecto que combina superación del pasado, confrontación con la “casta” política tradicional y buenos resultados en aspectos centrales para la economía de la gente.

La reciente victoria de Laura Fernández —quien posee un perfil más ideológico y menos tecnocrático— es la expresión de respaldo a un proyecto que ha logrado capitalizar y dar respuesta a los anhelos de cambio que se habían visto frustrados durante años y constituye también un voto de confianza a una gestión que busca abrir una nueva etapa en la historia de Costa Rica. Estará por verse si la llamada Tercera República logra consolidarse o si sufre del mismo destino que las otras propuestas alternativas a los partidos tradicionales.