En la madrugada del miércoles 25 de febrero, fuerzas guardacostas de Cuba detectaron una lancha rápida con matrícula de Florida (EE.UU.) que navegaba ilegalmente en aguas territoriales del país. Cuando las autoridades se aproximaron y exigieron su identificación, los ocupantes abrieron fuego, lo que desencadenó un enfrentamiento en el que cuatro personas a bordo murieron y otras seis resultaron heridas y posteriormente capturadas. Asimismo, el comandante del grupo de guardacostas cubano resultó herido.

Según la información disponible, al menos uno de los fallecidos y uno de los detenidos son ciudadanos estadounidenses. Además, dos de los ocupantes figuraban en la lista de terroristas que Cuba presentó en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU. La embarcación fue localizada aproximadamente a una milla náutica al noreste del canal El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara.

Las autoridades cubanas señalaron que la lancha, registrada con la matrícula FL7726SH en Florida, formaba parte de una operación que inicialmente involucraba dos embarcaciones que partieron desde Cayo Marathon. Una de ellas, sin embargo, sufrió fallas técnicas, por lo que sus ocupantes se trasladaron a la otra antes de continuar la travesía hacia Cuba.

Según declaraciones preliminares de los detenidos, el grupo pretendía ejecutar acciones violentas en territorio cubano, y varios de los implicados cuentan con antecedentes de actividades delictivas.

Durante la inspección se decomisó un amplio arsenal: fusiles de asalto de distintos calibres, fusiles tipo AR-15, una escopeta Winchester, un fusil Delta y once pistolas —una de ellas con capacidad para perforar chalecos antibalas—, además de 134 cargadores y 12.846 municiones de calibres 5.56×45 mm y 7.62 mm. Asimismo, se ocuparon cócteles molotov, un dron con dos cámaras, equipos de comunicación, dispositivos de visión nocturna, cuchillos de comando, uniformes de camuflaje, chalecos antibalas y otros medios logísticos.

El coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado en delitos contra la Seguridad del Estado, indicó que entre los involucrados se encuentra Amijail Sánchez González, previamente incluido en la lista nacional de personas asociadas al terrorismo. También señaló como presunta autora intelectual a Maritza Lugo Fernández, residente en Estados Unidos y promotora del llamado movimiento 30 de Noviembre.

En una conferencia de prensa, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, calificó la incursión como un intento deliberado de infiltración terrorista y afirmó que no puede entenderse como un hecho aislado. Recordó que, durante más de seis décadas, Cuba ha denunciado agresiones y actos terroristas organizados principalmente desde territorio estadounidense.

Asimismo, aseguró que, desde el primer momento en que se detectó que la embarcación provenía de Estados Unidos, las autoridades cubanas mantuvieron comunicación con sus homólogos de ese país, incluidos el Departamento de Estado y la Guardia Costera, para informar sobre el incidente.

El Gobierno cubano expresó su disposición a intercambiar información con Washington para esclarecer lo sucedido y afirmó que las autoridades estadounidenses mostraron voluntad de cooperar. El suceso ocurre en un contexto de marcada tensión bilateral. A su vez, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que Washington está recopilando información sobre lo ocurrido.